Cuba un hueso duro de roer.


Por Arthur González.

Los yanquis no acaban de comprender que la Revolución cubana es apoyada por la mayoría del pueblo debido a los beneficios sociales, económicos y políticos alcanzados desde 1959, a pesar de las múltiples medidas impuestas por Estados Unidos que afectan directamente a los ciudadanos, con el propósito de que culpen al gobierno y al sistema socialista de las penurias que enfrentan día a día.

Este año 2019 la actual administración de Donald Trump, asesorada por miembros de la mafia terrorista anticubana de Miami, impuso numerosas sanciones a Cuba y a todos aquellos países y entidades comerciales y financieras que mantienen negocios con la Isla, aplicando con saña los principios de la Operación Magosta, aprobada en febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy, que dicen:

“La operación está dirigida a provocar una rebelión del pueblo cubano. La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país, las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen, y las de tipo militar darán al movimiento popular un arma de acción para el sabotaje y la resistencia armada en apoyo a los objetivos políticos”.

En su desesperado objetivo de destruir a la Revolución, Trump decidió llevar a cabo sanciones inverosímiles que afectan los intereses de terceros países, para mediante el terror y el chantaje impedir el desarrollo económico de la Isla y matar por hambre y enfermedades a su población, pero su ignorancia histórica no ha tomado en cuenta que Cuba es un hueso muy duro de roer, por la unidad y resistencia que caracteriza a sus hombres y mujeres.

Locura despiadada e inhumana rechazada por casi todos los miembros de la ONU, violatoria de los manipulados derechos humanos, palpable en las sanciones impuestas y reforzadas como nunca antes este año 2019.

Entre esas irracionales acciones están:

La decisión tomada en marzo 2019 de modificar el otorgamiento de las visas B2 (para turismo y visitas familiares), a una sola entrada y validas por tres meses, eliminando las visas múltiples por 5 años, que permitían un mayor contacto familiar. Tener en cuenta que desde septiembre del 2017 los cubanos tienen que viajar a un tercer país para solicitar las visas, lo que incrementa los gastos de este trámite por cerrar el consulado en La Habana.

La persecución comercial fue más patentizada en abril 2019, cuando el Departamento del Tesoro impuso sanciones a dos compañías y dos petroleros que habían llevado crudo desde Venezuela a Cuba, desde fines de 2018 hasta marzo de 2019.

A las sanciones fueron a la compañía Monsoon Navigation, con sede en las Islas Marshall, propietaria registrada del petrolero Ocean Elegance, y a Serenity Maritime, con sede en Liberia y propietaria del buque León Días. Además, a otros tres buques de la Jennifer Navigation, Lima Shipping y Large Range, con base en Liberia, que según el Tesoro facilitaron las entregas de crudo o productos petroleros de Venezuela a Cuba durante febrero y marzo.

Igualmente sancionaron a la compañía PB Tankers, con sede en Italia y a seis de sus petroleros, después de que el Tesoro dijo que facilitó una entrega de productos petroleros desde Venezuela a Cuba en marzo.

La más reciente sanción fue impuesta el 3 de diciembre cuando castigó a otros seis buques, con el propósito de paralizar la economía cubana.

En el mismo mes de abril, cancelaron el acuerdo alcanzado a finales del 2018 entre las Grandes Ligas del béisbol estadounidense y la Federación Cubana, para imposibilitar que los peloteros de la Isla puedan jugar sin perder sus derechos en Cuba y percibir sus pagos de forma oficial.

El 2 de mayo se oficializó la aplicación del Título III de la infame Ley Helms-Burton, acción anunciada el 17 de abril, por Mike Pompeo, secretario de Estado, lo que permite demandar a empresas extranjeras que invierten en Cuba, con el fin de atemorizar a los inversionistas en propiedades nacionalizadas después de 1959.

Un nuevo golpe se produjo el 5 de junio, al prohibir los viajes educativos grupales del programa pueblo a pueblo, de ciudadanos estadounidenses a Cuba, pues tienen prohibido desde los años 60 visitar la Isla como turistas. Junto a esa medida vetaron la entrada a la Isla de embarcaciones recreativas y de pasajeros, incluidos cruceros y yates, aeronaves privadas y corporativas. El propósito es cortar la entrada de divisas.

En julio, sancionaron a la empresa Cubametales, importadora de petróleo, principalmente desde Venezuela.

En junio, el Departamento de Estado, en su Informe sobre la Trata de Personas de 2019, denigró la cooperación médica internacional de Cuba. Por esa razón, en julio anunciaron las restricciones de visas para funcionarios vinculados a las misiones médicas cubanas en el exterior, como parte de las campañas para cortar la entrada de dinero por la vía de la colaboración médica, uno de los programas más humanos que salva vidas en lugares donde sus pobladores nunca habían contado con asistencia en materia de salud.

Así mismo, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), destinó 3 millones de dólares para proyectos dirigidos contra las brigadas médicas de Cuba en el exterior.

Como resultado de esa persecución yanqui contra la entrada de divisas a Cuba, Ecuador y Bolivia se vieron forzadas a romper los acuerdos firmados para los programas de cooperación. En Brasil, por las campañas contra los médicos, Cuba tomó la decisión de retirar a su personal de la salud.

Cuba denunció el 1 de octubre, que Estados Unidos le denegó las visas a los miembros de su delegación que participarían en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.

El desvarío de Trump continuó y 9 de octubre puso en vigor regulaciones al envío de remesas familiares, autorizando un máximo de mil dólares cada tres meses, algo retomado de la administración de George W. Bush.

Ese mismo día puso fin a las transacciones U-turn para Cuba, transferencias de fondos que pasan a través de bancos estadounidenses, aunque no inician ni culminan en Estados Unidos y en las que ni el emisor ni el receptor están bajo jurisdicción yanqui.

El 21 de octubre de 2019 entraron en vigor nuevas Regulaciones para la Administración de Exportaciones (EAR), aprobadas por el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Tesoro, con el objetivo de restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba.

Las principales disposiciones fueron:

  • Denegar licencias para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas. Las aeronaves y embarcaciones no son elegibles para la excepción de licencias, si son utilizadas en modalidad de chárter por nacionales cubanos o un de Estado Patrocinador del Terrorismo, o si son arrendados por estos.
  • Imponer nuevamente a Cuba la regla de denegar cualquier reexportación a Cuba de artículos extranjeros, que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses.
  • Revisión de la excepción de la Licencia “Apoyo al Pueblo Cubano” para que no se puedan realizar determinadas donaciones al gobierno de Cuba ni al Partido Comunista de Cuba.
  • Eliminación de la autorización para la exportación de artículos promocionales que “benefician generalmente al gobierno de Cuba”.
  • Limitar la exportación de bienes solo a aquellos que faciliten el libre flujo de información entre el pueblo cubano.
  • Prohibir a compañías y ciudadanos estadounidenses comprar artículos de promoción del sistema político cubano, aunque se permitirá su adquisición si proviene del sector privado.
  • Incluir una excepción en la normativa vigente que permite donaciones de material científico, cultural y educativo destinado a apoyar al pueblo cubano, para que ni el Ejecutivo ni el Partido Comunista de Cuba, puedan beneficiarse de tales concesiones.

En octubre también se anunció que, a partir del 10 de diciembre, las aerolíneas estadounidenses solo pueden realizar rutas al aeropuerto internacional de La Habana, suspendiendo los vuelos a Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

El Departamento del Tesoro dio a conocer durante el primer trimestre de 2019, que el banco Standard Chartered, con sede en el Reino Unido, tendrá que entregar mil 100 millones de dólares de multa, por violar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba.

El 11 de abril 2019 informó que el Grupo británico Acteon, proveedor de servicios submarinos a la industria de petróleo y gas, deberá desembolsar 227 millones de dólares por acusaciones similares.

El banco francés Société Générale S.A. (SocGen) fue demandado el 11 de julio 2019 en Estados Unidos, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, a un pago de 792 millones de dólares, por los actuales herederos cubanos del Banco Núñez, nacionalizado por el Gobierno en 1960.

Dicha entidad francesa había pagado una multa en noviembre de 2018, ascendente a mil 340 millones de dólares, a varias entidades estadounidenses por violar las sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano contra Cuba.

La institución bancaria suiza, PostFinance, anunció el 1ro de septiembre la cancelación de sus operaciones de pago a clientes en Cuba, ante las presiones de Estados Unidos por utilizar dólares estadounidenses en sus transacciones. Esa decisión afecta a organizaciones como MediCuba, que abastece de materiales al sistema de Salud Pública nacional, al verse impedida del empleo de ese canal para el pago de contratos con entidades privadas y públicas en Suiza.

En su obstinación enfermiza por afectar la entrada de dinero a Cuba, en noviembre 2019 la plataforma de reservas hoteleras Trivago, dejó de ofertar varios hoteles de Cuba, presionada por el gobierno yanqui, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, encontrándose entre ellos el Tryp Habana Libre, varios de la cadena española Meliá, ubicados en Varadero, Holguín, y en los cayos Coco, Guillermo y Santa María, además de otros de las cadenas Iberostar y Barceló.

También fue notificada la empresa Expedia y Booking y sus respectivas filiales y asociadas, para que pongan fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba. La agencia de viajes en línea Expedia, acordó pagar una multa de 325 mil 406 dólares al gobierno de Estados Unidos.

La persecución inclemente de Estados Unidos y su irritación por sus fracasos contra Cuba, hizo que el 26 noviembre el Departamento del Tesoro impusiera una sanción a la Corporación Panamericana cubana, por funcionar como intermediaria en la compra de petróleo venezolano y medidas adicionales a las ya impuestas en el mes de julio, contra la empresa cubana Cubametales debido a su intercambio comercial petrolero con Venezuela.

La consecuencia de esta medida fue la congelación de los activos que la Corporación Panamericana pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohibieron todas las transacciones financieras con entidades estadounidenses.

Por idénticos motivos, el 10 de diciembre 2019 la firma Allianz Global Risks U.S. Insurance Company, aseguradora de daños a la propiedad con sede en Chicago, y subsidiaria de propiedad total de Allianz SE, un proveedor de servicios financieros alemán, pagará 170 mil 535 dólares por aparentes violaciones del bloqueo financiero a Cuba. Información difundida por el Departamento del Tesoro, AGR US opera AGR Canadá, como una sucursal en Toronto, gestionó pólizas de seguro de viajes desde agosto de 2010 hasta enero de 2015, que incluyeron cobertura ocasional relacionada con visitas de residentes canadienses a Cuba.

De igual forma, la firma suiza Chubb Limited, entidad legal sucesora de la antigua ACE Limited, que brindaba servicios de seguros y reaseguros para clientes comerciales e individuales en todo el mundo, pagará 66 mil 212 dólares por aparentes violaciones del Bloqueo a Cuba.

El 4 de noviembre se publicó la Determinación Presidencial número 2020-02-2019, relacionada con los esfuerzos de gobiernos extranjeros sobre el tráfico de personas. En esa regulación, Trump declara que “Estados Unidos no proveerá asistencia no-humanitaria, comercial, ni permitirá el financiamiento para la participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba”. O sea, se prohíbe uso de dinero federal para intercambio cultural.

El Departamento de Estado el 15 de noviembre amplió su lista negra de sanciones, con cinco nuevas entidades hoteleras cubanas con las que se prohíbe realizar cualquier tipo de transacciones financieras directas.

Estas son: el Gran Hotel Bristol Kempinski (aun sin construir), el Grand Aston Varadero Resort, el Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, Gran Muthu Imperial Hotel y Gran Muthu Rainbow Hotel.

La impotencia por sus 60 años de fracasos, los hace tomar medidas disparatadas para aislar financieramente al régimen cubano”, como afirmara el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sin percatarse que cada día logran más repudio entre el pueblo cubano, verdadera víctima de sus políticas criminales e inhumanas, que resiste unido estoicamente para mantener su independencia y soberanía, porque como aseguró José Martí:

“La fuerza común se alza contra la fuerza tiránica”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España, intereses comerciales versus intereses políticos.


Por Arthur González.

Mucho se habla de democracia, respeto a los derechos humanos, leyes internacionales y pactos, pero fundamentalmente es para criticar y sancionar a gobiernos no aceptables para los Estados Unidos, mientras ese país y sus aliados hacen y deshacen sin que nadie los pueda señalar.

Uno de esos es España, cuyo sector empresarial asume posiciones favorables a las relaciones comerciales con Cuba, desafían la guerra económica, comercial y financiera impuesta desde hace 60 años por la Casa Blanca, mientras el gobierno se pliega a los dictados yanquis, aunque lo haga de forma más solapada, pero con idénticos fines.

Así las cosas, el pasado 25 de noviembre la embajada española en La Habana, convocó a un grupo de contrarrevolucionarios, financiados por Estados Unidos para ejecutar actos provocativos contra el gobierno cubano, con el propósito de sostener un encuentro “discreto”, situación que desde hace algunos años no se efectuaba, según publicó el sitio digital CiberCuba, creado y sufragado con dinero de los Estados Unidos.

El contenido del encuentro no fue divulgado a pedidos de los diplomáticos españoles, pero pudiera haber sido para disculpar al Rey por no haber sostenido una reunión con ellos, algo que los yanquis estuvieron exigiéndole a la Corona antes de su visita a la Isla, la primera en 500 años.

En ese sentido se destacó el senador Marco Rubio, quien envió una carta el Rey Felipe VI, exigiéndole que abogara en Cuba por “los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos y la libre expresión”, de ahí la actitud que asumió durante la cena ofrecida al presidente cubano, donde pretendió darle lecciones de democracia, mientras en España se apresaba y sancionaba por sedición, a los catalanes que exigen la independencia de Madrid.

La sede diplomática de España ha dado apoyo material, financiero y moral a los contrarrevolucionarios creados por Estados Unidos, desde los años 80, como parte de su visión cercana a los yanquis, tal y como hizo en los años 60 cuando Jaime Caldevila García del Valle y su secretaria, Carmen Jiménez Gómez, ambos miembros de la inteligencia española, asumieron la atención de algunos agentes de la CIA después del cierre de la Estación Local, producto de la ruptura de relaciones diplomáticas de Washington con La Habana, el 3 de enero de 1961.

Por su actividad de espionaje en 1966 el “diplomático” fue expulsado de Cuba.

Cuba representa para España una plaza importante para sus negocios y el empresariado desafía las sanciones establecidas en la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso yanqui como herramienta para sumir al pueblo cubano en la miseria y que este culpe al socialismo de sus penurias.

Sin embargo, su política ligada a la OTAN, la Unión Europea y sobre todo a los Estados Unidos, hace que mantengan la misma línea de señalamientos a las campañas fabricadas por Washington, sobre las inventadas violaciones de los derechos humanos y la falta de libertades, a pesar de que sus diplomáticos conocen perfectamente que en la Isla no ocurren represiones como se observa en otros países, y la contrarrevolución es sufragada desde el exterior, incluso desde España.

Un claro ejemplo de esto es la negativa del gobierno español a extraditar a Cuba a un individuo que tiene causa legal abierta por el delito de tráfico de personas, encubriéndolo por presiones políticas al calificarlo como “opositor al régimen”, algo bien diferente a lo que exigen respecto a los catalanes que permanecen en otros países europeos, a quienes acusan de sedición y malversación, desconociéndoles su condición de perseguidos políticos, además de la brutal represión que ejecutaron contra los que exigían la independencia en las calles y plazas.

También defienden a los contrarrevolucionarios que calumnian e injurian a los gobernantes cubanos, algo que la ley española sanciona con pena de prisión de seis meses a dos años, si es sobre el Rey, la Reina y su familia.  Para aquellos que se les ocurra afectar el prestigio de la Corona, la ley les impone fuertes multas.

Con Cuba todo es distinto, y un caso más que evidente es el de la española Elena Larrinaga, miembro del Partido Popular y directora del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, construido y costeado por los yanquis, solo para mentir deliberadamente contra el gobierno de Cuba. A ella se le admiten todas sus declaraciones públicas y acusaciones falsas ordenadas desde Miami, sin que nadie la pare su carrera desenfrenada llena de odio hacia la Revolución.

Otro caso que prueba la doble moral española es el respaldo brindado al terrorista venezolano Leopoldo López, instigador y participante en los actos violentos contra instituciones oficiales, universidades y centros comerciales en Venezuela, además de su participación en el frustrado golpe militar a inicios del 2019, junto a Juan El Títere Guaidó.

López fue enviado años atrás al Instituto Lesch Walesa, en Polonia, junto a varios contrarrevolucionarios cubanos para recibir preparación de como subvertir el orden en las calles, crear partidos políticos y otras tácticas que la CIA puso en marcha en aquel país de Europa del Este, dentro de la línea de trabajo del Programa Democracia, aprobado bajo la administración de Ronald Reagan, durante su cruzada contra el sistema socialista.

A diferencia de lo que hace el actual gobierno golpista de Bolivia contra la embajada de México, por darle asilo político a funcionarios del gobierno del presidente Evo Morales, Venezuela no ejecuta ninguna acción de hostigamiento contra la sede de España, a pesar de que en la misma le permiten al contrarrevolucionario Leopoldo López, dirigir acciones subversivas contra el gobierno venezolano, como fue el reciente asalto a una unidad militar al sur del país por miembros de la llamada oposición, donde resultó muerto un militar venezolano.

La vida se encarga de juzgar esas acciones y el 1ro de enero de 2020 la Revolución cubana cumplirá 61 años, a pesar de los miles de millones de dólares empleados por los yanquis para destruirla, porque como aseguró José Martí:

“Lo que tiene razón de vivir trae consigo tal pujanza, que no hay preocupación, ley hostil o capricho pasajero que lo ahoguen”

 

Los oráculos de la economía cubana.


Por Arthur González.

No hay dudas que nadar fuera del agua o boxear desde las gradas, es mucho más fácil que estar dentro de las problemáticas reales de la vida, y así pasa con aquellos “eruditos” que sueñan fórmulas para que Cuba salga de la crisis y auguran la caída del socialismo por “ineficiente”.

Cuba es un país del tercer mundo, no favorecida con grandes recursos naturales, pero además con una guerra económica, económica, financiera y biológica por 60 años, como no ha sufrido ningún otro país del mundo.

¿Se pueden analizar los resultados económicos de Cuba sin tener presente la persecución implacable sobre aquellos que pretenden invertir en la Isla o realizar alguna transacción financiera, como sí pueden hacer China y Vietnam?

Recientemente la empresa The Havana Consulting Group, afirmó que “Cuba vive una de las crisis más profundas de su historia”, a la vez que avizora que “el segundo año de mandato de Díaz-Canel, será peor”. Sin embargo, en su diatriba no dice una sola palabra de las recientes sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, quien declaró públicamente que acabaría con el socialismo cubano y para eso todas las variantes serán aplicadas.

¿Qué estado del planeta puede mantener un sistema de educación y de salud gratuitas, seguridad social, la cultura, el deporte, su pequeña industria y los programas de investigación y producción científica, soportando tantas sanciones?

Resulta muy fácil proponer recetas que nunca serían viables por esas mismas sanciones impuestas por los yanquis, que desean a todo costo derrocar el socialismo y demostrar su inviabilidad para que nadie lo imite.

Para cualquier análisis objetivo y profesional, hay que tener en cuenta lo que realmente sucede desde que, en 1960, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, expuso las bases de esa criminal guerra económica:

El único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la Revolución es a través del desencanto y el desaliento, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba; negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Esa propuesta tomó cuerpo el 18 de enero 1962, cuando el presidente J, F. Kennedy, amargado por la aplastante derrota del ejército mercenario que envió a invadir Cuba en abril de 1961, aprobó el Plan Mangosta para destruir a la Revolución mediante una guerra económica.

Dicho Plan, que no escatimó dinero ni esfuerzos, expone textualmente:

La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país y las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen…”  

Paralelamente, para darle validez legal a ese tenebroso plan, el 6 de febrero de 1962 firmó el decreto No. 3447, Resolución federal No.1085, bajo el nombre de: “Embargo sobre el comercio con Cuba”.

¿Olvidan los oráculos las medidas que bajo ese “embargo” se toman contra la económica de la Isla?

Todos los activos cubanos en Estados Unidos fueron robados, incluidas las cuentas bancarias de las que han repartidos dinero a cuantas reclamaciones se han hecho, incluidas las amorosas; ejemplos sobran.

En 1992, con su alucinación de ver caer el socialismo cubano tras la desaparición del europeo oriental, el Congreso aprobó la “Ley para la Democracia en Cuba”, conocida como Ley Torricelli, que incluye más sanciones económicas.

A esa le siguió en 1996 la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática cubanas, llamada Ley Libertad o Helms-Burton, de la que recientemente el presidente Trump, liberó la aplicación del Título III, con el fin de sancionar a los inversionistas extranjeros.

Nada de eso los súper analistas toman en cuenta en sus fórmulas mágicas para sacar adelante la economía cubana. Tampoco mencionan la guerra biológica ejecutada por Estados Unidos para afectar la agricultura y la salud animal y humana.

¿Acaso la introducción de la Fiebre Porcina Africana, por agentes de la CIA en 1971, no afectó a cientos de miles de cerdos destinados a la alimentación del pueblo?  Qué dicen los adivinadores del daño causado por el Carbón de la caña azúcar, la Roya de la caña, la Seudodermatosis nodular bovina, el New Castle desplegado en Cuba y contaminado con un virus de Bronquitis infecciosa preparado en laboratorios yanquis, provocando cuantiosas pérdidas en la producción de huevos y aves.

A eso súmenle la Sigatoka Negra que atacó los cultivos de plátanos, la Tristeza de los Cítricos, la Broca del Café, el Moho Azul del tabaco, el Thrips-Palmi-Karmy, y más recientemente el Caracol Africano, que acaba con todos los cultivos y puede trasmitir enfermedades graves al ser humano, que se unieron a las epidemias de Meningitis y el Dengue Hemorrágico, matando a cientos de personas entre ellas niños.

En su informe The Havana Consulting Group, dice que Cuba no aprovechó las oportunidades que brindó el presidente Barack Obama, pero omiten que ese mismo presidente es el que más persecución ha desatado contra la banca internacional, por atreverse a ejecutar alguna transacción financiera con Cuba.

Antes de decir tal barbaridad, deberían saber que Obama impuso multas a los bancos por un valor de 14 mil 404 millones 358 mil 605 dólares, además autorizar la más alta cantidad de dinero para subvertir a la Revolución desde adentro, con 160 millones de dólares.

Esa guerra abierta de los yanquis aspira a la ruina de la economía cubana, por eso el informe de marras dice que existe hoy una disminución de las exportaciones, déficit creciente de inversiones de capital extranjero, incumplimientos sostenidos de los pagos de la deuda externa y con los suministradores habituales, unido a la disminución de la cifra total de entrada de turistas al país, excluyendo las sanciones recientes de Trump para afectar el turismo, el corte de la entrada de los cruceros, una profunda modificación de las licencias de viajes a la Isla y la amenaza de aquellos que consuman productos elaborados por empresas cubanas, señaladas en una larga lista negra.

Los entendidos de The Havana Consulting Group deberían leerse algunos informes elaborados por la CIA, Agencia que no se pueden tildar de comunista, ni favorable a la Revolución, donde se afirma claramente:

“…el principal objetivo de los programas encubiertos de EEUU contra Castro, es completar el aislamiento económico, político y psicológico de Cuba…Estas medidas han sido en buena parte responsables de las actuales dificultades económicas, pero pudieran adoptarse nuevas y eficaces medidas de guerra económica”.

A otros con el cuento de la economía neoliberal, pues el ejemplo de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador es suficiente para saber lo que le esperaría a Cuba si aplicase tales recetas.

Ante petulantes como esos que proponen cambios en Cuba, sin evaluar la política hostil de Estados Unidos, José Martí respondió:

“Una cosa es predicar y otra es poner por obra”

 

 

El porqué de la ley Helms-Burton.


Por Arthur González.

Para comprender las razones por las cuales el presidente William Clinton, aprobó la llamada Ley Helms-Burton en 1997, hay que buscar sus antecedentes en la cruzada contra el sistema socialista, ejecutada por el presidente Ronald Reagan en los años 80 del siglo XX.

Al asumir la presidencia el republicano Reagan, sus ideólogos se trazaron como meta la eliminación del socialismo en Europa, y de ahí nace su conocido Programa Democracia.

En mayo de 1981, en un discurso pronunciado en la Universidad de Notre Dame, afirmó:

“Occidente no frenará al comunismo, trascenderá al comunismo. No nos molestaremos en denunciarlo, lo eliminaremos como un triste y grotesco capítulo en la historia humana, cuyas últimas páginas están escribiéndose ahora”.

A principios de 1982, el presidente Reagan y sus consejeros claves, comenzaron a ejecutar la nueva estrategia para atacar las debilidades fundamentales, económicas y políticas, del sistema soviético, y según declaró Caspar Weinberger años después:

Adoptamos una estrategia abarcadora que incluyó la guerra económica, para atacar las debilidades soviéticas. Fue una campaña silenciosa, trabajando a través de aliados y utilizando otras medidas. Era una ofensiva estratégica, diseñada para cambiar el centro de la lucha de las superpotencias hacia el bloque soviético, incluso a la misma Unión Soviética”.

Una vez derrumbado el muro de Berlín y el desmoronamiento del socialismo en Europa del Este, le siguió la URSS en 1991, por eso todos los esfuerzos yanquis se centraron sobre Cuba, país que a pesar de la pérdida del 85 % de su comercio exterior con esos países, resistía estoicamente.

En su apetito por devorarse a la Revolución cubana, Estados Unidos arreció su guerra económica, comercial y financiera, de ahí que el presidente George Bush, firmara en 1992 la llamada Ley Torricelli, (“Ley para la Democracia en Cuba”), que según ellos era para promover un proceso de “Transición pacífica hacia la democracia”, pero a pesar de eso, Cuba se mantenía firme y soberana sin claudicar ante tantas agresiones.

Ninguna de las medidas subversivas diseñadas en aquellos años contra la Revolución, obtenían resultados, entre ellas la creación de la Fundación Nacional Cubano Americana; la Radio Martí, a la que le sumaron la TV Martí; la preparación e incitación a los grupúsculos contrarrevolucionarios desde la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para ejecutar actos de desobediencia civil; la estimulación de las salidas ilegales por aire y mar; unido a hechos terroristas para atemorizar a la población.

Ante esa realidad, el presidente Clinton aprueba por primera vez un programa de la USAID para Cuba, que justificara un millonario presupuesto para respaldar actividades de subversión político-ideológicas.

Sin los resultados esperados y ante un posible mejoramiento de las tensiones entre ambos gobiernos, la mafia terrorista anticubana organiza incursiones aéreas sobre La Habana, con el fin de provocar un incidente que permitiera una respuesta militar yanqui. Aquella etapa, culminó con el derribo de tres de las avionetas que participaban en la violación del espacio aéreo cubano.

Producto de las presiones de la mafia de Miami, el presidente Clinton firmó en 1996 la Ley Helms-Burton, (Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas), que tiene como objetivo reforzar aún más la guerra económica, comercial y financiera, entregándole al Congreso de Estados Unidos la decisión de levantar el llamado “Embargo”, lo que hasta ese momento era potestad del presidente.

Dicha Ley ataca también la inversión extranjera, que en esos momentos se fortalecía en la Isla, posterior a la reforma constitucional de 1992, unido a un conjunto de Leyes y Decretos Leyes que daban un cambio radical en la economía cubana, posibilitando salir de la grave crisis económica surgida de la pérdida del comercio con la URSS y Europa del Este.

Entre esos cambios estaban:

La despenalización de las divisas extranjeras; la legalización del trabajo privado; la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa; el reordenamiento de la Administración Central del Estado; la Ley Tributaria, la apertura del Mercado Agropecuario de oferta-demanda; el Mercado Industrial y Artesanal; la autorización de restaurantes y cafeterías privadas; una nueva Ley de Inversiones y la de Minas; de Aduana; el Reglamento del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras; además del Decreto Ley para regular la creación y organización de zonas francas.

Otra medida importante fue el desarrollo e incremento del turismo internacional y la asociación económica con empresas extranjeras.

Esa rápida e inteligente actuación del gobierno revolucionario cubano no fue prevista por los yanquis, quienes observaban desorientados el florecimiento económico de Cuba, a pesar de su guerra económica, comercial y financiera.

Ante ese nuevo escenario es que nace el engendro criminal de la Ley Helms-Burton, con sus 4 Títulos, siendo los más crueles el primero y el segundo, que establecen el “Fortalecimiento de las Sanciones Internacionales contra el gobierno de Castro”, y la “Ayuda a una Cuba Libre e Independiente”, ejecutados desde su aprobación en 1996.

El Título III está diseñado para asustar y ahuyentar a los inversionistas extranjeros, el que fue puesto en vigor en mayo del 2019.

El Título IV pretende excluir de los Estados Unidos, a los extranjeros que negocien con propiedades de norteamericanos confiscadas en Cuba.

La persecución económica y financiera es lo que realmente afecta al pueblo cubano, al sancionar con altas sumas de dinero a quienes ejecuten transacciones bancarias y comercien con Cuba.

Una vez más los yanquis perderán la partida contra un pueblo que defiende hasta con su sangre la soberanía alcanzada, porque como dijera José Martí:

“Una vez gozada la libertad, no se puede ya vivir sin ella”.

Permite Estados Unidos viajes a Cuba bajo licencias con fines subversivos.


Por Arthur González.

El Departamento de Estado continuará permitiendo que ciudadanos de Estados Unidos viajen a Cuba, amparados en una licencia que persigue objetivos subversivos, según información publicada en su sitio oficial.

La licencia titulada, “Apoyar la sociedad civil de Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades cubanas”, será admitida para que ciudadanos norteamericanos continúen viajando a la Isla, siempre que su finalidad sea la de:

Apoyar la sociedad civil de Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades del país, lo cual resultará en una interacción significativa entre el viajero y las personas de Cuba”.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades yanquis, los “intercambios deben desarrollarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción de los EE.UU., que favorezca dichos intercambios, siempre que su propósito sea la de promover las llamadas conexiones de pueblo a pueblo”. 

Tales viajes “contarán con un programa de actividades a tiempo completo, diseñado para incrementar el contacto con los cubanos, y que estos produzcan interacciones significativas entre el viajero y las personas de Cuba”.

Para garantizar ese objetivo, los grupos de estadounidenses que viajen a la Isla, “deberán estar encabezados por un empleado, consultor pagado o agente de la organización auspiciadora, que siempre acompañe a cada grupo en su viaje a Cuba, a fin de garantizar que todos los viajeros tenga un programa a tiempo completo de actividades de “intercambio educativo”, debiendo certificar que no sostengan contactos con personas o entidades que actúen en nombre de determinados funcionarios prohibidos del gobierno de Cuba, o ciertos miembros del Partido Comunista de Cuba”.

Un aspecto puntualizado por el Departamento de Estado yanqui y de estricto cumplimiento por los agentes de viajes, es que tienen ajustarse al requisito contemplado en la licencia “Apoyar la sociedad civil de Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades cubanas”, el cual establece claramente que “los viajes a Cuba solo se autorizan, siempre y cuando sus actividades sean con organizaciones reconocidas defensoras de los derechos humanos; una organización independiente diseñada para promover una transición rápida y pacífica a la democracia o, con personas y organizaciones no gubernamentales, siempre que promuevan actividades independientes, con la intención de fortalecer la sociedad civil en Cuba”. 

Otro de los elementos a consumar es que “el programa de actividades del viajero no puede incluir tiempo libre, ni de recreo en exceso de lo normal para un programa a tiempo completo”.

Este elemento deja por sentado que están prohibidas las actividades de placer y recreo, o sea turísticas.

Todas las gestiones en Cuba tienen que ser con trabajadores no estatales, tales como el alojamiento, transporte y la alimentación.

La mencionada licencia se estableció bajo la administración de George W. Bush, quien dio luz verde al plan de la “Comisión para la Asistencia de una Cuba Libre”, más conocido como Plan Bush, aprobado en mayo del 2004, que pretendía acelerar la “Transición pacífica de Cuba hacia la democracia”.

El Plan Bush, aceleró un conjunto de medidas para estrangular la economía cubana, incrementándose las multas impuestas por la OFAC, a las entidades financieras que sostenían relaciones con la Isla y a ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba.

Limitó las visitas familiares de cubanos residentes en Estados Unidos, a una cada tres años y recortó el monto anual de las remesas a mil usd, cifra vuelta a imponer por el presidente Donald Trump.

En esa época, Bush revitalizó la Ley Helms-Burton con sus Títulos III y IV para amedrentar a los inversionistas extranjero.

A pesar del recrudecimiento de las sanciones económicas, permitió viajes con fines subversivos, con el sueño de provocar el derrocamiento del sistema desde adentro, para lo cual incrementó el apoyo a los grupúsculos contrarrevolucionarios, muchos de ellos abastecidos e instruidos por viajeros estadounidenses que ingresaban a Cuba, amparados en la licencia para “Apoyar a la “sociedad civil” de Cuba, como sucedió el 20 de mayo del 2005 cuando la asalariada del gobierno de Estados Unidos, la contrarrevolucionaria Marta Beatriz Roque Cabello, orientada por los yanquis, fomentó en La Habana una supuesta reunión de la “Asamblea Nacional para Promover la Sociedad Civil”, con varios invitados extranjeros y la presencia fiscalizadora del entonces Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason.

La Revolución cubana tiene suficiente experiencia en esos menesteres y las autoridades competentes, de conjunto con el pueblo, sabrán detectar los intentos subversivos e impedir actos provocativos contra la integridad de la nación, porque como dijera José Martí:

“Quien bien vela, todo se le revela”

Los yanquis insisten en asustar a quienes inviertan en Cuba.


Por Arthur González.

La táctica de asustar a los que se acerquen a Cuba ya cumplió 60 años y los resultados no se ven, aunque los yanquis repiten sus viejas amenazas con la pretensión de ahogar la economía de la Isla, para después culpar al sistema socialista.

Con la puesta en marcha del Título III de la execrable Ley Helms-Burton, aprobada por el presidente Bill Clinton en 1996, Donald Trump pretende alcanzar los votos de la Florida, en su aspiración a la reelección de 2020, sin percatarse que cada año son menos los cubanos que sostienen posiciones reacias a las relaciones con Cuba, pues la composición de la emigración ha cambiado sustancialmente, y ya no son mayoría los testaferros del régimen del dictador Fulgencio Batista.

No obstante, el objetivo de Trump y sus ancianos asesores, es incrementar la guerra económica y financiera contra la Revolución cubana, método seleccionado contra todos los países que se oponen a someterse a sus designios.

Para asustar a los inversionistas extranjeros que desafían las sanciones yanquis, entre ellos los españoles que apuestan por el desarrollo turístico en la Isla, un grupito de los lacayos en Madrid, financiado por Estados Unidos, bajo el nombre de Mesa de Unidad Cubana (MUC), presentarán una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, contra empresas españolas y europeas que, “en complicidad con la dictadura cubana, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista en pleno siglo XXI”.

La MUC declaró que esas empresas europeas “violan e ignoran” las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Directrices de la OCDE en materia de responsabilidad corporativa, así como derechos fundamentales recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU o principios fundacionales de la propia UE.

El artificial argumento no es nuevo y solo persigue el interés de crear un ambiente enrarecido contra empresas de prestigio como Meliá, Iberostar y otras, que ignoran las amenazas yanquis.

En 1995 los cubanos radicados en Miami, Rolando Castañeda y George Plinio Montalván, quienes laboraban en el Banco Interamericano de Desarrollo, dieron a conocer un grupo de “Principios” para promover los derechos humanos en Cuba y prácticas “justas de empleo y pagos”.

Tales principios fueron bautizados como “Principios Arcos”, en homenaje al contrarrevolucionario Gustavo Arcos Bergnes, quien dirigía el grupúsculo Comité Cubano de Derechos Humanos en Cuba.

Según ellos, los principios eran para que las empresas extranjeras que abrían sus negocios en Cuba, los acogieran voluntariamente para seguir prácticas de “igualdad y justicia en el pago y la contratación de empleados, sin discriminación por consideraciones políticas, sexuales, religiosas o de edad”.

También planteaban “eliminar los expedientes laborales, los acumulativos escolares, informaciones sobre antecedentes morales, conducta social, la participación en organizaciones políticas y promover la contratación directa sin limitaciones”, todo basado en la llamada Ley Torricelli

En 1992 Cuba inició un programa de medidas económicas para enfrentar la pérdida de sus relaciones comerciales y financieras con el extinto campo socialista y la URSS.

Ese programa de reformas abarcó entre otras, la despenalización de la tenencia de divisas, fijó el marco legal para el trabajo no estatal, se crearon las Unidades Básicas de Producción Cooperativas, introdujo el sistema tributario, la apertura del Mercado Agropecuario con precios de oferta-demanda, autorizó establecimientos de centros privados para la elaboración y venta de alimentos y bebidas, se aprobó una nueva Ley de Inversión Extranjera, que incluía la participación hasta de un 100% de capital extranjero, y un Decreto Ley para la creación de zonas francas.

Ante esos cambios en Cuba el enemigo convulsionó de rabia, al no ver cumplidos sus sueños de destruir el socialismo como en Europa del Este; solo le quedaba fortalecer la persecución económica y financiera, sumándole las amenazas a los inversionistas extranjeros que apostaban por sus negocios en el país.

Ninguna de esas presiones dio resultados. La inversión extranjera creció rápidamente, importantes empresas se decidieron por el mercado cubano y las dedicadas al turismo desafiaron las intimidaciones y sanciones de Estados Unidos.

La vida les dio la razón y hoy compañías españolas son líderes en la industria hotelera, algo que los estadounidenses hubieran podido hacer, sino fuera por la obstinación de sus gobernantes que prohíben hasta las visitas a Cuba.

La llamada MUC debería luchar por los derechos de los trabajadores españoles, rebajar las tasas impositivas, el derecho de las mujeres a ser tratadas igual que los hombres, la discriminación que existe con los inmigrantes, ampliar las oportunidades de trabajo en ciudades que en pocos años parecerán pueblos fantasmas ante la huida de sus habitantes en busca de fuentes laborales, luchar contra la corrupción administrativa que corroe su sociedad, recortar los privilegios financieros que tiene la monarquía sin trabajar y otros problemas que enfrenta el ciudadano común español.

Cuba hizo una Revolución social para rescatar a sus trabajadores y campesinos de la opresión de las empresas norteamericanas, lograr una jornada laboral de 8 horas, eliminar la discriminación racial, por sexo y posición económica imperante, otorgarles derechos a las mujeres a un salario igual al de los hombres por el mismo trabajo y el derecho a una seguridad social para todos.

Hoy las cubanas cuentan con leyes que las benefician durante su gestación, otorgándoles licencias pagadas hasta un año después del parto, con posibilidades de extensión otro año más, sin retribución, manteniéndoles su puesto de trabajo, una licencia de maternidad pagada que permite que el padre, o lo abuelos, atiendan a los recién nacidos, mientras las madres se incorporan al trabajo.

Una justicia laboral que impide la expulsión del trabajador sin razones legales sustentables, subsidios para los accidentados en el trabajo o por adquirir enfermedades laborales.

Posibilidades de superación para los trabajadores, enviados a cursos sin afectar su salario, estimulación monetaria por resultados productivos y derecho a analizar y debatir los planes económicos de sus empresas.

Nada de eso existía en la Cuba capitalista de 1958, pero ni el gobierno yanqui, o los de Europa, protestaban por la explotación a la que estaban sometidos los cubanos, especialmente los campesinos que ni tierra poseían, ni servicios médicos y escuelas donde educar a sus hijos.

Ahora los lacayos dicen que el trabajo en Cuba es “indecente y constituye un paraíso para los evasores de derechos”, campaña que pretende deformar la realidad.

¿Por qué no defienden los derechos de los trabajadores de México, Guatemala, Honduras, Panamá y Argentina, que marchan protestando en las calles ante la difícil situación que confrontan?

Muy poca moral tienen los escasos integrantes de la MUC, financiados para atacar a la Revolución socialista que tanto hace por la clase obrera y campesina cubana.

El foco de sus acusaciones falsas son las más de 300 empresas españolas y europeas que operan en Cuba, desde grupos hoteleros, operadoras de viajes, bancos, e inmobiliarias, hasta empresas de servicios e industrias, que tanto molestan a los yanquis por desafiar sus órdenes.

En el 2015 el embajador cubano en España, se enfrentó a similares provocaciones durante un foro para promover las inversiones en la Isla, cuando uno de esos asalariados intentó provocarlo con “reflexiones” sobre la situación del mercado laboral en Cuba, donde el Estado es el único empleador.

Los empresarios españoles saben de la seguridad que tienen en Cuba, unido a la actitud positiva de sus trabajadores altamente calificados, por tener un sistema de educación gratuito que les asegura capacidad para asumir diferentes puestos de trabajo.

El fin que persigue Estados Unidos es el mismo de hace más de medio siglo, destruir a la Revolución, y para eso repiten la misma mentira, y como declaró a la prensa el diputado del Partido Popular (PP) español Teófilo de Luis, “es un flanco por el que se puede provocar nerviosismo en el Gobierno cubano”, palabras que hacen honor a su ignorancia histórica, pues a los cubanos nada les crea nerviosismo, ni siquiera la amenaza de una invasión militar como la prevista en octubre de 1962, durante la conocida Crisis de los Misiles.

Bravo por los valientes que mantienen su firmeza con Cuba, porque como afirmó José Martí:

“Quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos”.

Estados Unidos pretende asustar a los inversionistas extranjeros.


Estados Unidos pretede asustar a los inversionistas extranjeros.

Por Arthur González.

La actual administración yanqui no sabe que más inventar para estrangular económicamente al pueblo cubano, el que resiste con estoicismo la guerra económica, comercial y financiera más larga de la humanidad, sin doblegarse ante el imperio, como también hicieron las generaciones de mambises contra el ejército español en el siglo XIX.

Para Estados Unidos esa actitud de soberanía es incomprensible en momentos en que países desarrollados se someten a sus dictados, para atacar a Venezuela y a Cuba, como si fueran los súbditos del imperio romano.

Sin muchas más fórmulas que aplicarle a Cuba, Donald Trump y sus halcones terroristas, pusieron en vigor el 02 de mayo 2019, la Ley Helms-Burton en su totalidad, incluido el controvertido Título III como táctica para asustar a los inversionistas extranjeros y evitar el desarrollo de la economía de la Isla, pero al parecer no tendrán muchos resultados.

La Unión Europea ya advirtió que sus relaciones con Washington se afectarán más y no permitirán que sus empresas sean condenadas por el maldito Título III, aunque realmente el I, II y IV son más criminales y aprietan con mayor fuerza la soga al cuello cubano, que el mismísimo III.

No obstante, como medida de propaganda para sembrar terror, algunos herederos norteamericanos y cubanos, ahora naturalizados en Estados Unidos, se apresuraron en ser los primeros en presentar sus demandas, pues desde hace meses la mafia terrorista de Miami venía haciendo campañas para que se prohibieran los viajes de cruceros a Cuba, porque esas visitas permiten comprobar las mentiras fabricadas contra la Revolución desde hace 60 años y aunque no dejan mucho dinero, el resultado político es altamente positivo.

Precisamente la primera demanda impuesta ante la corte de Miami, la hicieron Javier Bengochea y Mikael Behn, contra de la compañía de cruceros Carnival, acusándola de beneficiarse de propiedades que le fueron expropiadas por la Revolución después de 1959.

La acusación se basa en que Carnival Cruise, está utilizando las terminales de cruceros ubicadas en los puertos de La Habana y de Santiago de Cuba, sin la autorización de sus proclamados “herederos”, y por lo tanto reclaman una compensación de dicha compañía, equivalente al triple del valor actual de esas propiedades en el mercado.

Pero parece que la realidad es bien diferente y pudiera darle un portazo en la cara a los reclamantes, porque la Carnival es una gran compañía que ha estudiado bien la conocida Ley de la Esclavitud y por eso George Fawler, uno de sus abogados declaró a la prensa:

“Esa demanda resulta una pérdida de tiempo, ya que los demandantes no se fijaron en una de las cláusulas de la Ley Helms-Burton, que incluye una excepción para proteger las actividades comerciales relacionadas con viajes a Cuba, siempre que estos hayan sido autorizados por el Gobierno. La ley es clara y si el viaje fue permitido, la Helms-Burton no se aplica”.

Precisamente, las compañías de cruceros estadounidenses poseen la autorización correspondiente del Departamento de Tesoro para realizar viajes a la Isla y ese litigio legal será bien complicado y costoso para los “herederos”.

Por otra parte, el Departamento de Justicia ha informado que su Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras (FCSC), tiene certificadas 5 mil 913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses, las que fueron valorizadas en  mil 902 millones de dólares al momento de la expropiación, pero de ellas solo 817 tienen un valor original que supera los 50 mil dólares, uno de los requisitos exigidos por los tribunales federales para aceptar las demandas de compensaciones, bajo la Ley Helms-Burton.

Además de esa exigencia de avalar que el valor la propiedad sea mayor de 50 mil usd, la Comisión requiere que los demandantes demuestren que las misma tengan actualmente un uso comercial y no sea locales ocupados por una embajada o residencia diplomática.

Para iniciar la demanda hay que presentar el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran realmente los dueños en el momento de la nacionalización; depositar una cuota de 6 mil 700 dólares en el Tribunal Federal, y poseer la certificación de la Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia.

Igualmente, el demandante estará obligado a demostrar las empresas que supuestamente ahora “lucran” con sus ex propiedades y estar seguros que también posean negocios en Estados Unidos, a lo que se suma el alto costo de los abogados que deben representarlos en un largo proceso legal.

Ante leyes inmorales como esta, recordamos a José Martí cuando denunció con fuerza:

“…toda ley que lo que degenera se hace crítico, luego pasa a ser cínico”.