Acusar falsamente es un delito


Por Arthur González.

Los enemigos de Cuba llevan años acusando y calumniando a sus funcionarios y entidades, por el odio que sienten contra la Revolución, pero al hacerlo cometen un delito por el que pueden ser sancionados, como hacen otros países.

Las leyes son para respetar y aquellos que no lo hacen se exponen a ser sancionados, como es el caso de ex comisario español José Manuel Villarejo Pérez, a quien la fiscalía provincial de Madrid le pide 2 años de prisión, por los delitos de calumnias y denuncia falsa, contra el director del Centro Nacional de Inteligencia.

En Cuba, muchos de los que reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, acusan, difaman y calumnian a las autoridades, como parte de la guerra mediática que desatan los yanquis desde 1959, pero se exponen a que la justicia los sancione, tal como hacen los tribunales españoles.

Entre los asalariados cubanos están Yoani Sánchez y Rosa María Payá Acevedo, ambas apoyadas fuertemente por miembros de la mafia terrorista anticubana de Miami, las que acumulan una larga lista de acusaciones falsas y calumnias que podrían conducirlas a la cárcel.

¿Quién no conoce que Yoani, siendo una emigrada en España, fue reclutada por el terrorista agente CIA y prófugo de la justicia cubana, Carlos Alberto Montaner, para el proyecto del blog Generación Y, con la finalidad de captar a jóvenes y ejecutar acciones subversivas contra la Revolución?

La lista de mentiras y acusaciones falsas que ha dicho la “bloguera” es amplia, sin embargo, nunca ha sido procesada por sus delitos.

Similar situación es la de Rosa María Payá, quien, sin una sola prueba legal, acusa a las autoridades cubanas de ser causantes del accidente de tránsito donde murió su padre, cuando repartía dinero enviado desde Madrid por Esperanza Aguirre, para acciones provocativas contra el gobierno.  Tal acusación no fue admitida en los tribunales españoles por falta de pruebas, pero los yanquis le pagan para que continúe con sus mentiras, a fin de crear una matriz de opinión negativa contra Cuba.

Ahora parece que Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, no conocen la verdad y salieron a defender a Yoani Sánchez, ante una supuesta campaña de desprestigio hacia ella por parte del gobierno.

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Filtran documentos que prueban complot del Reino Unido contra Rusia.


Por Arthur González.

Sin el menor respeto por los derechos humanos y en demostración de hasta dónde son capaces de llegar quienes no admiten posiciones soberanas de otros países, se plasma en una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres, Foreign Office, la cual revela planes subversivos para contrarrestar la llamada “desinformación y propaganda” de Rusia hacia su propio pueblo y de Europa, documento secreto divulgado por el grupo de hackers Anonymous, en estos días de febrero 2021.

Ese complot forjado por la inteligencia británica no es novedoso, pues nunca han dejado de atacar a Rusia, a la que consideran como su rival más temible y por eso destinan presupuestos millonarios para lograr ensuciar la imagen de Moscú y a su líder Vladimir Putin.

Los documentos filtrados por informáticos del grupo de Anonymous, ponen al descubierto planes secretos donde se comprueba la obstinación del Gobierno del Reino Unido por socavar la estabilidad interna de Rusia, específicamente en los casos de los fabricados envenenamientos de los Skripal y de Alexei Navalni, con el objetivo de satanizar a la administración Putin y preparar el escenario para incrementar las sanciones en su contra, por Estados Unidos y la Unión Europea, las que buscan crear malestar en la ciudadanía, especialmente los jóvenes y que estos salgan a las calles a derrocar al actual gobierno, mediante el llamado Golpe Suave.

Esas informaciones exponen que el tema del envenenamiento de Navalni es falso y solo fue el pretexto construido para atacar a Moscú y justificar más sanciones.

Los informes revelados afirman que compañías del Reino Unido, tras las que se esconden los servicios de inteligencia británicos, admiten que son responsables de las recientes protestas contra Moscú, organizadas a través de Telegram, prueba de lo que hacen aquellos que se dicen “preocupados por los derechos humanos”.

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Los límites de la libertad de expresión los determina el sistema político.


Por Arthur González.

No hay dudas, el término libertad de expresión lo establece el sistema político que tenga el país, algo puesto de manifiesto en estos días con la detención y condena a cinco años de cárcel, del rapero catalán Pablo Hasel, acusado de “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la monarquía y a las instituciones del Estado”.

Ante los masivos reclamos populares, quienes defienden el sistema capitalista a ultranza, afirman que Hasel tiene antecedentes penales por otros delitos, algo que el tribunal tomó en cuenta, pero cuando Cuba, Venezuela o Irán enjuician a personas que violan las leyes, bajo el ropaje fabricado de “opositores”, pero financiados por los yanquis, entonces si hay violaciones a los derechos humanos y de inmediato los organismos internacionales les acusan y sancionan.

Hasta la fecha el Parlamento Europeo no se ha reunido para analizar y condenar a España por la detención del rapero catalán, situación bien diferente a la asumida cuando el delincuente cubano José Daniel Ferrer, al servicio de Estados Unidos, secuestró, golpeó y amenazó a varias personas. En ese caso, rápidamente se movilizaron los lacayos de Washington para condenar a Cuba, con una sarta de mentiras para satanizar a la Revolución y sus históricas patrañas.

Para Cuba la mal traída libertad de expresión no tiene límites, cualquier “opositor” puede realizar falsas acusaciones y ofender a altos funcionarios del gobierno, aunque sus actos sean considerados delitos recogidos en el código penal vigente.

Cuando en octubre del 2019 José Daniel Ferrer fue detenido por las acusaciones mencionadas, nadie en Europa o en los Estados Unidos lo calificó de delincuente, como hacen ahora en España con el rapero catalán, a pesar de que son múltiples los delitos comunes que acumula el cubano, sustentado por declaraciones de varios testigos que lo acusan de agresiones y chantajes.

Para los parlamentarios europeos él es una “victima” del régimen comunista, como se refleja en la resolución aprobada 28 de noviembre de 2019, (2019/2929(RSP)), la cual está plagada de falsedades inventadas por los yanquis, entre ellas:

Ser detenido arbitrariamente sin cargos”. “Encarcelado, acosado e intimidado durante más de una década debido a su activismo político pacífico”. “Ser torturado y recibir malos tratos, estando en peligro su vida durante la detención y negársele una debida atención médica”. “Tener un crítico estado de salud y pérdida de peso corporal a consecuencias de su huelga de hambre”.

Ante estas mentiras, la susodicha resolución en demostración de su injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, “solicitó con urgencia a las autoridades cubanas su liberación inmediata; que se le permita acceder a un abogado de su elección, ponerse en contacto con su familia y tener acceso a toda la documentación relacionada con su detención y los motivos en los que esta se basa”.

Además, sin prueba legal alguna, la resolución acusa a Cuba de “tortúralo y darle malos tratos, los que José Daniel Ferrer denunció haber sufrido; les recuerda a las autoridades cubanas que tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, prestarle atención médica, garantizarle alimentos y agua en buenas condiciones de higiene”.

Cuba expuso por la TV grabaciones de José Daniel auto agrediéndose, reunido con sus familiares y la entrega de alimentos por estos durante las visitas, comprobándose su excelente estado de salud y peso corporal, al estar sin camisa, desmontando todas las mentiras.

Este “disidente”, fabricado a la medida de los yanquis, no es un delincuente primario, su expediente de actos violatorios de la ley es amplio y si está en libertad es porque el gobierno cubano no caerá en el juego que pretende hacer Estados Unidos, para una vez detenido victimizar al criminal, algo de lo que Cuba acumula suficientes experiencias.

El tratamiento de España al rapero catalán, no tiene que enfrentarse a las campañas mediáticas, ni a sanciones de organismos internacionales. Contra ese país no existe un Observatorio de los Derechos humanos, como el que radica en Madrid solo para Cuba; el Departamento de Estado yanqui ni se da por enterado del caso y la embajada de Washington no se inmiscuye en los asuntos internos españoles. Guarda silencio, lo mismo que cuando los independentistas catalanes fueron sancionados por delitos comunes, cuando realmente son presos políticos.

Para los que se enfrentan al sistema capitalista y a la monarquía, no existe el derecho a pensar libremente, ni se les tolera una sola acción. Ahí la Iglesia Católica mira hacia otro lado y no es capaz de criticar las violaciones a los derechos humanos.

Ante el encarcelamiento de Hasel, tampoco se escuchan los reclamos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, diputado del Partido Popular y varios eurodiputados como Joseph Borrell y Leopoldo López Gil, quienes son los primeros en condenar a Cuba, Venezuela, y a Rusia por el juicio contra Navalni, el bloguero al servicio de occidente. 

A Hasel lo acusan por afirmar entre otras cosas: “Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo”.

Ferrer, que acusa falsamente al gobierno cubano de ser torturado, acosado y maltratado, es un simple “disidente”, lo mismo que el ruso Navalni, quien alega haber sido víctima de un “envenenamiento”.

La diferencia radica en que José Daniel Ferrer recibe anualmente cerca de 100 mil dólares, asignados por el Departamento de Estado para “el avance de la democracia y los derechos humanos en la Isla”, mientras Pablo Hasel es un artista independiente con dignidad, pero sin recursos monetarios ni Organizaciones No Gubernamentales que respalden sus ideas.

Recordemos a José Martí cuando expresó:

“La dignidad es como la esponja: se le oprime, pero conserva siempre su fuerza de tensión”.

A dónde fue a parar la “democracia”.


Por Arthur González.

Como sucede con los cometas de papel o papalotes, todo hace indicar que la tan traída y llevada “democracia” europea, se fue a bolina en el caso del rapero catalán Pablo Hasel, nombre artístico de Pablo Rivadulla, condenado por el delito de “enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la monarquía y a las instituciones del Estado”, a cinco años de cárcel por dos sentencias, una de 2014 y otra del pasado mes de marzo 2020, algo que comprueba que la libertad de expresión que le reclaman a otros, la violan a su antojo para defender a capa y espada sus posiciones políticas.

Para esa condena del rapero español no hay declaraciones del Parlamento europeo, del Departamento de Estado yanqui ni de su embajada de Madrid, algo bien diferente a lo que hacen contra Cuba por la detención de un rapero desconocido, nombrado Denis Solís, quien ofendió a un oficial de la policía y se negó a presentarse a una citación oficial, situación que todo el pueblo cubano comprobó al publicarse un video que el propio Solís colocó en las redes sociales.

La diferencia del caso cubano es que ese rapero es apoyado por la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, al estar ligado al construido grupúsculo contrarrevolucionario San Isidro, que pretenden darle carácter de “movimiento artístico opositor”, cuando en realidad ni son artistas ni tienen una obra reconocida, pero ejecutan acciones provocativas en la vía pública, sufragadas con dinero de la USAID y NED, actos que sirve para engrosar las campañas anticubanas generadas por los yanquis y sus aliados.

Para Hasel que, si es un verdadero artista popular, no hay clemencia alguna, porque se atrevió a decir la verdad en sus tuits y en una de sus canciones, sobre las acciones corruptas e inmorales del llamado Rey Emérito de España, Juan Carlos de Borbón, aunque han sido publicado en toda la prensa escrita y televisiva española, sin que ninguno de esos medios fuera condenado por dar a conocer sus regalos millonarios a Bárbara Rey, una de sus amantes, las cuentas bancarias en el exterior y la caza de elefantes en África, hechos que provocaron su salida de la península y el rechazo de sus derechos de herencia del actual Rey y una de sus hijas.

El trasfondo del ensañamiento con el cantante español es por el arrastre que tiene entre miles de jóvenes, situación que preocupa a los que no quieren cambios políticos, ni amenazas a su sistema político, a pesar de reclamarle a otros, como a Venezuela y Cuba, libertades que ellos no practican.

Hasel se refugió en la Universidad de Lleida, de donde fue sacado por más de 250 Mossos d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña), fuertemente armados y vestidos con cascos, escudos, chalecos antibalas y armas largas, como si se tratase de un batallón de terroristas, ejemplo de la represión policial practicada en países donde impera la “democracia”.

A diferencia de ese escenario, al cubano lo fue a citar un solo policía, sin ninguno de los aditamentos antes señalados y recibió ofensas y el irrespeto de quien se dice un “luchador” por la libertad. Si esa actitud la hubiese asumido en España, ya sabemos cómo la pasaría y sin que la embajada yanqui intercediera por él como hacen en Cuba.

La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, declaró:

Si hay una sentencia que lo condena tiene que entrar en prisión. Las sentencias son para ejecutarlas porque podría incurrir en otro delito que es desobediencia a la autoridad”.

Todo claro, pero ante la desobediencia del cubano Denis Solís, de inmediato algunos elementos contrarrevolucionarios encabezados por Tania Brugueras, artista al servicio de Estados Unidos, incitó a una concentración ante la sede del ministerio de Cultura, para exigir su liberación, la que fue difundida con prontitud por la prensa extranjera y las redes sociales, acusando a las autoridades de la Isla de “represión” y coartar la “libertad de expresión”.

Es la gran diferencia del enfoque cuando en países supuestamente “democráticos”, se reprime a jóvenes artistas independientes por reflejar verdades que no se aceptan y menos aun cuando afectan figuras icónicas de esos sistemas.

Sin embargo, la cruzada mediática desatada contra el ministro de cultura, por solo quitarse de la cara un teléfono móvil que le ponía uno de los grupusculeros pagados por la NED, es bien diferente a la que no hace el Departamento de Estados yanqui, a favor de la liberación de Hasel, a pesar de que 200 artistas de fama internacional se manifiestan en su apoyo, entre ellos Juan Manuel Serrat, Javier Barden, Vetusta Morla, Fernando Trueba y Emma Suárez y respetados directores de cine como Pedro Almodóvar, quienes solicitaron su libertad y la eliminación de ese tipo de delito del Código Penal español.

Esa es la “democracia” que exhiben como ejemplo para otros, mientras para ellos, reprimir es un derecho de las autoridades y quienes no lo acepten son sencillamente condenados por el delito de desobediencia.

Certero fue José Martí al afirmar:

“Algo que daña mucho el ejercicio de un derecho es la hipocresía del derecho”.

Miami ataca a Cuba, pero no mira sus problemas internos.


Por Arthur González.

Es conocida la virulencia que muchos en Miami sienten contra Cuba, atacándola por cuanto sucede en la Isla, casi siempre con mentiras políticas fabricadas para sus campañas mediáticas, pero de lo que les sucede a ellos, ni una sola denuncia, porque ni la USAID y menos la NED, o el Departamento de Estado, le asignan presupuestos millonarios para eso.

Tal es el caso de la alharaca creada con los lacayos de San Isidro o de los que fueron convocados frente el Ministerio de Cultura, para reclamar por los primeros, que decían estar en “huelga de hambre” y “reprimidos” por la Seguridad del Estados, omitiendo el respaldo total de la embajada yanqui en La Habana, como prueba de quienes están detrás del asunto.

Sin embargo,  el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, promueve en estos días una Ley que criminaliza las protestas pacíficas, por tanto, de ser aprobada aumentaría las sanciones para las personas involucradas en esas protestas y saldrían condenados todos aquellos que reclamen los derechos de latinos, inmigrantes, la discriminación racial, las injusticias políticas y sociales, unidas a la brutalidad policiaca, algo que no han salido a combatir quienes acusan constantemente a Cuba de “cortar” la libertad de expresión.

¿Por qué no hay manifestaciones para protestar por esa Ley que limita la libertad y la democracia de Estados Unidos que tanto pregonan?

Allá no se recogen firmas para demostrar su inconformidad y exigir la renuncia del gobernador, como estimulan por las redes sociales a los cubanos contra el ministro de cultura, cruzada organizada para satanizar a un funcionario que solo se quitó de la cara un teléfono, sin darle golpizas a ninguno de los asalariados de la NED, como hubiese ejecutado la policía yanqui.

Además de la mencionada propuesta de Ley, es sabido de la pésima gestión del gobernador ante la pandemia del Covid-19, convirtiendo a la Florida en la capital del coronavirus, lo que ha provocado un peligroso colapso de la economía, un incremento descomunal del desempleo, el aumento de las amenazas de desalojo por falta del pago de las rentas y el hambre que sufren muchas familias de pocos recursos, algo que DeSantis no atiende adecuadamente.

Florida reportó el 14 de febrero 2021, la cifra de 5 mil 436 nuevos casos confirmados de la Covid-19, acumulando un millón 827 mil 373 enfermos, desde que en marzo 2020 se detectaron los primeros casos, a lo que se unen las 28 mil 779 muertes, solo en ese estado.

El pésimo manejo demostrado por el gobernador, avala cualquier exigencia de su renuncia, pero eso no es promovido por las redes sociales ni en cruzadas de prensa, porque la cacareada “libertad de expresión”, parece que solo la sacan a relucir contra Cuba.

Hoy una buena parte de los residentes en ese estado, confrontan problemas con el sistema de salud, el empleo, la vivienda, educación y alimentación, entre ellos los latinos, negros y aquellos residentes en Liberty City, realidad que la prensa no menciona.

En vez de gastar tiempo y dinero en pretender subvertir el orden interno cubano, en Miami deberían mirar sus graves problemas, para intentar buscarles solución y la forma de apuntalar la frágil democracia, como afirmó el presidente Joe Biden, esa que pretenden venderle al mundo como lo máximo, cuando la realidad es bien diferente, por la violencia racial, los asesinatos a manos de la policía, las masacres en escuelas debido a la compra de armas, la situación con los inmigrantes, el desempleo y su elevada deuda externa de la que jamás hacen mención.

Preciso fue José Martí cuando expresó:

“La sociedad autoritaria es aquella basada en el concepto de la desigualdad humana”.