Por Arthur González.
Los yanquis no acaban de comprender que la Revolución cubana es apoyada por la mayoría del pueblo debido a los beneficios sociales, económicos y políticos alcanzados desde 1959, a pesar de las múltiples medidas impuestas por Estados Unidos que afectan directamente a los ciudadanos, con el propósito de que culpen al gobierno y al sistema socialista de las penurias que enfrentan día a día.
Este año 2019 la actual administración de Donald Trump, asesorada por miembros de la mafia terrorista anticubana de Miami, impuso numerosas sanciones a Cuba y a todos aquellos países y entidades comerciales y financieras que mantienen negocios con la Isla, aplicando con saña los principios de la Operación Magosta, aprobada en febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy, que dicen:
“La operación está dirigida a provocar una rebelión del pueblo cubano. La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país, las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen, y las de tipo militar darán al movimiento popular un arma de acción para el sabotaje y la resistencia armada en apoyo a los objetivos políticos”.
En su desesperado objetivo de destruir a la Revolución, Trump decidió llevar a cabo sanciones inverosímiles que afectan los intereses de terceros países, para mediante el terror y el chantaje impedir el desarrollo económico de la Isla y matar por hambre y enfermedades a su población, pero su ignorancia histórica no ha tomado en cuenta que Cuba es un hueso muy duro de roer, por la unidad y resistencia que caracteriza a sus hombres y mujeres.
Locura despiadada e inhumana rechazada por casi todos los miembros de la ONU, violatoria de los manipulados derechos humanos, palpable en las sanciones impuestas y reforzadas como nunca antes este año 2019.
Entre esas irracionales acciones están:
La decisión tomada en marzo 2019 de modificar el otorgamiento de las visas B2 (para turismo y visitas familiares), a una sola entrada y validas por tres meses, eliminando las visas múltiples por 5 años, que permitían un mayor contacto familiar. Tener en cuenta que desde septiembre del 2017 los cubanos tienen que viajar a un tercer país para solicitar las visas, lo que incrementa los gastos de este trámite por cerrar el consulado en La Habana.
La persecución comercial fue más patentizada en abril 2019, cuando el Departamento del Tesoro impuso sanciones a dos compañías y dos petroleros que habían llevado crudo desde Venezuela a Cuba, desde fines de 2018 hasta marzo de 2019.
A las sanciones fueron a la compañía Monsoon Navigation, con sede en las Islas Marshall, propietaria registrada del petrolero Ocean Elegance, y a Serenity Maritime, con sede en Liberia y propietaria del buque León Días. Además, a otros tres buques de la Jennifer Navigation, Lima Shipping y Large Range, con base en Liberia, que según el Tesoro facilitaron las entregas de crudo o productos petroleros de Venezuela a Cuba durante febrero y marzo.
Igualmente sancionaron a la compañía PB Tankers, con sede en Italia y a seis de sus petroleros, después de que el Tesoro dijo que facilitó una entrega de productos petroleros desde Venezuela a Cuba en marzo.
La más reciente sanción fue impuesta el 3 de diciembre cuando castigó a otros seis buques, con el propósito de paralizar la economía cubana.
En el mismo mes de abril, cancelaron el acuerdo alcanzado a finales del 2018 entre las Grandes Ligas del béisbol estadounidense y la Federación Cubana, para imposibilitar que los peloteros de la Isla puedan jugar sin perder sus derechos en Cuba y percibir sus pagos de forma oficial.
El 2 de mayo se oficializó la aplicación del Título III de la infame Ley Helms-Burton, acción anunciada el 17 de abril, por Mike Pompeo, secretario de Estado, lo que permite demandar a empresas extranjeras que invierten en Cuba, con el fin de atemorizar a los inversionistas en propiedades nacionalizadas después de 1959.
Un nuevo golpe se produjo el 5 de junio, al prohibir los viajes educativos grupales del programa pueblo a pueblo, de ciudadanos estadounidenses a Cuba, pues tienen prohibido desde los años 60 visitar la Isla como turistas. Junto a esa medida vetaron la entrada a la Isla de embarcaciones recreativas y de pasajeros, incluidos cruceros y yates, aeronaves privadas y corporativas. El propósito es cortar la entrada de divisas.
En julio, sancionaron a la empresa Cubametales, importadora de petróleo, principalmente desde Venezuela.
En junio, el Departamento de Estado, en su Informe sobre la Trata de Personas de 2019, denigró la cooperación médica internacional de Cuba. Por esa razón, en julio anunciaron las restricciones de visas para funcionarios vinculados a las misiones médicas cubanas en el exterior, como parte de las campañas para cortar la entrada de dinero por la vía de la colaboración médica, uno de los programas más humanos que salva vidas en lugares donde sus pobladores nunca habían contado con asistencia en materia de salud.
Así mismo, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), destinó 3 millones de dólares para proyectos dirigidos contra las brigadas médicas de Cuba en el exterior.
Como resultado de esa persecución yanqui contra la entrada de divisas a Cuba, Ecuador y Bolivia se vieron forzadas a romper los acuerdos firmados para los programas de cooperación. En Brasil, por las campañas contra los médicos, Cuba tomó la decisión de retirar a su personal de la salud.
Cuba denunció el 1 de octubre, que Estados Unidos le denegó las visas a los miembros de su delegación que participarían en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.
El desvarío de Trump continuó y 9 de octubre puso en vigor regulaciones al envío de remesas familiares, autorizando un máximo de mil dólares cada tres meses, algo retomado de la administración de George W. Bush.
Ese mismo día puso fin a las transacciones U-turn para Cuba, transferencias de fondos que pasan a través de bancos estadounidenses, aunque no inician ni culminan en Estados Unidos y en las que ni el emisor ni el receptor están bajo jurisdicción yanqui.
El 21 de octubre de 2019 entraron en vigor nuevas Regulaciones para la Administración de Exportaciones (EAR), aprobadas por el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Tesoro, con el objetivo de restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba.
Las principales disposiciones fueron:
- Denegar licencias para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas. Las aeronaves y embarcaciones no son elegibles para la excepción de licencias, si son utilizadas en modalidad de chárter por nacionales cubanos o un de Estado Patrocinador del Terrorismo, o si son arrendados por estos.
- Imponer nuevamente a Cuba la regla de denegar cualquier reexportación a Cuba de artículos extranjeros, que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses.
- Revisión de la excepción de la Licencia “Apoyo al Pueblo Cubano” para que no se puedan realizar determinadas donaciones al gobierno de Cuba ni al Partido Comunista de Cuba.
- Eliminación de la autorización para la exportación de artículos promocionales que “benefician generalmente al gobierno de Cuba”.
- Limitar la exportación de bienes solo a aquellos que faciliten el libre flujo de información entre el pueblo cubano.
- Prohibir a compañías y ciudadanos estadounidenses comprar artículos de promoción del sistema político cubano, aunque se permitirá su adquisición si proviene del sector privado.
- Incluir una excepción en la normativa vigente que permite donaciones de material científico, cultural y educativo destinado a apoyar al pueblo cubano, para que ni el Ejecutivo ni el Partido Comunista de Cuba, puedan beneficiarse de tales concesiones.
En octubre también se anunció que, a partir del 10 de diciembre, las aerolíneas estadounidenses solo pueden realizar rutas al aeropuerto internacional de La Habana, suspendiendo los vuelos a Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
El Departamento del Tesoro dio a conocer durante el primer trimestre de 2019, que el banco Standard Chartered, con sede en el Reino Unido, tendrá que entregar mil 100 millones de dólares de multa, por violar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba.
El 11 de abril 2019 informó que el Grupo británico Acteon, proveedor de servicios submarinos a la industria de petróleo y gas, deberá desembolsar 227 millones de dólares por acusaciones similares.
El banco francés Société Générale S.A. (SocGen) fue demandado el 11 de julio 2019 en Estados Unidos, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, a un pago de 792 millones de dólares, por los actuales herederos cubanos del Banco Núñez, nacionalizado por el Gobierno en 1960.
Dicha entidad francesa había pagado una multa en noviembre de 2018, ascendente a mil 340 millones de dólares, a varias entidades estadounidenses por violar las sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano contra Cuba.
La institución bancaria suiza, PostFinance, anunció el 1ro de septiembre la cancelación de sus operaciones de pago a clientes en Cuba, ante las presiones de Estados Unidos por utilizar dólares estadounidenses en sus transacciones. Esa decisión afecta a organizaciones como MediCuba, que abastece de materiales al sistema de Salud Pública nacional, al verse impedida del empleo de ese canal para el pago de contratos con entidades privadas y públicas en Suiza.
En su obstinación enfermiza por afectar la entrada de dinero a Cuba, en noviembre 2019 la plataforma de reservas hoteleras Trivago, dejó de ofertar varios hoteles de Cuba, presionada por el gobierno yanqui, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, encontrándose entre ellos el Tryp Habana Libre, varios de la cadena española Meliá, ubicados en Varadero, Holguín, y en los cayos Coco, Guillermo y Santa María, además de otros de las cadenas Iberostar y Barceló.
También fue notificada la empresa Expedia y Booking y sus respectivas filiales y asociadas, para que pongan fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba. La agencia de viajes en línea Expedia, acordó pagar una multa de 325 mil 406 dólares al gobierno de Estados Unidos.
La persecución inclemente de Estados Unidos y su irritación por sus fracasos contra Cuba, hizo que el 26 noviembre el Departamento del Tesoro impusiera una sanción a la Corporación Panamericana cubana, por funcionar como intermediaria en la compra de petróleo venezolano y medidas adicionales a las ya impuestas en el mes de julio, contra la empresa cubana Cubametales debido a su intercambio comercial petrolero con Venezuela.
La consecuencia de esta medida fue la congelación de los activos que la Corporación Panamericana pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohibieron todas las transacciones financieras con entidades estadounidenses.
Por idénticos motivos, el 10 de diciembre 2019 la firma Allianz Global Risks U.S. Insurance Company, aseguradora de daños a la propiedad con sede en Chicago, y subsidiaria de propiedad total de Allianz SE, un proveedor de servicios financieros alemán, pagará 170 mil 535 dólares por aparentes violaciones del bloqueo financiero a Cuba. Información difundida por el Departamento del Tesoro, AGR US opera AGR Canadá, como una sucursal en Toronto, gestionó pólizas de seguro de viajes desde agosto de 2010 hasta enero de 2015, que incluyeron cobertura ocasional relacionada con visitas de residentes canadienses a Cuba.
De igual forma, la firma suiza Chubb Limited, entidad legal sucesora de la antigua ACE Limited, que brindaba servicios de seguros y reaseguros para clientes comerciales e individuales en todo el mundo, pagará 66 mil 212 dólares por aparentes violaciones del Bloqueo a Cuba.
El 4 de noviembre se publicó la Determinación Presidencial número 2020-02-2019, relacionada con los esfuerzos de gobiernos extranjeros sobre el tráfico de personas. En esa regulación, Trump declara que “Estados Unidos no proveerá asistencia no-humanitaria, comercial, ni permitirá el financiamiento para la participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba”. O sea, se prohíbe uso de dinero federal para intercambio cultural.
El Departamento de Estado el 15 de noviembre amplió su lista negra de sanciones, con cinco nuevas entidades hoteleras cubanas con las que se prohíbe realizar cualquier tipo de transacciones financieras directas.
Estas son: el Gran Hotel Bristol Kempinski (aun sin construir), el Grand Aston Varadero Resort, el Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, Gran Muthu Imperial Hotel y Gran Muthu Rainbow Hotel.
La impotencia por sus 60 años de fracasos, los hace tomar medidas disparatadas para “aislar financieramente al régimen cubano”, como afirmara el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sin percatarse que cada día logran más repudio entre el pueblo cubano, verdadera víctima de sus políticas criminales e inhumanas, que resiste unido estoicamente para mantener su independencia y soberanía, porque como aseguró José Martí:
“La fuerza común se alza contra la fuerza tiránica”
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