Lo que prenten la Ley Helms-Burton contra el pueblo cubano.


Por Arthur González.

Cuando el pasado 17 de abril 2019, el anciano John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informó las nuevas sanciones contra Cuba y la aplicación total de la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática cubanas”, más conocida como Ley Helms-Burton, incluido su Título III a partir del 02 de mayo 2019, , sonaron rápidamente las alarmas en Cuba y en el mundo por las consecuencias que pudiera conllevar para los inversionistas extranjeros y sus familiares.

Ese Título permite presentar reclamaciones ante los tribunales de Estados Unidos, algo que solo sirve para asustar y demostrar el carácter extraterritorial de la Ley, y cual emperadores, los yanquis pretenden dominar al mundo restándole soberanía e independencia a países con economías poderosas, e incluso mucho más estables y sólidas que las de los propios Estados Unidos.

Cuba tiene desde aquella época su Ley de protección, conocida como Ley 89, y el pueblo sabe perfectamente que los yanquis jamás volverán a poner un pie sobre la Isla, como hacían desde 1898 hasta el 1ro de enero de 1959, cuando la Revolución los puso en su lugar.

Pero no es solo el Título III el que daña a Cuba, es todo el texto legal que la convierte en la Ley de la Esclavitud, tal y como se le llamó desde su proclamación.

Una simple lectura de la Ley enemiga basta para comprender lo execrable que resulta para la soberanía y libertad de los cubanos dignos.

Su Título I lo denominan “Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra Cuba”, y recoge acciones desde la aplicación de la guerra económica, denominando eufemísticamente como “embargo”; la prohibición de la financiación indirecta a la Isla; la oposición de Estados Unidos al ingreso de Cuba a las instituciones financieras internacionales; la ayuda de los Estados independientes de la ex URSS al gobierno cubano; las transmisiones de Radio y TV Martí hacia Cuba; la oposición al comercio de otros países con Cuba y la prestación de asistencia por estos a la Isla; el apoyo yanqui a los grupos contrarrevolucionarios; la negativa de las importaciones de productos cubanos y otras medidas similares.

En Título se manifiesta el deseo de ahogar la economía cubana y matar a todo un pueblo de hambre y enfermedades, como precio por defender su soberanía y libertad.

Aquí se plasman las sanciones civiles y se enmienda la Ley de Comercio con el Enemigo, al añadirse:

“El Secretario del Tesoro podrá imponer una sanción de hasta 50 mil dólares, a toda persona que viole cualquier licencia, orden, norma o reglamento emitido con lo dispuesto en esta Ley”.

Igualmente, prohíbe invertir en los servicios de las telecomunicaciones cubanas y se codifica el denominado “Embargo”.

Establece categóricamente la prohibición de financiación indirecta a Cuba y se aplica el “embargo” económico a Cuba a las conversiones de deuda en participación de capital, incluido el canje, la reducción o la condonación de la deuda contraída por Cuba con otro país, a cambio de concesión de una participación de capital en una propiedad, inversión u operación del Gobierno de Cuba y cualquier organismo o instrumento del Gobierno de Cuba, o de un nacional cubano.

El Título II se nombra “Ayuda a una Cuba libre e independiente”, y contiene la política que seguiría Estados Unidos en un supuesto “gobierno de transición” hacia el capitalismo, mediante un llamado “gobierno elegido democráticamente”.

Establece la asistencia que Estados Unidos le entregaría; la coordinación de un programa de asistencia y los informes que deberá presentar el Presidente al Congreso, a partir de los elementos que traslade un funcionario estadounidense denominado “coordinador”, entiéndase interventor, nombrado por el propio Presidente yanqui para Cuba.

Señala que el Presidente designará un llamado Consejo Estados Unidos-Cuba, cuando el tal coordinador-interventor, informe que se efectuaron elecciones “libres” con un gobierno cubano de “transición”, por supuesto al servicio de los intereses yanquis, y se someterá a consultas con el Congreso norteamericano la suspensión de la guerra económica, comercial y financiera contra Cuba, denominada por ellos como “embargo”.

También, se revocaría la aplicación de la Ley de ayuda al Exterior, vigente desde 1961, la Ley para la Democracia en Cuba, más conocida como Ley Torricelli de 1992, y todo el engranaje de sanciones impuestas contra el pueblo cubano, siempre que el nuevo gobierno pro yanqui cumpla todos los requisitos y exigencias que ordena la Ley de la Esclavitud, entre ellas la disolución del Departamento de Seguridad del Estado, los Comités de Defensa de la Revolución, la creación de múltiples partidos políticos pero sin el Comunista, la celebración de elecciones con la supervisión de la OEA y otros inspectores internacionales, la autorización de la Radio y TV Martí, sindicatos “independientes” y la concesión de permisos a los medios de comunicaciones y compañías de telecomunicaciones privadas para operar en la Isla.

Por supuesto, entre las exigencias está la liquidación total de las reclamaciones de los estadounidenses a los que le fueron nacionalizadas sus propiedades en Cuba, algo que recoge puntualmente el Título III, calificando como “tráfico con las propiedades nacionalizadas, las inversiones o administración de estas, por empresas extranjeras”.

El Título IV se refiere a la “Exclusión de determinados extranjeros”. Bajo los preceptos de este Título se plantea prohibir la entrada a los Estados Unidos, de los extranjeros que hayan confiscado propiedades de estadounidenses o que “trafiquen” con las mismas.

Para eso, el Secretario de Estado denegará las visas de esos extranjeros y el Fiscal General excluirá de los Estados Unidos, a todo extranjero que determine el Secretario de Estado, incluso sus cónyuges, hijos menores de edad, o representante legal de una persona excluible.

Los Títulos I, II y IV son mucho más perjudiciales para Cuba que el propio Título III y se ejecutan desde 1996, de ahí las sanciones multimillonarias impuestas a empresas, compañías y bancos extranjeros por comerciar con entidades cubanas, prueba irrefutable del carácter extraterritorial y criminal de las leyes yanquis que hay que denunciar permanentemente, pues como dijo José Martí:

“Callar un crimen en cometer otro”

 

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Los yanquis cegados por su prepotencia.


Por Arthur González.

Quienes desconocen la historia están condenados al fracaso y así les sucede a los yanquis con Cuba, porque su prepotencia imperial no les permite mirar atrás y sacar balance de sus 60 años de fracasos y cientos de miles de millones de dólares malgastados en planes y operaciones especiales, que ninguna ha podido derrotar a la Revolución socialista que tanto les molesta.

Ahora Cuba es dirigida por una nueva generación de hombres y mujeres nacidos después de 1959, los que, guiados por el ejemplo, sabiduría y experiencia de los líderes históricos en las victorias alcanzadas contra el imperio más poderoso del mundo, encaminan a la nación por la misma senda socialista, pero con el modelo actualizado acorde a las nuevas circunstancias.

El actual gobierno de Estados Unidos, embriagado por los cambios de líderes de izquierda en Latinoamérica, sueña con destruir a la Revolución, olvidándose que peor que las nuevas sanciones que acaban de imponer, fue la pérdida del campo socialista europeo, pues el comercio de Cuba con esos países alcanzaba el 85 % y a pesar de aquel durísimo golpe, el pueblo cubano resistió y mantuvo las conquistas alcanzadas en salud, educación, deporte, cultura y seguridad social.

Tal parece que el presidente Donald Trump, carente de experiencia política, no se da cuenta que sus principales asesores, John Bolton y Elliott Abraham, son dos ancianos que solo aplican políticas arcaicas que nunca dieron resultados contra Cuba.

De forma permanente acusaron a la Isla de estar dirigida por dirigentes de más de 75 años y ahora son ellos los que mantienen un equipo de trabajo integrado por personas de la tercera edad, que no quieren darse cuenta de que el mundo cambió y las políticas de terror y fuerza no funcionan con los cubanos, solo aumentan el repudio y rechazo a los yanquis.

Ni la ruptura de relaciones de Washington con La Habana en 1961, ni el aislamiento diplomático aplicado con el apoyo de la desprestigiada OEA en 1962, ni la guerra económica, comercial y financiera impuesta por el presidente J. F. Kennedy ese mismo año, con el sueño de ver al pueblo lanzándose a las calles contra Fidel Castro, ni la guerra biológica que desarrolla la CIA contra seres humanos, la flora y la fauna de la Isla, ni los criminales planes de terrorismo de Estado, les dieron resultado.

Tampoco tuvieron éxito con la invasión mercenaria organizada con cubanos residentes en Miami y derrocada en solo 67 horas, ni obtuvieron efectos favorables con la Ley Torricelli de 1992, la execrable Ley Helms-Burton de 1996 y menos aún con el Programa de Transición de 2004 aprobado por George W. Bush, quien limitó el dinero de las remesas familiares, el envío de regalos y la visita de cubanos a sus familiares. Ninguna de ellas destruyó el socialismo criollo.

Por el contrario, los cubanos y cubanos vieron al imperio como el único responsable de sus penurias y se unieron aún más entorno a Fidel, que los siguió ayudando como no hizo presidente alguno desde 1902 hasta 1959.

Ahora el “abuelito” John Bolton, propuso poner en marcha lo que ningún mandatario norteamericano hizo antes, aprobar la ejecución del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el débil William Clinton, quien se dejó presionar por la mafia terrorista asesina de Miami, entregándole al Congreso el poder de decisión sobre el Bloqueo Económico contra Cuba, sin percatarse que tal acción debilita el poder del Presidente.

Ese Capítulo es la prueba fehaciente del carácter extra territorial de las leyes que Estados Unidos aplica contra Cuba y será rechazado nuevamente por el mundo, cuando se presente la resolución cubana ante la Asamblea General de la ONU contra el Bloqueo.

Como reconoció el hábil y edulcorado presidente Barack Obama en 2017:

“Décadas de aislamiento de Cuba por parte de EE.UU. no han conseguido nuestro perdurable objetivo de promover el surgimiento de una Cuba estable, próspera y democrática. En determinados momentos, esta política de larga data de los EE.UU. en relación con Cuba, provocó un aislamiento regional e internacional de nuestro país, restringió nuestra capacidad para influenciar el curso de los acontecimientos en el hemisferio occidental e imposibilitó el uso de toda una gama de medidas que Estados Unidos puede utilizar para promover un cambio positivo en Cuba”.

Si ahora Trump cree que va a doblegar al pueblo cubano, vuelve a errar, porque cada golpe que le dé a Cuba será como golpear a una estaca en la tierra que, al penetrar más, es mucho más difícil de sacar.

Para los jóvenes cubanos nacidos posterior a la década de los años 90 del siglo XX, que no conocieron las penurias sufridas por sus padres y abuelos, esta nueva artimaña de los yanquis será la mejor escuela, que les demostrará quienes son en verdad los que dicen desear “la libertad” y “el bienestar” del pueblo.

Cada nueva acción que Estados Unidos lleve a cabo contra la Revolución, es una cuota adicional de odio que inyectan en el pueblo cubano, y como todas las medidas anteriormente impuestas durante los últimos 60 años, irán a parar al basurero de la historia, mientras los cubanos buscarán con su ingenio, nuevas fórmulas para seguir viviendo siempre con la mejor sonrisa, su música contagiosa y entre todos construyendo un mundo mejor, a pesar de las dificultades cotidianas causadas por las sanciones yanquis, a los que siempre verán como los máximos responsables de sus problemas.

Siempre hay que recordar a José Martí cuando aseguró:

“Anchas tumbas se construyen con sus propias manos las maldades”