Por Arthur González.
Quienes viven del tema contrarrevolucionario desde hace 64 años, enriqueciéndose y alcanzando posiciones políticas en Estados Unidos, ahora corren a Londres para tratar de convertir un juicio financiero en político, todo con el marcado objetivo de afectar más la economía cubana que sufre el peor y despiadado bloqueo económico, comercial y financiero de la historia.
Las imágenes publicadas en las televisoras de Miami y las redes sociales, muestran a emigrados cubanos, financiados con dinero aprobado por el gobierno yanqui para las acciones subversivas contra Cuba, en actos de repudio con gritos, palabras obscenas y ofensas contra la delegación de abogados cubanos y extranjeros, presentes en el Tribunal Superior Londres, por el juicio iniciado el 23 de enero 2023 ante la demanda número CL-2020-000092 del 18 de febrero de 2020, titulada “CRF I Limited versus Banco Nacional de Cuba y República de Cuba”, por una suma de 72 millones de dólares.
La empresa CRF I Ltd., grupo inversor registrado en el paraíso fiscal de Islas Caimán, adquirió en los últimos los años esa deuda en nombre de sus inversores y ahora la jueza Sara Cockerill, de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres, deberá decidir si es dueña legítima de esa deuda.
En caso fallar a favor de la empresa CRF I, le permitiría la reclamación del pago de la deuda y ante una negativa de la parte cubana, pudieran iniciar mecanismos legales para embargar los bienes propiedad de Cuba en el exterior, como compensación de dicha deuda.
Por eso, el fin que persiguen las presiones políticas desarrolladas por los lacayos de Estados Unidos, es que la jueza acepte la demanda de la empresa y estimular a otros acreedores a iniciar una cacería legal, con el objetivo de apropiarse de todos los activos cubanos en el extranjero, para indemnizar las deudas, situación que pondría en crisis total a la economía de la Isla, ya resentida por las sanciones yanquis; además de ahuyentar a nuevos inversores extranjeros, escenario anhelado por los yanquis desde 1960.
Cuba está presente en dicho juicio con Rodolfo Dávalos Fernández, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil y de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional; Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal y el abogado Humberto López, unidos a prestigiosos bufetes de abogados encabezados por la firma inglesa PCB Byrne LLP, con vasta experiencia en el manejo de este tipo de querellas.
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