Los oráculos de la economía cubana.


Por Arthur González.

No hay dudas que nadar fuera del agua o boxear desde las gradas, es mucho más fácil que estar dentro de las problemáticas reales de la vida, y así pasa con aquellos “eruditos” que sueñan fórmulas para que Cuba salga de la crisis y auguran la caída del socialismo por “ineficiente”.

Cuba es un país del tercer mundo, no favorecida con grandes recursos naturales, pero además con una guerra económica, económica, financiera y biológica por 60 años, como no ha sufrido ningún otro país del mundo.

¿Se pueden analizar los resultados económicos de Cuba sin tener presente la persecución implacable sobre aquellos que pretenden invertir en la Isla o realizar alguna transacción financiera, como sí pueden hacer China y Vietnam?

Recientemente la empresa The Havana Consulting Group, afirmó que “Cuba vive una de las crisis más profundas de su historia”, a la vez que avizora que “el segundo año de mandato de Díaz-Canel, será peor”. Sin embargo, en su diatriba no dice una sola palabra de las recientes sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, quien declaró públicamente que acabaría con el socialismo cubano y para eso todas las variantes serán aplicadas.

¿Qué estado del planeta puede mantener un sistema de educación y de salud gratuitas, seguridad social, la cultura, el deporte, su pequeña industria y los programas de investigación y producción científica, soportando tantas sanciones?

Resulta muy fácil proponer recetas que nunca serían viables por esas mismas sanciones impuestas por los yanquis, que desean a todo costo derrocar el socialismo y demostrar su inviabilidad para que nadie lo imite.

Para cualquier análisis objetivo y profesional, hay que tener en cuenta lo que realmente sucede desde que, en 1960, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, expuso las bases de esa criminal guerra económica:

El único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la Revolución es a través del desencanto y el desaliento, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba; negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Esa propuesta tomó cuerpo el 18 de enero 1962, cuando el presidente J, F. Kennedy, amargado por la aplastante derrota del ejército mercenario que envió a invadir Cuba en abril de 1961, aprobó el Plan Mangosta para destruir a la Revolución mediante una guerra económica.

Dicho Plan, que no escatimó dinero ni esfuerzos, expone textualmente:

La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país y las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen…”  

Paralelamente, para darle validez legal a ese tenebroso plan, el 6 de febrero de 1962 firmó el decreto No. 3447, Resolución federal No.1085, bajo el nombre de: “Embargo sobre el comercio con Cuba”.

¿Olvidan los oráculos las medidas que bajo ese “embargo” se toman contra la económica de la Isla?

Todos los activos cubanos en Estados Unidos fueron robados, incluidas las cuentas bancarias de las que han repartidos dinero a cuantas reclamaciones se han hecho, incluidas las amorosas; ejemplos sobran.

En 1992, con su alucinación de ver caer el socialismo cubano tras la desaparición del europeo oriental, el Congreso aprobó la “Ley para la Democracia en Cuba”, conocida como Ley Torricelli, que incluye más sanciones económicas.

A esa le siguió en 1996 la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática cubanas, llamada Ley Libertad o Helms-Burton, de la que recientemente el presidente Trump, liberó la aplicación del Título III, con el fin de sancionar a los inversionistas extranjeros.

Nada de eso los súper analistas toman en cuenta en sus fórmulas mágicas para sacar adelante la economía cubana. Tampoco mencionan la guerra biológica ejecutada por Estados Unidos para afectar la agricultura y la salud animal y humana.

¿Acaso la introducción de la Fiebre Porcina Africana, por agentes de la CIA en 1971, no afectó a cientos de miles de cerdos destinados a la alimentación del pueblo?  Qué dicen los adivinadores del daño causado por el Carbón de la caña azúcar, la Roya de la caña, la Seudodermatosis nodular bovina, el New Castle desplegado en Cuba y contaminado con un virus de Bronquitis infecciosa preparado en laboratorios yanquis, provocando cuantiosas pérdidas en la producción de huevos y aves.

A eso súmenle la Sigatoka Negra que atacó los cultivos de plátanos, la Tristeza de los Cítricos, la Broca del Café, el Moho Azul del tabaco, el Thrips-Palmi-Karmy, y más recientemente el Caracol Africano, que acaba con todos los cultivos y puede trasmitir enfermedades graves al ser humano, que se unieron a las epidemias de Meningitis y el Dengue Hemorrágico, matando a cientos de personas entre ellas niños.

En su informe The Havana Consulting Group, dice que Cuba no aprovechó las oportunidades que brindó el presidente Barack Obama, pero omiten que ese mismo presidente es el que más persecución ha desatado contra la banca internacional, por atreverse a ejecutar alguna transacción financiera con Cuba.

Antes de decir tal barbaridad, deberían saber que Obama impuso multas a los bancos por un valor de 14 mil 404 millones 358 mil 605 dólares, además autorizar la más alta cantidad de dinero para subvertir a la Revolución desde adentro, con 160 millones de dólares.

Esa guerra abierta de los yanquis aspira a la ruina de la economía cubana, por eso el informe de marras dice que existe hoy una disminución de las exportaciones, déficit creciente de inversiones de capital extranjero, incumplimientos sostenidos de los pagos de la deuda externa y con los suministradores habituales, unido a la disminución de la cifra total de entrada de turistas al país, excluyendo las sanciones recientes de Trump para afectar el turismo, el corte de la entrada de los cruceros, una profunda modificación de las licencias de viajes a la Isla y la amenaza de aquellos que consuman productos elaborados por empresas cubanas, señaladas en una larga lista negra.

Los entendidos de The Havana Consulting Group deberían leerse algunos informes elaborados por la CIA, Agencia que no se pueden tildar de comunista, ni favorable a la Revolución, donde se afirma claramente:

“…el principal objetivo de los programas encubiertos de EEUU contra Castro, es completar el aislamiento económico, político y psicológico de Cuba…Estas medidas han sido en buena parte responsables de las actuales dificultades económicas, pero pudieran adoptarse nuevas y eficaces medidas de guerra económica”.

A otros con el cuento de la economía neoliberal, pues el ejemplo de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador es suficiente para saber lo que le esperaría a Cuba si aplicase tales recetas.

Ante petulantes como esos que proponen cambios en Cuba, sin evaluar la política hostil de Estados Unidos, José Martí respondió:

“Una cosa es predicar y otra es poner por obra”

 

 

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El porqué de la ley Helms-Burton.


Por Arthur González.

Para comprender las razones por las cuales el presidente William Clinton, aprobó la llamada Ley Helms-Burton en 1997, hay que buscar sus antecedentes en la cruzada contra el sistema socialista, ejecutada por el presidente Ronald Reagan en los años 80 del siglo XX.

Al asumir la presidencia el republicano Reagan, sus ideólogos se trazaron como meta la eliminación del socialismo en Europa, y de ahí nace su conocido Programa Democracia.

En mayo de 1981, en un discurso pronunciado en la Universidad de Notre Dame, afirmó:

“Occidente no frenará al comunismo, trascenderá al comunismo. No nos molestaremos en denunciarlo, lo eliminaremos como un triste y grotesco capítulo en la historia humana, cuyas últimas páginas están escribiéndose ahora”.

A principios de 1982, el presidente Reagan y sus consejeros claves, comenzaron a ejecutar la nueva estrategia para atacar las debilidades fundamentales, económicas y políticas, del sistema soviético, y según declaró Caspar Weinberger años después:

Adoptamos una estrategia abarcadora que incluyó la guerra económica, para atacar las debilidades soviéticas. Fue una campaña silenciosa, trabajando a través de aliados y utilizando otras medidas. Era una ofensiva estratégica, diseñada para cambiar el centro de la lucha de las superpotencias hacia el bloque soviético, incluso a la misma Unión Soviética”.

Una vez derrumbado el muro de Berlín y el desmoronamiento del socialismo en Europa del Este, le siguió la URSS en 1991, por eso todos los esfuerzos yanquis se centraron sobre Cuba, país que a pesar de la pérdida del 85 % de su comercio exterior con esos países, resistía estoicamente.

En su apetito por devorarse a la Revolución cubana, Estados Unidos arreció su guerra económica, comercial y financiera, de ahí que el presidente George Bush, firmara en 1992 la llamada Ley Torricelli, (“Ley para la Democracia en Cuba”), que según ellos era para promover un proceso de “Transición pacífica hacia la democracia”, pero a pesar de eso, Cuba se mantenía firme y soberana sin claudicar ante tantas agresiones.

Ninguna de las medidas subversivas diseñadas en aquellos años contra la Revolución, obtenían resultados, entre ellas la creación de la Fundación Nacional Cubano Americana; la Radio Martí, a la que le sumaron la TV Martí; la preparación e incitación a los grupúsculos contrarrevolucionarios desde la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para ejecutar actos de desobediencia civil; la estimulación de las salidas ilegales por aire y mar; unido a hechos terroristas para atemorizar a la población.

Ante esa realidad, el presidente Clinton aprueba por primera vez un programa de la USAID para Cuba, que justificara un millonario presupuesto para respaldar actividades de subversión político-ideológicas.

Sin los resultados esperados y ante un posible mejoramiento de las tensiones entre ambos gobiernos, la mafia terrorista anticubana organiza incursiones aéreas sobre La Habana, con el fin de provocar un incidente que permitiera una respuesta militar yanqui. Aquella etapa, culminó con el derribo de tres de las avionetas que participaban en la violación del espacio aéreo cubano.

Producto de las presiones de la mafia de Miami, el presidente Clinton firmó en 1996 la Ley Helms-Burton, (Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas), que tiene como objetivo reforzar aún más la guerra económica, comercial y financiera, entregándole al Congreso de Estados Unidos la decisión de levantar el llamado “Embargo”, lo que hasta ese momento era potestad del presidente.

Dicha Ley ataca también la inversión extranjera, que en esos momentos se fortalecía en la Isla, posterior a la reforma constitucional de 1992, unido a un conjunto de Leyes y Decretos Leyes que daban un cambio radical en la economía cubana, posibilitando salir de la grave crisis económica surgida de la pérdida del comercio con la URSS y Europa del Este.

Entre esos cambios estaban:

La despenalización de las divisas extranjeras; la legalización del trabajo privado; la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa; el reordenamiento de la Administración Central del Estado; la Ley Tributaria, la apertura del Mercado Agropecuario de oferta-demanda; el Mercado Industrial y Artesanal; la autorización de restaurantes y cafeterías privadas; una nueva Ley de Inversiones y la de Minas; de Aduana; el Reglamento del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras; además del Decreto Ley para regular la creación y organización de zonas francas.

Otra medida importante fue el desarrollo e incremento del turismo internacional y la asociación económica con empresas extranjeras.

Esa rápida e inteligente actuación del gobierno revolucionario cubano no fue prevista por los yanquis, quienes observaban desorientados el florecimiento económico de Cuba, a pesar de su guerra económica, comercial y financiera.

Ante ese nuevo escenario es que nace el engendro criminal de la Ley Helms-Burton, con sus 4 Títulos, siendo los más crueles el primero y el segundo, que establecen el “Fortalecimiento de las Sanciones Internacionales contra el gobierno de Castro”, y la “Ayuda a una Cuba Libre e Independiente”, ejecutados desde su aprobación en 1996.

El Título III está diseñado para asustar y ahuyentar a los inversionistas extranjeros, el que fue puesto en vigor en mayo del 2019.

El Título IV pretende excluir de los Estados Unidos, a los extranjeros que negocien con propiedades de norteamericanos confiscadas en Cuba.

La persecución económica y financiera es lo que realmente afecta al pueblo cubano, al sancionar con altas sumas de dinero a quienes ejecuten transacciones bancarias y comercien con Cuba.

Una vez más los yanquis perderán la partida contra un pueblo que defiende hasta con su sangre la soberanía alcanzada, porque como dijera José Martí:

“Una vez gozada la libertad, no se puede ya vivir sin ella”.

Permite Estados Unidos viajes a Cuba bajo licencias con fines subversivos.


Por Arthur González.

El Departamento de Estado continuará permitiendo que ciudadanos de Estados Unidos viajen a Cuba, amparados en una licencia que persigue objetivos subversivos, según información publicada en su sitio oficial.

La licencia titulada, “Apoyar la sociedad civil de Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades cubanas”, será admitida para que ciudadanos norteamericanos continúen viajando a la Isla, siempre que su finalidad sea la de:

Apoyar la sociedad civil de Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades del país, lo cual resultará en una interacción significativa entre el viajero y las personas de Cuba”.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades yanquis, los “intercambios deben desarrollarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción de los EE.UU., que favorezca dichos intercambios, siempre que su propósito sea la de promover las llamadas conexiones de pueblo a pueblo”. 

Tales viajes “contarán con un programa de actividades a tiempo completo, diseñado para incrementar el contacto con los cubanos, y que estos produzcan interacciones significativas entre el viajero y las personas de Cuba”.

Para garantizar ese objetivo, los grupos de estadounidenses que viajen a la Isla, “deberán estar encabezados por un empleado, consultor pagado o agente de la organización auspiciadora, que siempre acompañe a cada grupo en su viaje a Cuba, a fin de garantizar que todos los viajeros tenga un programa a tiempo completo de actividades de “intercambio educativo”, debiendo certificar que no sostengan contactos con personas o entidades que actúen en nombre de determinados funcionarios prohibidos del gobierno de Cuba, o ciertos miembros del Partido Comunista de Cuba”.

Un aspecto puntualizado por el Departamento de Estado yanqui y de estricto cumplimiento por los agentes de viajes, es que tienen ajustarse al requisito contemplado en la licencia “Apoyar la sociedad civil de Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades cubanas”, el cual establece claramente que “los viajes a Cuba solo se autorizan, siempre y cuando sus actividades sean con organizaciones reconocidas defensoras de los derechos humanos; una organización independiente diseñada para promover una transición rápida y pacífica a la democracia o, con personas y organizaciones no gubernamentales, siempre que promuevan actividades independientes, con la intención de fortalecer la sociedad civil en Cuba”. 

Otro de los elementos a consumar es que “el programa de actividades del viajero no puede incluir tiempo libre, ni de recreo en exceso de lo normal para un programa a tiempo completo”.

Este elemento deja por sentado que están prohibidas las actividades de placer y recreo, o sea turísticas.

Todas las gestiones en Cuba tienen que ser con trabajadores no estatales, tales como el alojamiento, transporte y la alimentación.

La mencionada licencia se estableció bajo la administración de George W. Bush, quien dio luz verde al plan de la “Comisión para la Asistencia de una Cuba Libre”, más conocido como Plan Bush, aprobado en mayo del 2004, que pretendía acelerar la “Transición pacífica de Cuba hacia la democracia”.

El Plan Bush, aceleró un conjunto de medidas para estrangular la economía cubana, incrementándose las multas impuestas por la OFAC, a las entidades financieras que sostenían relaciones con la Isla y a ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba.

Limitó las visitas familiares de cubanos residentes en Estados Unidos, a una cada tres años y recortó el monto anual de las remesas a mil usd, cifra vuelta a imponer por el presidente Donald Trump.

En esa época, Bush revitalizó la Ley Helms-Burton con sus Títulos III y IV para amedrentar a los inversionistas extranjero.

A pesar del recrudecimiento de las sanciones económicas, permitió viajes con fines subversivos, con el sueño de provocar el derrocamiento del sistema desde adentro, para lo cual incrementó el apoyo a los grupúsculos contrarrevolucionarios, muchos de ellos abastecidos e instruidos por viajeros estadounidenses que ingresaban a Cuba, amparados en la licencia para “Apoyar a la “sociedad civil” de Cuba, como sucedió el 20 de mayo del 2005 cuando la asalariada del gobierno de Estados Unidos, la contrarrevolucionaria Marta Beatriz Roque Cabello, orientada por los yanquis, fomentó en La Habana una supuesta reunión de la “Asamblea Nacional para Promover la Sociedad Civil”, con varios invitados extranjeros y la presencia fiscalizadora del entonces Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason.

La Revolución cubana tiene suficiente experiencia en esos menesteres y las autoridades competentes, de conjunto con el pueblo, sabrán detectar los intentos subversivos e impedir actos provocativos contra la integridad de la nación, porque como dijera José Martí:

“Quien bien vela, todo se le revela”

Los yanquis insisten en asustar a quienes inviertan en Cuba.


Por Arthur González.

La táctica de asustar a los que se acerquen a Cuba ya cumplió 60 años y los resultados no se ven, aunque los yanquis repiten sus viejas amenazas con la pretensión de ahogar la economía de la Isla, para después culpar al sistema socialista.

Con la puesta en marcha del Título III de la execrable Ley Helms-Burton, aprobada por el presidente Bill Clinton en 1996, Donald Trump pretende alcanzar los votos de la Florida, en su aspiración a la reelección de 2020, sin percatarse que cada año son menos los cubanos que sostienen posiciones reacias a las relaciones con Cuba, pues la composición de la emigración ha cambiado sustancialmente, y ya no son mayoría los testaferros del régimen del dictador Fulgencio Batista.

No obstante, el objetivo de Trump y sus ancianos asesores, es incrementar la guerra económica y financiera contra la Revolución cubana, método seleccionado contra todos los países que se oponen a someterse a sus designios.

Para asustar a los inversionistas extranjeros que desafían las sanciones yanquis, entre ellos los españoles que apuestan por el desarrollo turístico en la Isla, un grupito de los lacayos en Madrid, financiado por Estados Unidos, bajo el nombre de Mesa de Unidad Cubana (MUC), presentarán una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, contra empresas españolas y europeas que, “en complicidad con la dictadura cubana, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista en pleno siglo XXI”.

La MUC declaró que esas empresas europeas “violan e ignoran” las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Directrices de la OCDE en materia de responsabilidad corporativa, así como derechos fundamentales recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU o principios fundacionales de la propia UE.

El artificial argumento no es nuevo y solo persigue el interés de crear un ambiente enrarecido contra empresas de prestigio como Meliá, Iberostar y otras, que ignoran las amenazas yanquis.

En 1995 los cubanos radicados en Miami, Rolando Castañeda y George Plinio Montalván, quienes laboraban en el Banco Interamericano de Desarrollo, dieron a conocer un grupo de “Principios” para promover los derechos humanos en Cuba y prácticas “justas de empleo y pagos”.

Tales principios fueron bautizados como “Principios Arcos”, en homenaje al contrarrevolucionario Gustavo Arcos Bergnes, quien dirigía el grupúsculo Comité Cubano de Derechos Humanos en Cuba.

Según ellos, los principios eran para que las empresas extranjeras que abrían sus negocios en Cuba, los acogieran voluntariamente para seguir prácticas de “igualdad y justicia en el pago y la contratación de empleados, sin discriminación por consideraciones políticas, sexuales, religiosas o de edad”.

También planteaban “eliminar los expedientes laborales, los acumulativos escolares, informaciones sobre antecedentes morales, conducta social, la participación en organizaciones políticas y promover la contratación directa sin limitaciones”, todo basado en la llamada Ley Torricelli

En 1992 Cuba inició un programa de medidas económicas para enfrentar la pérdida de sus relaciones comerciales y financieras con el extinto campo socialista y la URSS.

Ese programa de reformas abarcó entre otras, la despenalización de la tenencia de divisas, fijó el marco legal para el trabajo no estatal, se crearon las Unidades Básicas de Producción Cooperativas, introdujo el sistema tributario, la apertura del Mercado Agropecuario con precios de oferta-demanda, autorizó establecimientos de centros privados para la elaboración y venta de alimentos y bebidas, se aprobó una nueva Ley de Inversión Extranjera, que incluía la participación hasta de un 100% de capital extranjero, y un Decreto Ley para la creación de zonas francas.

Ante esos cambios en Cuba el enemigo convulsionó de rabia, al no ver cumplidos sus sueños de destruir el socialismo como en Europa del Este; solo le quedaba fortalecer la persecución económica y financiera, sumándole las amenazas a los inversionistas extranjeros que apostaban por sus negocios en el país.

Ninguna de esas presiones dio resultados. La inversión extranjera creció rápidamente, importantes empresas se decidieron por el mercado cubano y las dedicadas al turismo desafiaron las intimidaciones y sanciones de Estados Unidos.

La vida les dio la razón y hoy compañías españolas son líderes en la industria hotelera, algo que los estadounidenses hubieran podido hacer, sino fuera por la obstinación de sus gobernantes que prohíben hasta las visitas a Cuba.

La llamada MUC debería luchar por los derechos de los trabajadores españoles, rebajar las tasas impositivas, el derecho de las mujeres a ser tratadas igual que los hombres, la discriminación que existe con los inmigrantes, ampliar las oportunidades de trabajo en ciudades que en pocos años parecerán pueblos fantasmas ante la huida de sus habitantes en busca de fuentes laborales, luchar contra la corrupción administrativa que corroe su sociedad, recortar los privilegios financieros que tiene la monarquía sin trabajar y otros problemas que enfrenta el ciudadano común español.

Cuba hizo una Revolución social para rescatar a sus trabajadores y campesinos de la opresión de las empresas norteamericanas, lograr una jornada laboral de 8 horas, eliminar la discriminación racial, por sexo y posición económica imperante, otorgarles derechos a las mujeres a un salario igual al de los hombres por el mismo trabajo y el derecho a una seguridad social para todos.

Hoy las cubanas cuentan con leyes que las benefician durante su gestación, otorgándoles licencias pagadas hasta un año después del parto, con posibilidades de extensión otro año más, sin retribución, manteniéndoles su puesto de trabajo, una licencia de maternidad pagada que permite que el padre, o lo abuelos, atiendan a los recién nacidos, mientras las madres se incorporan al trabajo.

Una justicia laboral que impide la expulsión del trabajador sin razones legales sustentables, subsidios para los accidentados en el trabajo o por adquirir enfermedades laborales.

Posibilidades de superación para los trabajadores, enviados a cursos sin afectar su salario, estimulación monetaria por resultados productivos y derecho a analizar y debatir los planes económicos de sus empresas.

Nada de eso existía en la Cuba capitalista de 1958, pero ni el gobierno yanqui, o los de Europa, protestaban por la explotación a la que estaban sometidos los cubanos, especialmente los campesinos que ni tierra poseían, ni servicios médicos y escuelas donde educar a sus hijos.

Ahora los lacayos dicen que el trabajo en Cuba es “indecente y constituye un paraíso para los evasores de derechos”, campaña que pretende deformar la realidad.

¿Por qué no defienden los derechos de los trabajadores de México, Guatemala, Honduras, Panamá y Argentina, que marchan protestando en las calles ante la difícil situación que confrontan?

Muy poca moral tienen los escasos integrantes de la MUC, financiados para atacar a la Revolución socialista que tanto hace por la clase obrera y campesina cubana.

El foco de sus acusaciones falsas son las más de 300 empresas españolas y europeas que operan en Cuba, desde grupos hoteleros, operadoras de viajes, bancos, e inmobiliarias, hasta empresas de servicios e industrias, que tanto molestan a los yanquis por desafiar sus órdenes.

En el 2015 el embajador cubano en España, se enfrentó a similares provocaciones durante un foro para promover las inversiones en la Isla, cuando uno de esos asalariados intentó provocarlo con “reflexiones” sobre la situación del mercado laboral en Cuba, donde el Estado es el único empleador.

Los empresarios españoles saben de la seguridad que tienen en Cuba, unido a la actitud positiva de sus trabajadores altamente calificados, por tener un sistema de educación gratuito que les asegura capacidad para asumir diferentes puestos de trabajo.

El fin que persigue Estados Unidos es el mismo de hace más de medio siglo, destruir a la Revolución, y para eso repiten la misma mentira, y como declaró a la prensa el diputado del Partido Popular (PP) español Teófilo de Luis, “es un flanco por el que se puede provocar nerviosismo en el Gobierno cubano”, palabras que hacen honor a su ignorancia histórica, pues a los cubanos nada les crea nerviosismo, ni siquiera la amenaza de una invasión militar como la prevista en octubre de 1962, durante la conocida Crisis de los Misiles.

Bravo por los valientes que mantienen su firmeza con Cuba, porque como afirmó José Martí:

“Quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos”.

Estados Unidos pretende asustar a los inversionistas extranjeros.


Estados Unidos pretede asustar a los inversionistas extranjeros.

Por Arthur González.

La actual administración yanqui no sabe que más inventar para estrangular económicamente al pueblo cubano, el que resiste con estoicismo la guerra económica, comercial y financiera más larga de la humanidad, sin doblegarse ante el imperio, como también hicieron las generaciones de mambises contra el ejército español en el siglo XIX.

Para Estados Unidos esa actitud de soberanía es incomprensible en momentos en que países desarrollados se someten a sus dictados, para atacar a Venezuela y a Cuba, como si fueran los súbditos del imperio romano.

Sin muchas más fórmulas que aplicarle a Cuba, Donald Trump y sus halcones terroristas, pusieron en vigor el 02 de mayo 2019, la Ley Helms-Burton en su totalidad, incluido el controvertido Título III como táctica para asustar a los inversionistas extranjeros y evitar el desarrollo de la economía de la Isla, pero al parecer no tendrán muchos resultados.

La Unión Europea ya advirtió que sus relaciones con Washington se afectarán más y no permitirán que sus empresas sean condenadas por el maldito Título III, aunque realmente el I, II y IV son más criminales y aprietan con mayor fuerza la soga al cuello cubano, que el mismísimo III.

No obstante, como medida de propaganda para sembrar terror, algunos herederos norteamericanos y cubanos, ahora naturalizados en Estados Unidos, se apresuraron en ser los primeros en presentar sus demandas, pues desde hace meses la mafia terrorista de Miami venía haciendo campañas para que se prohibieran los viajes de cruceros a Cuba, porque esas visitas permiten comprobar las mentiras fabricadas contra la Revolución desde hace 60 años y aunque no dejan mucho dinero, el resultado político es altamente positivo.

Precisamente la primera demanda impuesta ante la corte de Miami, la hicieron Javier Bengochea y Mikael Behn, contra de la compañía de cruceros Carnival, acusándola de beneficiarse de propiedades que le fueron expropiadas por la Revolución después de 1959.

La acusación se basa en que Carnival Cruise, está utilizando las terminales de cruceros ubicadas en los puertos de La Habana y de Santiago de Cuba, sin la autorización de sus proclamados “herederos”, y por lo tanto reclaman una compensación de dicha compañía, equivalente al triple del valor actual de esas propiedades en el mercado.

Pero parece que la realidad es bien diferente y pudiera darle un portazo en la cara a los reclamantes, porque la Carnival es una gran compañía que ha estudiado bien la conocida Ley de la Esclavitud y por eso George Fawler, uno de sus abogados declaró a la prensa:

“Esa demanda resulta una pérdida de tiempo, ya que los demandantes no se fijaron en una de las cláusulas de la Ley Helms-Burton, que incluye una excepción para proteger las actividades comerciales relacionadas con viajes a Cuba, siempre que estos hayan sido autorizados por el Gobierno. La ley es clara y si el viaje fue permitido, la Helms-Burton no se aplica”.

Precisamente, las compañías de cruceros estadounidenses poseen la autorización correspondiente del Departamento de Tesoro para realizar viajes a la Isla y ese litigio legal será bien complicado y costoso para los “herederos”.

Por otra parte, el Departamento de Justicia ha informado que su Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras (FCSC), tiene certificadas 5 mil 913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses, las que fueron valorizadas en  mil 902 millones de dólares al momento de la expropiación, pero de ellas solo 817 tienen un valor original que supera los 50 mil dólares, uno de los requisitos exigidos por los tribunales federales para aceptar las demandas de compensaciones, bajo la Ley Helms-Burton.

Además de esa exigencia de avalar que el valor la propiedad sea mayor de 50 mil usd, la Comisión requiere que los demandantes demuestren que las misma tengan actualmente un uso comercial y no sea locales ocupados por una embajada o residencia diplomática.

Para iniciar la demanda hay que presentar el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran realmente los dueños en el momento de la nacionalización; depositar una cuota de 6 mil 700 dólares en el Tribunal Federal, y poseer la certificación de la Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia.

Igualmente, el demandante estará obligado a demostrar las empresas que supuestamente ahora “lucran” con sus ex propiedades y estar seguros que también posean negocios en Estados Unidos, a lo que se suma el alto costo de los abogados que deben representarlos en un largo proceso legal.

Ante leyes inmorales como esta, recordamos a José Martí cuando denunció con fuerza:

“…toda ley que lo que degenera se hace crítico, luego pasa a ser cínico”.

 

 

 

Finalmente, los yanquis se dieron cuenta de que perdían dinero.


Por Arthur González

Los yanquis han tardado casi medio siglo para darse cuenta que anualmente perdían millones de dólares, en alimentar a una contrarrevolución dentro de Cuba que nadie apoya, ni respalda.

De eso acaba de enterarse el presidente Donald Trump, quien de política no sabe nada, pero contar dinero sí.

Por tal motivo, le ha dado un recorte profundo a los 20 millones que todos los años aprueba la Casa Blanca, para acciones de subversión en Cuba bajo el edulcorado título de: “promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”.

Se sabía perfectamente que una gran parte de ese dinero iba a parar a los bolsillos de la mafia terrorista anticubana de Miami y solo algunos miles de dólares llegaba a los llamados “disidentes” dentro de la Isla, quienes lo emplean en comprarse nuevas casas, ropas costosas y pasar sus vacaciones en hoteles de lujo en las mejores playas cubanas.

Barack Obama fue el presidente que más dinero autorizó para la subversión contra la Revolución, y en sus ocho años malgastó 120 millones de dólares, sin obtener los resultados soñados de ver destruido el socialismo.

El propio Jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, lo informó en uno de sus informes secretos enviados al Departamento de Estado y a la CIA, con la referencia: 09HAVANA221 – ID:202438, fechado el 15 de abril del 2009, donde afirmaba:

“…No es probable que el movimiento disidente tradicional pueda reemplazar al gobierno cubano… es preciso que busquemos en otra parte, incluso dentro del propio gobierno, para identificar a los más probables sucesores del régimen de Castro. […] No vemos plataformas diseñadas para llegar a amplios sectores de la sociedad cubana, sino que más bien dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del día a día, de los principales organizadores y sus seguidores…”

Trump, al parecer influenciado por sus dos ancianos asesores, Elliott Abraham y John Bolton, apuesta por aplicar más sanciones económicas contra Cuba, al considerar que es el “camino correcto” para ver realizados los sueños que doce administraciones yanquis no pudieron materializar.

Quienes están remordiéndose los hígados y tratando de que Trump reevalúe su decisión, son los congresistas de la mafia terrorista anticubana, Marco Rubio, Bob Menéndez y Mario Díaz-Balart, quienes junto a Mike Pompeo, Elliott y Bolton, pudieron obligarlo a declarar que autorizará la puesta en vigor del Capítulo III de la conflictiva Ley Helms-Burton, aunque solo logrará buscarse más problemas con los aliados europeos, sin poder hacer nada efectivo contra la economía de la Isla.

El primero en quejarse fue el senador Marco Rubio, quien expresó de inmediato: “Esto demuestra la gran desconexión que existe entre las personas que llevan el presupuesto del Estado y los encargados de hacer efectivas las políticas del Presidente”.

El corte de tijeras ha dejado solo 6 millones de dólares para “promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”, cifra que les apretará el cinto a los que en Miami llevan 60 años prometiendo “derrumbar a Fidel Castro” y nunca lograron sus propósitos.

Envalentonados con las medidas de guerra económica y sabotajes ejecutados contra Venezuela, los mafiosos anticubanos Marco Rubio y Bob Menéndez, presentaron el pasado 12 de marzo 2019 ante el Congreso, un proyecto de ley para prohibir el reconocimiento ante los tribunales de Estados Unidos, de todas las marcas comerciales cubanas que pudieran estar vinculadas con propiedades nacionalizadas después de 1959.

Parece que esa será línea de acción de los yanquis contra Cuba, olvidándose que, desde la aprobación de la Operación Mangosta, madre de la guerra económica contra el pueblo cubano aprobada el 18 de enero de 1962, por el presidente John F. Kennedy, pasando por la Ley Torricelli y la Helms-Burton, nunca obtuvieron el éxito añorado.

Quizás por sus años y la falta de estudios de la historia, Marco Rubio no recuerde los constantes fracasos que obtuvieron los gobiernos de turno en Estados Unidos y ahora pretende que Trump se sume a la lista de los incompetentes Presidentes que prometieron la caída de Castro, sin poder disfrutarlo.

Por esa razón, presentan la nueva ley que aspira a prohibirle a los tribunales de Estados Unidos, “el reconocimiento o la validación de cualquier derecho por parte de un individuo o compañía que haya registrado una marca, o los activos de la misma, siempre que estén relacionadas de alguna manera con propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959, a menos que el propietario original de la marca lo haya consentido expresamente”.

Ingenuo Marco Rubio que no sabe que Cuba también puede impedir que las marcas estadounidenses que tienen aún licencias comerciales, se distribuyan en la Isla como son Coca Cola, Pepsi Cola, Gillette y muchas más, que perderían su valor en un mercado de 11 millones de personas, que, aunque no muy grande, si representa la posibilidad de ventas para esas compañías.

De todas formas, por la guerra económica, comercial y financiera aplicada brutalmente contra Cuba, los productos cubanos no circulan en Estados Unidos.

Por tanto, ese proyecto de ley no sería efectivo en estos momentos, ni en el futuro inmediato, y el auténtico ron Havana Club y los famosos puros cubanos confeccionados con el mejor tabaco del mundo, seguirán siendo consumidos por aquellos yanquis que viajen a la Isla bajo una licencia, o comprándolos en el mercado negro que existe allá, para esos deseados productos cubanos.

Siempre recordamos a José Martí cuando dijo:

“Los negocios tienen sus rufianes, sus fanáticos y sus calaveras”.

Los yanquis cegados por su prepotencia.


Por Arthur González.

Quienes desconocen la historia están condenados al fracaso y así les sucede a los yanquis con Cuba, porque su prepotencia imperial no les permite mirar atrás y sacar balance de sus 60 años de fracasos y cientos de miles de millones de dólares malgastados en planes y operaciones especiales, que ninguna ha podido derrotar a la Revolución socialista que tanto les molesta.

Ahora Cuba es dirigida por una nueva generación de hombres y mujeres nacidos después de 1959, los que, guiados por el ejemplo, sabiduría y experiencia de los líderes históricos en las victorias alcanzadas contra el imperio más poderoso del mundo, encaminan a la nación por la misma senda socialista, pero con el modelo actualizado acorde a las nuevas circunstancias.

El actual gobierno de Estados Unidos, embriagado por los cambios de líderes de izquierda en Latinoamérica, sueña con destruir a la Revolución, olvidándose que peor que las nuevas sanciones que acaban de imponer, fue la pérdida del campo socialista europeo, pues el comercio de Cuba con esos países alcanzaba el 85 % y a pesar de aquel durísimo golpe, el pueblo cubano resistió y mantuvo las conquistas alcanzadas en salud, educación, deporte, cultura y seguridad social.

Tal parece que el presidente Donald Trump, carente de experiencia política, no se da cuenta que sus principales asesores, John Bolton y Elliott Abraham, son dos ancianos que solo aplican políticas arcaicas que nunca dieron resultados contra Cuba.

De forma permanente acusaron a la Isla de estar dirigida por dirigentes de más de 75 años y ahora son ellos los que mantienen un equipo de trabajo integrado por personas de la tercera edad, que no quieren darse cuenta de que el mundo cambió y las políticas de terror y fuerza no funcionan con los cubanos, solo aumentan el repudio y rechazo a los yanquis.

Ni la ruptura de relaciones de Washington con La Habana en 1961, ni el aislamiento diplomático aplicado con el apoyo de la desprestigiada OEA en 1962, ni la guerra económica, comercial y financiera impuesta por el presidente J. F. Kennedy ese mismo año, con el sueño de ver al pueblo lanzándose a las calles contra Fidel Castro, ni la guerra biológica que desarrolla la CIA contra seres humanos, la flora y la fauna de la Isla, ni los criminales planes de terrorismo de Estado, les dieron resultado.

Tampoco tuvieron éxito con la invasión mercenaria organizada con cubanos residentes en Miami y derrocada en solo 67 horas, ni obtuvieron efectos favorables con la Ley Torricelli de 1992, la execrable Ley Helms-Burton de 1996 y menos aún con el Programa de Transición de 2004 aprobado por George W. Bush, quien limitó el dinero de las remesas familiares, el envío de regalos y la visita de cubanos a sus familiares. Ninguna de ellas destruyó el socialismo criollo.

Por el contrario, los cubanos y cubanos vieron al imperio como el único responsable de sus penurias y se unieron aún más entorno a Fidel, que los siguió ayudando como no hizo presidente alguno desde 1902 hasta 1959.

Ahora el “abuelito” John Bolton, propuso poner en marcha lo que ningún mandatario norteamericano hizo antes, aprobar la ejecución del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el débil William Clinton, quien se dejó presionar por la mafia terrorista asesina de Miami, entregándole al Congreso el poder de decisión sobre el Bloqueo Económico contra Cuba, sin percatarse que tal acción debilita el poder del Presidente.

Ese Capítulo es la prueba fehaciente del carácter extra territorial de las leyes que Estados Unidos aplica contra Cuba y será rechazado nuevamente por el mundo, cuando se presente la resolución cubana ante la Asamblea General de la ONU contra el Bloqueo.

Como reconoció el hábil y edulcorado presidente Barack Obama en 2017:

“Décadas de aislamiento de Cuba por parte de EE.UU. no han conseguido nuestro perdurable objetivo de promover el surgimiento de una Cuba estable, próspera y democrática. En determinados momentos, esta política de larga data de los EE.UU. en relación con Cuba, provocó un aislamiento regional e internacional de nuestro país, restringió nuestra capacidad para influenciar el curso de los acontecimientos en el hemisferio occidental e imposibilitó el uso de toda una gama de medidas que Estados Unidos puede utilizar para promover un cambio positivo en Cuba”.

Si ahora Trump cree que va a doblegar al pueblo cubano, vuelve a errar, porque cada golpe que le dé a Cuba será como golpear a una estaca en la tierra que, al penetrar más, es mucho más difícil de sacar.

Para los jóvenes cubanos nacidos posterior a la década de los años 90 del siglo XX, que no conocieron las penurias sufridas por sus padres y abuelos, esta nueva artimaña de los yanquis será la mejor escuela, que les demostrará quienes son en verdad los que dicen desear “la libertad” y “el bienestar” del pueblo.

Cada nueva acción que Estados Unidos lleve a cabo contra la Revolución, es una cuota adicional de odio que inyectan en el pueblo cubano, y como todas las medidas anteriormente impuestas durante los últimos 60 años, irán a parar al basurero de la historia, mientras los cubanos buscarán con su ingenio, nuevas fórmulas para seguir viviendo siempre con la mejor sonrisa, su música contagiosa y entre todos construyendo un mundo mejor, a pesar de las dificultades cotidianas causadas por las sanciones yanquis, a los que siempre verán como los máximos responsables de sus problemas.

Siempre hay que recordar a José Martí cuando aseguró:

“Anchas tumbas se construyen con sus propias manos las maldades”