Por Arthur González.
Desde el mismo momento en que el juez de New York, anunció que el expresidente Donald Trump fue hallado culpable de los de 34 delitos graves por los que fue juzgado, entre ellos: la manipulación de registros contables, fraude fiscal y el pago de dinero para acallar a la actriz porno Stormy Daniels, con dinero que no era de su peculio personal, automáticamente lo convierten en una persona no aceptable para obtener una visa de entrada a muchos países del mundo, incluso para aquellos en que los ciudadanos estadounidenses no requieren de un visado.
Más de 30 naciones, incluidos los Estados Unidos, prohíben la entrada de personas con antecedentes penales de ese tipo, por lo que, sí Trump resulta vencedor en las venideras elecciones no podría viajar a esos países, a no ser que sus gobiernos le otorguen un permiso especial, lo que pondrá a prueba el cumplimiento de la legalidad y sentaría un precedente muy negativo para la sacrosanta democracia occidental.
Reino Unido y Canadá, este último sede de la próxima de la Cumbre del G7 en 2025, son parte de las naciones que poseen fuertes restricciones para la entrada a su territorio de personas con antecedentes penales, además de México, China, Israel, Argentina, Australia, Brasil, Camboya, Chile, República Dominicana, Egipto, Etiopía, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Japón, Kenia, Malasia, Marruecos, Macao, Nepal, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Tanzania, Túnez, Turkiye, Ucrania y Emiratos Árabes, entre otros más, casi todos fuertes aliados políticos y militares de los yanquis.
Los fiscales calificaron ese juicio, como “un caso de conspiración criminal y encubrimiento, unido a una conspiración ilegal para socavar la integridad de unas elecciones presidenciales”.
Con su actuación delictiva, Donald Trump, aspirante a presidente en las próximas elecciones de noviembre 2024, socavó los pilares del cacareado sistema democrático estadounidense y aún está pendiente de otro juicio en Florida, por apropiarse de documentos oficiales clasificados como secretos, los que ocultó en su residencia de Mar a Lago, sin la debida protección, delito que sería tratado con mucho rigor si lo hubiese cometido otro ciudadano de Estados Unidos.
Es evidente que el expresidente se considera una persona por encima de las leyes, y demuestra una total falta de voluntad para acatar las normas y limitaciones que aceptan otros ciudadanos, incluidos ex presidentes.
Aunque Trump apele la sentencia, la gravedad de sus delitos es muy alta y, por tanto, para Estados Unidos el respeto a las leyes estará a prueba en los próximos meses y quizás hasta años, debido a los vericuetos de su sistema judicial. Veremos que pasará en el país que se jacta de ser lo máximo en democracia y el respeto a las leyes.
No por gusto afirmó José Martí:
“Los bribones tienen un modo muy fácil de desembarazarse de los tribunos de la justicia pública”.
El Heraldo Cubano 