Un trato diferente para México.


Por Arthur González.

México es un país agobiado por la corrupción gubernamental, las drogas, asesinatos y desparecidos, pero no es condenado y menos sancionado por Estados Unidos ni por la Unión Europea, a diferencia de lo que hacen contra otros gobiernos que asumen posiciones políticas a favor de sus pueblos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Cuba, por haber logrado consolidar una Revolución socialista, fue agredida militarmente por mercenarios armados y entrenados por Estados Unidos; resiste estoicamente una guerra económica, comercial y financiera por 58 años; sufre miles de actos terroristas, incluida la agresión biológica y enfrenta las acciones de subversión política más amplias de las que se tenga conocimiento, y es acusada de “violar” los derechos humanos, de forma manipulada.

Contra Venezuela, Washington reproduce los planes aplicados a la Revolución cubana, y Nicaragua enfrenta por 2da ocasión, una contrarrevolución creada desde los locales de la misión diplomática yanqui, en contubernio con la jerarquía católica nacional.

Sin embargo, México, a pesar de ser el país donde la vida de un periodista no vale nada, los asesinatos se cuentan por miles, desaparecen estudiantes, mujeres y niños, encontrándolos en ocasiones en fosas comunes, no recibe similar tratamiento.

La razón es simple: sus gobernantes siempre cumplen a cabalidad las órdenes que dicta la Casa Blanca y nunca se oponen a sus mandamientos.

Aquel gesto que en 1962 parecía una rebeldía, al no romper relaciones diplomáticas con la Cuba socialista, posterior a las sanciones adoptadas por la OEA, fue una farsa montada por instrucciones yanquis, demostrando su total subordinación a Estados Unidos.

Casi medio siglo después se conocía la verdadera historia, recogida en documentos desclasificados y publicados por el jefe de análisis del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La realidad fue la siguiente:

El entonces Secretario de Estado, Dean Rusk, le explicó al presidente Lyndon Johnson, el resultado de un pacto secreto acordado entre Brasil, México y Estados Unidos, donde se decidió mantener la embajada de México en La Habana por conveniencia política, colaboración aceptada por el gobierno presidido por Adolfo López Mateo.

Desde abril 2018, en Nicaragua comenzaron acciones de protestas, ante el anuncio del decreto presidencial que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados. Dicha medida fue recomendada nada menos que por el Fondo Monetario Internacional, como hacen en Argentina y otros países.

Esa disposición desencadenó la violencia callejera, encabezada por estudiantes, muchos de ellos graduados de cursos impartidos en locales de la embajada yanqui en Managua.

Las protestas fueron subiendo de tono, llegando a emplear armas de fuego, lanzamiento de cocteles molotov y barricadas en las calles. Destrozaron y quemaron locales gubernamentales, y asesinaron a simpatizantes de Daniel Ortega.

Esos delincuentes, financiados por Estados Unidos, fueron calificados de “luchadores por la libertad”, y respaldados por el clero católico. Fuerzas del orden al ingresar en la Universidad Nacional, encontraron un arsenal de armas de fuego y otras perforo cortantes, algo que no tiene relación con los reclamos políticos.

El apoyo a esa violencia contrarrevolucionaria por parte de la OEA, organizaciones de derechos humanos y la Unión Europea, es el mismo que dieron a las bandas de delincuentes que actuaron en Venezuela, y llegaron a quemar a varias personas vivas.

En días pasados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se produjeron manifestaciones y huelgas estudiantiles, solicitando el cese de los asesinatos, los desaparecidos como el hecho de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, aún sin resolver, que lesiona la agenda política y social mexicana de los últimos años.

Las protestas se iniciaron en el bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de Azcapotzalco, por los asesinatos de estudiantes y la desaparición de varios profesores, efectuándose una gran marcha desde la Facultad de Ciencias Políticas Sociales hasta la Rectoría de la Universidad.

De inmediato un grupo de choque irrumpió en la UNAM para romper la protesta pacífica de los estudiantes, agrediéndolos con armas blancas y palos. Ninguna autoridad intervino, dejándolos que hicieran su trabajo sucio para amedrentar al estudiantado.

Dos alumnos fueron heridos gravemente, uno apuñalado dos veces en el riñón, una oreja cortada y múltiples golpes.

La Policía detuvo a dos sujetos y el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, informó que un juez de Control los acusaría por el delito de motín.

Tristemente, el procurador capitalino declaró que los dos quedaban en libertad, por no existir acusación en su contra.

En México después de las manifestaciones universitarias de 1968, criminalmente reprimidas por las autoridades, nacieron esos grupos que se encargan de dispersar las protestas, a los que se le denominan “porros”, afirmándose que son financiados por partidos políticos, brindándoles protección.

Ante los desórdenes en Nicaragua, orientados y pagados por la misión yanqui, de ipso facto, se iniciaron las presiones sobre el Gobierno para que cesará la “represión”, exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega, verdadero motivo de las protestas.

Nadie condenó a los amotinados que quemaron, destruyeron y asesinaron a inocentes, por el contrario, los calificaron de “victimas”.

La OEA, la ONU, el Vaticano, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, aliados de Washington, acusan a Ortega de ser el único responsable, y Estados Unidos se encargó de financiar las campañas de prensa con ese fin.

Todo es muy diferente al silencio o escasas denuncias de lo que sucede en México, país con el índice de periodistas asesinados más alto del mundo, sin preocupar a ninguno de los que se alarman por los hechos en Nicaragua, provocados por los grupos de la “oposición”, conformada por delincuentes comunes.

Sabio siempre nuestro José Martí al expresar:

“Levantarse sobre intrigas, es levantarse sobre serpientes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Motivos para mantener la Ley de Ajuste Cubano


Por Arthur González.

Cuestionada plindon johnsonor muchos y apoyada por otros tantos, la Ley Pública 89-732, del 2 de noviembre de 1966, conocida como Ley de Ajuste Cubano, se mantiene como  símbolo de la manipulación subversiva de la emigración cubana, para crear la ilusión de que “huyen del comunismo”. Fue aprobada por el presidente Lyndon B. Johnson, siguiendo la línea política diseñada por su antecesor J.F. Kennedy.

Ese concepto esta dentro de la guerra sicológica, en los momentos de mayor esplendor de la llamada “guerra fría”.
Realmente el propósito de dicha Ley fue ajustarle el estatus migratorio a todos los cubanos que residían en Estados Unidos desde el 1ro de enero de 1959, muchos de ellos prófugos de la justicia cubana por los crímenes cometidos durante el gobierno del dictador Fulgencio Batista, quienes no tenían ni permiso de trabajo ni residencia legal.

La Revolución comandada por Fidel Castro, no era del agrado del presidente D. Eisenhower, ni del director de la CIA, Allen Dulles, según expresaron en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada el 23 de diciembre de 1958, donde ambos coincidieron en que “había que evitar la victoria de Castro”. Sigue leyendo

Ley de Ajuste Cubano, vestigio de una política fracasada


Por Arthur González

Hay quien dice que los seres humanos son animales de costumbres y por eso les cuesta tanto cambiar, aunque sea para mejorar, y así les ocurre a los que en Miami viven del cuento de ser “exiliados políticos”, cuando todo el mundo conoce que muchos son prófugos de la justicia, por haber cometido crímenes horrendos durante la dictadura de Fulgencio Batista.

Entre los que más manchadas de sangres tienen sus manos están Conrado Carratalá Ugalde, Luis Alberto del Río Chaviano, Mariano Faget Dímanos con sangreaz, Irenaldo Remigio García Báez, Pilar Danilo García García, Rolando Masferrer, Julio Laurent Rodríguez y Lutgardo Martín Pérez Molina, entre otros cientos reclamados oficialmente por Cuba, aunque las autoridades estadounidenses denegaron su extradición para ser juzgados por los asesinatos cometidos.

Ese grupo de criminales recibió de inmediato un tratamiento de “refugiados políticos” a su llegada a Estados Unidos, muchos de ellos de forma ilegal, siendo protegidos bajo el “Cuban Refugee Program” aprobado en 1961 por el presidente John F. Kennedy, destinado a facilitar la integración de los “exiliados” de la isla.

El pretexto político “fue ayudar a toda persona que supuestamente huía del régimen comunista”, situarlos en las mejores condiciones posibles para adaptarse a ese país y disponer de un mejor nivel de vida, con el fin de comprometerlos con los planes agresivos que diseñó la CIA contra la Revolución.

Ese programa duró 15 años y  costó 727 millones de dólares al tesoro estadounidense.

El 28 de junio de 196justicia2, el gobierno norteamericano aprobó la Ley Pública 87-520, bajo el nombre de “Ley de Migraciones y de Asistencia a los Refugiados”, la cual restringe la definición de refugiado solo al Hemisferio Occidental, en evidente preferencia para los cubanos.

Estimados del Centro de Refugiados Cubanos señalan que entre 1963 y 1965 arribaron unos 10 mil 536 emigrados, a los que se les consideró “Bajo Palabra” por entrar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Según cálculos de las autoridades migratorias, desde el 1ro de enero de 1959 hasta 1965, existían 258 mil 317 cubanos que arribaron a Estados Unidos ilegalmente y por tanto carecían de un estatus legal, lo que obligó al Presidente, Lyndon B. Johnson, a aprobar el 2 de noviembre de 1966 la Ley Pública 89-732, conocida como “Cuban Adjustment Act”.

Dicha ley cambió el estatus jurídico de los cubanos, de Parole a “refugiados políticos”, y por tanto beneficiados automáticamente con la obtención del permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar la residencia permanente a los 366 días de haber ingresado a ese país, sin formalidades particulares.

Pasados 55 años, algunos políticos estadounidenses reconocen que hay promover la igualdad entre los inmigrantes cubanos y los de otros países, algo que de ejecutarse derrumbaría una de las más graves mentiras diseñadas contra la Revolución cubana para satanizarla.

Uno de los que promueve en el Congreso un proyecto de ley para eliminar la llamada Ley de Ajuste Cubano, es el congresista republicano por Arizona, Paul Gosar, pero seguramente encontrará una fuerte oposición de los integrantes de la mafia terrorista anticubana, hijos de los asesinos batistianos que buscaron refugio seguro en Estados Unidos desde 1959, los que trataran de impedirlo.

Si lo lograra, sería junto a la Guerra Económica, la muerte definitiva de una política caduca y criminal a la que han sometido por más de medio siglo al pueblo cubano, sin poder someterlo y quitarle el derecho a escoger el régimen político por el que lucharon.

Esa victoria a la resistencia de Cuba estaría en consonancia con lo expresado por José Martí, cuando sentenció:

“Y eso cuestan todos los triunfos: sangre, de las venas o del alma”.