El 1ro de mayo mientras los cubanos y cubanas celebrábamos en todas las provincias el día internacional de trabajo, en la Florida su gobernador Rick Scott, aprobaba una nueva ley para apretar aun más la Guerra Económica contra nuestra patria. Dicha ley prohíbe a los organismos públicos de ese Estado, cerrar contratos con compañías que negocien con Cuba.
En febrero del 2011 los académicos de origen cubano Uva de Aragón (Universidad Internacional de la Florida), Jorge Domínguez (Universidad de Harvard), Jorge Duany (Universidad de Puerto Rico) y Carmelo Mesa-Lago (Universidad de Pittsburgh) realizaron un estudio al que denominaron “La Diáspora Cubana en el siglo XXI”, bajo el auspicio del Instituto de investigaciones cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
A ellos se sumó en el mes de marzo Orlando Márquez, director de la revista «Palabra Nueva» de la Arquidiócesis católica de La Habana y Juan Antonio Blanco, del «Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida», quien actuó como coordinador del trabajo de la Comisión y fue también coautor del texto aprobado.
En ese estudio se les pide a las autoridades cubanas que permitan a la comunidad radicada en los EE.UU. participar en la economía nacional, mediante inversiones en pequeños negocios particulares, aprovechando el nuevo marco legal aprobado para el trabajo no estatal.
Igualmente, se reclaman cambios en nuestro sistema legal y otros que según el estudio traería mejoras sustantivas.
Por su puesto, ese estudio no mencionó la conocida como ley Helms-Burton que impide que la comunidad cubana pueda participar más en nuestro país, incluso se extiende a otros países, tal y como reafirma el inciso A) de la sección 1704 de la «Ley para la Democracia Cubana de 1992», la que estipula que el presidente norteamericano debe estimular a otros países a que restrinjan las relaciones comerciales y crediticias con Cuba, de forma consecuente con los propósitos de la Helms-Burton.
Ahora, y no por casualidad, Mr. Scott, aprueba una nueva disposición legal que cierra un poco más las puertas al mejoramiento de las relaciones bilaterales entre cubanos de allá y acá, con la permanente complicidad de congresistas y otros funcionarios estaduales de origen cubano.
¿Entonces quien tiene que hacer los cambios? Seguro que los más trascendentales no los tiene que hacer Cuba.
El Heraldo Cubano 