Arthur González
El gigante brasileño Odebrecht, constructor principal de las obras que se ejecutan en el puerto cubano del Mariel, donde se instala la Zona de Régimen Económico Especial, ha sido acusado de “trabajo esclavo”, algo no común en pleno siglo XXI. Ni Sudáfrica durante el régimen del apartheid fue señalada por ese delito y mucho menos las empresas mineras y petroleras norteamericanas o europeas, que explotan yacimientos en América del Sur, las que pagan salarios muy por debajo a los usuales, afectan para siempre el medio ambiente y desplazan aldeas indígenas de sus tierras originarias.
El hecho de que sitios digitales creados por los yanquis para sus campañas subversivas contra Cuba y el reaccionario diario español El País, sean los divulgadores de la noticia, traslada el mal olor característico que tiene las acciones de Guerra Económica ejecutadas por Estados Unidos durante más de 55 años.
De acuerdo con la información divulgada, fue el propio Ministerio Público del Trabajo de Brasil quien dio inicio al proceso judicial por presunto trabajo esclavo, malas condiciones laborales, tráfico internacional de personas, cercenamiento de la libertad y retención de documentos, entre otros delitos.
No es de extrañar que en medio de la campaña que se lleva a cabo contra la presidenta Dilma Rousseff, dicha acusación responda a mantenerla en jaque e ir poco a poco lacerando su imagen para evitar su reelección.
Hechos parecidos están surgiendo a diario ejecutados por la oposición, probablemente con el visto bueno de la misión diplomática de Estados Unidos, algo que usualmente hacen en países donde existen gobiernos, considerados no aceptables para ellos.
Fue el ex presidente Ignacio Lula da Silva, quien aprobó el financiamiento para la inversión en Cuba y la presidenta Dilma la que inauguró la primera fase de las obras en el Mariel, por tanto una sanción contra la constructora Odebrecht, afectaría su permanencia en la isla, convirtiéndose en una acción indirecta para dañar más la economía cubana.
Odebrecht años atrás ha trabajado en Angola en la modernización y ampliación de centrales hidroeléctricas, sin confrontar problemas con la atención al personal contratado, lo que da fe de sus buenas prácticas.
Por tanto, habrá que esperar las pruebas a presentar por la fiscalía brasileña para comprobar el verdadero fin que pudiera ocultarse detrás de esa acusación, que de ante tiene un cierto hedor político.
El Heraldo Cubano 