Por Arthur González.
El 26 de junio 2018, el Departamento de Estado emitió un comunicado “preocupado” por dos cubanos detenidos, e instó a las autoridades de la Isla a ponerlos en libertad, porque Amnistía Internacional, su ONG preferida y apoyada financieramente, los declaró “prisioneros de conciencia”, algo que jamás hizo con el puertorriqueño Oscar López, preso por 36 años en cárceles norteamericanas solo por tener ideas independentistas.
El actual comunicado y las declaraciones de Heather Nauert, vocera de ese Departamento, hizo recordar una solicitud similar de hace pocos años, efectuada por Roberta Jacobson, cuando era subsecretaria para el hemisferio occidental, para que Cuba pusiera en libertad a Sonia Garro, detenida y acusada por intento de homicidio junto a su esposo, por haber lanzado cocteles Molotov y tubos de pantalla de viejos televisores, contra oficiales de la policía, a la que calificó como “pacífica disidente”.
Cuando diplomáticos yanquis y oficiales de la CIA destacados en su embajada en La Habana, comprobaron que ambos eran puros delincuentes, se acabó de inmediato la reclamación, más nunca hablaron de ella y pasó al olvido como muchos de esos mal calificados “opositores”.
La más reciente rabieta del Departamento de Estado es a favor de Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola, a quienes declaran como “opositores pacíficos”, detenidos de forma “arbitraria”.
Sin embargo, el Departamento de Estado no se pronuncia con esa “profunda preocupación”, por los mapuches detenidos en Chile, ni por los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa hace casi dos años, como tampoco emitió comunicados por el vil asesinato de la guatemalteca Claudia Patricia Gómez González, de 20 años de edad, cuando intentaba, el pasado sábado 23 de mayo de 2018, emigrar a los Estados Unidos para obtener trabajo y poder ayudar a su familia. La joven fue asesinada por un oficial de la patrulla fronteriza.
Tampoco Mike Pompeo hace declaraciones de condena al presidente Donald Trump, por aplicar métodos nazistas al separar a padres e hijos menores de ciudadanos latinoamericanos que ingresan en su territorio, algo que el inmaduro Presidente copió de los alemanes, que hacían lo mismo con los judíos.
Cardet, médico de profesión, es sostenido financieramente desde Estados Unidos, y recibe orientaciones para ejecutar acciones provocativas en un idílico intento por copiar las revueltas callejeras ejecutadas en Venezuela y Nicaragua.
Silencio total hace el Departamento de Estado respecto a la muerte a tiros disparados por oficiales del ejército israelí, sobre la médica voluntaria de 21 años, Razan al-Najar, mientras corría hacia la cerca fronteriza, al este de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, para socorrer a un herido palestino víctima de las masacres que lleva a cabo el gobierno de Israel.
Ante esos asesinatos, Estados Unidos debería estar profundamente preocupado y exhortar a los aliados y a los oficiales de su guardia fronteriza con México, para que cesen las represalias y abusos contra indefensos emigrantes, los ciudadanos palestinos y sobre el personal civil que atiende a los enfermos y heridos causados por las balas de sus aliados.
En vez de continuar con sus campañas de mentiras fabricadas contra Cuba, el gobierno de Estados Unidos tiene que mirar hacia su propio pueblo y buscar soluciones definitivas para acabar con la pobreza que crece por días, y la falta de un sistema de salud que cubra las necesidades de su población, la que se ve obligada a gastar cientos de dólares para pagar costosos seguros médicos que no asumen todos los tratamientos, como los del cáncer, otras patologías y operaciones complejas.
Un estudio realizado por el Institute for Policy Studies, conjuntamente con el Kairos Center, publicado el 29 de abril de 2018, reporta la realidad en que viven más de 40,6 millones de estadounidenses, fundamentalmente en los estados del sur, considerados por debajo de la línea de la pobreza. Según el indicador establecido por el gobierno yanqui, esas personas no tienen ingresos suficientes para satisfacer todas sus necesidades, especialmente las alimentarias.
El gobierno de Estados Unidos antes de acusar a Cuba tiene que resolver esa pobreza, principalmente en 25 estados sureños, donde existen leyes que prohíben aumentar el salario mínimo de 7,25 la hora, con el cual no se puede tener un seguro médico, alimentar a la familia, vestirla, calzarla, asumir el costo del alquiler de un simple apartamento de dos cuartos, más la electricidad.
Para Cuba también es una gran preocupación que la población de Estados Unidos no disponga de un sistema de salud al alcance de todos, con el que se evitarían miles de muertes especialmente de niños y ancianos.
Estados Unidos tiene que dejar de fabricar y financiar “disidentes” y cruzadas propagandísticas, al carecer de moral para acusar a Cuba, la cual es reconocida por organismos de Naciones Unidas, como un paradigma de atención y cuidado de su población.
Por eso decía José Martí:
“Con los ejemplos sucede que es más fácil censurarlos, que seguirlos”
El Heraldo Cubano 