Donald Trump, ni la ley respeta.


Por Arthur González.

Donald Trump asume la posición de juez del mundo, sanciona a diestra y siniestra, e incluye en sus listas negras a quienes no aceptan someterse a sus órdenes, siendo Estados Unidos el máximo violador de las leyes internacionales.

Ahora arremete contra la Corte Internacional de Justicia, porque propone investigar los crímenes de guerray crímenes contra la humanidad, cometidos por soldados yanquis y oficiales de la CIA, durante la ilegal guerra contra Afganistán, algo que el señor emperador no admite.

El 11 de junio 2020, ante la decisión de ese órgano judicial, Trump ordenó instrumentar sanciones contra los funcionarios de la Corte Internacional, que se atrevan a procesar a cualquier militar yanqui que estuviera envuelto en crímenes en Afganistán, pues evidentemente considera que sus soldados son intocables y tienen licencia para matar, algo que también ejecutan sus policías, constatado recientemente en el asesinato de George Floyd.

Los intentos de investigar esos crímenes vienen desde hace años, siendo torpedeados por Estados Unidos mediante contactos secretos y presiones, a varios miembros de esa entidad.

Fue en noviembre de 2017, cuando la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda, solicitó investigar esos crímenes en Afganistán y en septiembre 2018, los yanquis arremetieron agresivamente contra la Corte, amenazándola con sanciones.

John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional, en su discurso ante la Federalist Society, afirmó:

“Estados Unidos utilizará cualquier medio necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados, contra las acusaciones injustas de ese tribunal ilegítimo”.

Y agregó:

“No cooperamos con la Corte, no le prestaremos asistencia, no nos uniremos a ella y dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la Corte Internacional ya está muerta para nosotros”.

Con su acostumbrado lenguaje adelantó la respuesta que darían:

De continuar la investigación, la Administración estudiará prohibir a los jueces y fiscales del tribunal la entrada en Estados Unidos. Procesarlos ante la justicia estadounidense o imponer sanciones a fondos que pudieran tener en su sistema financiero, son otros de los posibles castigos. Las sanciones se extenderían a cualquier empresa o Estado que colabore con una investigación contra ciudadanos estadounidenses. Contemplará también negociar acuerdos bilaterales que prohíban, a terceros países, entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal de La Haya”.

“Evaluaremos que acciones ejecutar en el Consejo de Seguridad de la ONU, para restringir los extensos poderes de la Corte, y nos aseguraremos que esta no pueda ejercer su jurisdicción sobre los estadounidenses y los nacionales de nuestros aliados que no hayan ratificado el Estatuto de Roma”.

Estados Unidos no se cruzó de brazos y desplegó a sus cabilderos en busca de apoyo.

El resultado se constató el 12 de abril de 2019, cuando la Sala de Primera Estancia de la Corte, desestimó por unanimidad la solicitud para llevar a cabo la susodicha investigación, presentada por la fiscal Fatou Bensouda.

Sin temor alguno, ella apeló a la Cámara de Apelaciones, la cual aprobó el 5 de marzo 2020, la solicitud de investigar posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán. 

La respuesta no se hizo esperar y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEna, declaró:

Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”.

Bajo ese argumento, las sanciones ordenadas por Trump implican el bloqueo de propiedades o activos, que los funcionarios de la Corte Internacional posean en Estados Unidos y denegar las visas para ingresar a EstadosUnidos de ellos y sus familiares.

En el decreto del presidente, se les acusa de “realizar investigaciones sesgadas, con fines políticos y ser corrupta”.

Las amenazas demuestran el irrespeto por las leyes, pero la Corte continuará sus investigaciones acorde a lo que dicta el Derecho, aunque Trump considere que es una “persecución contra Estados Unidos”.

El pasado año 2019 la Casa Blanca le había revocado la visa a Fatou Bensouda, como medida de coacción para que pusiera fin al proceso legal.

La investigación es sobre los crímenes cometidos desde 2003 por las tropas estadounidenses y la CIA, los soldados talibanes y los afganos. Hace algunos años Estados Unidos compareció ante el Alto comisionado de la ONU contra la Tortura, por sus acciones en la ilegal cárcel abierta en la base naval en Guantánamo.

En respuesta a las amenazas de Trump, la Corte Internacional calificó el decreto como “la última de una serie de ataques sin precedentes, que constituye una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte”, declaraciones que irritan aún más al presidente.

Un comunicado oficial la Corte afirma: “estar profundamente decepcionados con la decisión de las autoridades estadounidenses, continuaremos apoyando a nuestro personal y cumpliremos nuestros deberes de manera imparcial e independiente”.

Por su parte, O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de la Corte Internacional de Justicia, emitió una nota de prensa solicitándole a los países participantes de la Corte, que protejan los principios del órgano y se declaren en contra de los ataques que lesionan la unidad de la Corte penal.

Esta investigación pone en evidencias los crímenes que comente Estados Unidos, algo sin precedentes y perjudicial para la imagen de quienes acusan a otros, cuando son realmente violadores de todo derecho.

Las reacciones contra los chantajes del presidente yanqui no se han hecho esperar y por eso Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, expresó:

“El decreto firmado por Trump es preocupante y nuestra posición no ha cambiado con respecto a la lucha por la justicia y contra la impunidad”.

A eso se sumó el Alto Representante para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien declaró en Bruselas:

“La Unión Europea continuará dando su apoyo a la Corte Internacional de Justicia, porque ella desempeña un papel clave en el establecimiento del derecho internacional y la resolución de los crímenes internacionales más severos”.

La labor de la Corte fue criticada por el gobierno de George W. Bush, quien alentó a los países miembros a cerrarla.

En agosto del 2018 Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte para evaluar las sanciones contra Irán, ante la denuncia de los persas por las medidas económicas impuestas por Washington.

En ese sentido, el 28.08.2018 Jennifer Newstead, abogada del Departamento de Estado ante el tribunal de la ONU, rechazó la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la denuncia de Irán e insistió que “la intención del gobierno de Trump es seguir ejerciendo fuertes presiones contra Teherán”.

La posición adoptada por la Corte Internacional desagrada a Washington, observando con preocupación lo que pueda suceder con la demanda presentada en febrero 2020, por el gobierno de Venezuela, contra las medidas coercitivas unilaterales empleadas por Trump para ahogar su economía.

Valiente posición de la Corte Internacional que merece todo el respeto, pues como dijo José Martí:

“El respeto a las personas hace grandes a los pueblos y a sus hombres, sin el cual solo son caricaturas”.

Eliminado John Bolton, pero queda Elliott Abrams.


Por  Arthur González.

El despido a caja destemplada de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, pudiera ser un posible cambio de táctica de Donald Trump, para ganar en apoyo popular e internacional ante el futuro proceso eleccionario, donde aspira a ser reelegido por 4 años más, pero aún queda en pie otro viejo halcón, Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela, quien junto a Bolton  arrastraron al presidente Trump por un camino equivocado, poniéndolo en ridículo ante el descalabro sufrido por el apoyo a Juan El Títere Guaidó.

Bolton le hizo mucho daño a Estados Unidos con sus propuestas nefastas, como la retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la salida del acuerdo nuclear con Irán y la recomendación de una guerra contra ese Estado, la organización y financiamiento de la fallida intentona golpista en Venezuela, encabezada por El títere Guaidó y Leopoldo López, demostrándole a Europa la ausencia total de apoyo popular a esos opositores, sostenidos económica y políticamente por Washington.

Otras de las infortunadas posiciones asumidas por el halcón Bolton, fue su oposición a una negociación seria con Corea del Norte y con Rusia para restablecer su participación en el G-7.

Elliott es muy probable que termine siendo expulsado con la misma receta aplicada contra Bolton, al no lograr remover las bases del apoyo popular al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de la intensa y despiadada guerra económica, comercial y financiera a la que someten al pueblo de ese gigante sudamericano, dueño de las más grandes reservas de petróleo del planeta.

La cruzada mediática contra el presidente Maduro, haciéndolo parecer como un líder incapaz, fracasó, porque cada una de las medidas tomadas por él ante la escalada yanqui para caer de rodillas, demuestran su capacidad de dirección, liderazgo y fortaleza, demostrado en el respaldo de la mayoría de los venezolanos, al comprender que Estados Unidos es el único responsable de las carencias y limitaciones que hoy padecen.

La reciente fabulación propagandística de Abrams contra Venezuela, es la fabricada “acogida” de los líderes guerrilleros colombianos, para confundir a la opinión pública internacional, mentira que pretende desviar la atención de la contundente denuncia venezolana, sobre los planes terroristas que Colombia organizó contra la estabilidad y seguridad de Venezuela.

En esa denuncia, la parte venezolana mostró magistralmente los planes tejidos desde Colombia, señalando a cada uno de los elementos terroristas implicados, sus campamentos y materiales explosivos que serían empleados contra instalaciones estatales de Venezuela, actos que sin dudas estaban financiados con dinero de Estados Unidos, el más interesado en apoderarse de las riquezas mineras venezolanas.

La mano de Elliott Abrams se percibe en sus propias declaraciones, al exponer: “La comunidad internacional debería estar muy preocupada por el apoyo de Maduro a los narcoterroristas”.

Además, reiteró el soporte total de Estados Unidos a Colombia, frente a la tensión con Venezuela, pero no mencionó la ola de asesinatos de los líderes comunitarios colombianos, ni las decenas de ex guerrilleros que son literalmente cazados, por fuerzas paramilitares sostenidas por el gobierno de Colombia.

Al constatar el fracaso de sus acciones de guerra económica contra Venezuela, ahora se lanzan en la desprestigiada OEA, a solicitar la activación del TIAR, Tratado Interamericano de Defensa Reciproca, que se aplica solo ante una posible agresión a un estado miembro. Sin embardo, cuando Estados Unidos invadió militarmente a la República Dominicana y a Panamá, la OEA no se acordó de la vigencia del TIAR.

Para lograr esa aprobación por 12 países, el Departamento de Estado intimidó fuertemente a varios gobiernos, ya que la convocatoria fue realizada por el embajador que representa ilegalmente a Juan El Títere Guaidó, porque Venezuela se retiró oficialmente de la OEA.

Hace unas semanas, John Bolton había asegurado: “mi gobierno responderá con represalias a cualquier país que apoye al gobierno de Maduro”, y añadió: “es una herramienta rara vez empleada por Estados Unidos y sólo la hemos utilizado con moderación en el último medio siglo”.

Todo el mundo sabe que la intimidación es precisamente su arma más eficaz para someter a los gobiernos.

En la segunda quincena de septiembre 2019, los Cancilleres de los países firmantes del TIAR, se reunirán nuevamente para decidir las medidas a tomar contra Venezuela, entre las que pudieran estar la ruptura de relaciones diplomáticas e incluso un bloqueo aéreo y marítimo, algo que demuestra la impotencia yanqui ante el fracaso de sus políticas para derrotar a la Revolución bolivariana.

Hoy los 55 países que reconocieron a Juan El Títere Guaidó, entre ellos algunos europeos, están en la disyuntiva de enfrentarse a los yanquis por haberlos engañado, o volver a darle apoyo a Nicolás Maduro, quien exhibe gobernabilidad y moral ante las patrañas imperiales, evidenciando quien es verdadero usurpador del poder en Venezuela.

Veremos si la Unión Europea acepta las presiones del enviado especial de Estados Unidos, Elliott Abrams, quien exigió imponerle nuevas sanciones al régimen de Maduro, al considerar que “las reticencias europeas a adoptar más medidas, no han ayudado a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición del país latinoamericano auspiciadas por Noruega”.

No se puede perder de vista la política del garrote empleada por Estados Unidos, contra países que mantienen su soberanía e independencia, como lo hacen contra Irán, algo que dejó claramente expuesto su actual Secretario de Estado, Mike Pompeo, al asegurar:

“La política de máxima presión de Washington, está diseñada para cambiar el comportamiento de Teherán, y tomando en cuenta la severidad de las sanciones, parecen diseñadas para poner de rodillas a Irán. Ahora hemos hecho que la economía iraní sea un desastre”.

Es la misma fórmula que aplican contra Cuba y Venezuela, a pesar del fracaso y rechazo que reciben de sus pueblos, que los repudian y vencen cada día, porque como señaló José Martí:

“El aire de la libertad tiene una enérgica virtud que mata a las serpientes”

 

 

 

No hay dudas, la guerra económica contra Cuba es total.


Por Arthur González.

Para aquellos que pudieran tener algún titubeo de que Estados Unidos persigue matar de hambre y enfermedades al pueblo cubano, las constantes medidas que toma la Casa Blanca contra la economía de la Isla, son pruebas irrebatibles de sus propósitos criminales.

Todo lo que le permita a Cuba algún ingreso de divisas, Donald Trump y su camarilla neo nazi, integrada por Mike Pompeo, John Bolton y Elliott Abram, se han propuesto cortarlos.

La búsqueda de información detallada de los ingresos de Cuba la lleva a cabo la CIA, en parte por las estadísticas oficiales que se publican, intervenciones públicas de ministros y altos funcionarios y también con sus agentes secretos dentro del país, con el único fin de sancionar, presionar y chantajear a gobiernos y empresarios extranjeros que establezcan negocios con la Isla.

La guerra económica contra Cuba es total, porque aspiran a ver la caída de la Revolución; vieja y fracasada aspiración de 11 administraciones anteriores, y la actual no será la excepción.

La más reciente arremetida fue anunciada el 26 de julio 2019, por el ex director de la CIA y actual secretario de Estado, Mike Pompeo, coincidiendo con la celebración del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, asegurando que: “Estados Unidos sancionará a los funcionarios cubanos que explotan y coaccionan a los médicos cubanos, desplegados en más de 65 países en las llamadas misiones internacionalistas”.

El odio es tal que se les retuercen los intestinos al ver como la pequeña Isla del Caribe, resiste con hidalguía sus medidas punitivas, los actos terroristas, las campañas de mentiras y cuantas sanciones se les han ocurrido ejecutar en los últimos 60 años.

Para seguir dándole vueltas a la tuerca de la criminal guerra económica, ahora persiguen a los médicos que brindan salud y bienestar en el mundo, porque saben que también es una fuerte entrada de divisas empleadas para mantener la economía cubana, su sistema de salud y educación gratuitos, la cultura, el deporte, la seguridad social, investigaciones en las ciencias y la alimentación, todo en beneficio del pueblo.

La participación de la medicina cubana por países del mundo, salva vidas y previene enfermedades curables, porque en su sistema de salud lo primero es el ser humano y no el dinero, como en Estados Unidos, donde la medicina y los medicamentos son un negocio jugoso para enriquecerse e incapaz de prestar solidaridad humana a los que no tienen dinero para pagar los costosos servicios de salud.

El banal argumento esgrimido es que Cuba “explota” y “coacciona” a sus médicos que prestan servicio de colaboración en más de 65 países.

Hipocresía al por mayor, pues a los yanquis no les importan los seres humanos, de preocuparse no hubieran desarrollado campañas en Brasil contra los que participaban en el programa Mais Médicos, creado por la presidenta Dilma Rousseff y eliminado por Jair Bolsonaro, peón al servicio de Estados Unidos, quien trabajó para lograr la deserción del personal de la salud de Cuba y después los abandonó a su suerte, sin trabajo ni dinero para mantenerse.

La labor casi eclesiástica de los médicos cubanos, es reconocida mundialmente e incluso por la Organización Mundial de la Salud, porque sus valores humanos los impulsa a ayudar a los necesitados, sin importarle horas ni falta de descanso, mientras haya un niño u otros pacientes que requieran atención y cariño, lo que los médicos norteamericanos no hacen sino les pagan altos salarios.

Esa es la gran diferencia de un sistema y otro, por eso acusan de explotación, porque no hay un médico yanqui que trabaje por amor a su profesión de salvar vidas, sino hay dinero de por medio.

¿Por qué Pompeo no indaga en África la opinión que tienen los pacientes contagiados con Ébola y sus familiares, atendidos humanamente por el personal de salud cubana?

Mientras los estadounidenses bajo el salario de la USAID, estuvieron en África con un estilo de trabajo acorde a su sociedad, los médicos y enfermeros de Cuba no tenían horas ni reclamaban descanso para luchar por arrebatarle a la muerte a cada enfermo y gracias a ese esfuerzo muchos fueron salvados.

¿Cree Pompeo que algún médico o enfermera de su país estuviera dispuesto a trabajar en condiciones difíciles como hicieron los cubanos durante el terremoto en Pakistán, Chile, Perú, Ecuador, o ante fuertes inundaciones como las sufridas semanas atrás en Mozambique?

Si tienen tanta preocupación por el salario que reciben los médicos cubanos en sus misiones, ¿por qué mejor no se preocupan por los millones de pobres que residen en Estados Unidos, según cifras oficiales?

Antes de tener tanto desasosiego por lo que recibe el personal de la salud de Cuba durante sus misiones internacionales, deberían ocuparse de restructurar su sistema de seguro médico, trabajar en alcanzar un régimen gratuito como el de los cubanos, e incluso buscar una solución para elevar el salario mínimo en muchos estados, donde es de solo 8 dólares la hora, lo que ni siquiera alcanza para pagar los elevados costos de las rentas, viéndose esos trabajadores obligados a tener dos y hasta tres trabajos, con jornadas de 14 y 16 horas diarias para malamente subsistir.

La verdad que esconden Pompeo y sus pandilleros es que las misiones de la salud de Cuba permiten un ingreso anual de 8,000 millones de dólares, empleados en sostener la economía y hacerle frente a la despiadada guerra económica, comercial, financiera y biológica, que ejecutan contra once millones de cubanos desde hace 60 años, delito de Lesa Humanidad por el que deberían ser sancionados en la Corte Internacional de Justicia, si ese órgano fuese realmente imparcial e incólume ante las presiones del imperio yanqui.

La ridícula sanción impuesta a los funcionarios del Ministerio de Salud de Cuba, anunciadas por Pompeo, consiste en restringirle o denegarle el visado para ingresar en Estados Unidos, penalidad que incluye a sus familiares inmediato, aunque estos no tengan vinculación con el sistema de salud, lo que demuestra la violación flagrante de los derechos humanos al libre movimiento de las personas.

De acuerdo con afirmaciones del ex director de la CIA, su gobierno seguirá incrementando las medidas para afectar aún más la economía de Cuba, lo que demuestra el carácter imperial y deshumanizado de su sistema, que no le perdonarán jamás a la mayor de las Antillas haber decidido soberanamente, romper las cadenas impuestas por Estados Unidos desde que en 1898 ingresaron injustificadamente en la Isla, con la única pretensión de convertirla en una estrella más de su bandera.

Por eso ante actitudes similares de prepotencia yanqui, alertó José Martí:

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”

 

Estados Unidos y su viejo afán de destruir a la Revolución cubana.


Por Arthur González.

Mucho antes de que Fidel Castro entrara triunfante en Santiago de Cuba en enero de 1959, ya el Gobierno yanqui y la CIA, planteaban: “Hay evitar la victoria de Castro”.

Así consta en el acta de la última reunión del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, celebrada el 23 de diciembre de 1958, presidida por el entonces Presidente D. Eisenhower y Allen Dulles, director de la CIA. Aun Cuba no les había confiscado ninguna propiedad a los norteamericanos, ni declarado su carácter socialista.

Desde el propio año 59 del siglo XX, Estados Unidos ha hecho lo imposible por derrocar a Castro y revertir el sistema socialista sin éxitos, a pesar de los planes de terrorismo de estado, la invasión mercenaria preparada por la CIA, intentos de asesinato, espionaje, guerra biológica, campañas mediáticas para deformar la realidad de Cuba, unido a la guerra económica, comercial y financiera más larga de la humanidad.

Aunque el Presidente Barack Obama pasará a la historia como el que mayores multas impuso a la banca internacional por hacer transacciones con Cuba, por un monto de casi 15 mil millones de dólares en 8 años, Donald Trump no se queda atrás, y en días pasados impuso una multa a la empresa británica de prospección petrolífera Acteon, ascendente a 213 mil 866 dólares, supuestamente por violar el bloqueo yanqui contra la Isla, demostrando el carácter extraterritorial de esa criminal guerra económica que intenta matar por hambre y enfermedades al pueblo cubano.

La supuesta violación cometida consistió en ejecutar un análisis de diseño de ingeniería para proyectos de perforación de pozos petroleros en aguas territoriales cubanas y enviar a varios ingenieros para impartir seminarios, algo que los yanquis impiden a toda costa.

Para seguir apretando las tuercas e intentar ahogar la economía de Cuba, Estados Unidos activará las disposiciones recogidas dentro del polémico Título III de la Ley Helms-Burton, situación que permitirá las reclamaciones de los bienes confiscados por la Revolución a las empresas yanquis, lo que desbordará el trabajo de los tribunales estadounidenses y cuyo objetivo es asustar a los inversionistas extranjeros para que se marchen de Cuba, o no realicen nuevos proyectos que darían oxígeno a la economía isleña.

El miércoles 17 de abril 2019, el anciano asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, anunciará en Miami ante la fracasada mafia terrorista anticubana, las nuevas sanciones que tomará el Gobierno de Trump contra Cuba, Venezuela y Venezuela, en busca del apoyo de ese sector mafioso para la reelección del actual Presidente.

La fecha escogida coincide con el inicio de la derrotada invasión mercenaria a Cuba por Bahía de Cochinos, en solo 67 horas.

Entre las más recientes sanciones a Cuba y Venezuela, están las impuestas a compañías y buques petroleros que facilitan el traslado de crudo venezolano a Cuba, con vistas a aumentar la presión contra el pueblo que resiste unido frente a las medidas del imperialismo yanqui.

Se presume que el anciano Bolton anuncie la reincorporación de Cuba a la lista de los países que patrocinan el terrorismo, la disminución de los gastos admitidos a los viajeros estadounidenses que visitan la Isla, sanciones a los cónsules cubanos en el mundo, restringir nuevamente el envío de remesas a Cuba y la exigencia de que las compañías estadounidenses con negocios en Cuba, paguen directamente a sus trabajadores.

Ya George W. Bush usó este tipo de medidas en el año 2004 y solo obtuvo más rechazo de los cubanos en las dos orillas, pero la Revolución siguió con el apoyo mayoritario del pueblo, fiascos que los yanquis no estudian.

Estados Unidos incluyó el pasado 2 de abril 2019 a Cuba en el informe anual de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR), que relaciona cerca de 60 naciones consideradas como “importantes destinos” para el lavado de dinero, algo ridículo y contradictorio por la permanente persecución financiera de que es víctima Cuba, por parte de los mismos Estados Unidos que persigue cualquier transacción monetaria, lo que hace imposible depósitos y movimientos financieros hacia y desde la Isla.

Demostrando su falta de seriedad y elementos probatorios para esta nueva acusación, el informe publicado por INCSR indica además que: “El Gobierno cubano se encuentra cooperando en la lucha contra el narcotráfico y que actualmente se están llevando a cabo conversaciones entre La Habana y Washington sobre el control de sustancias ilegales”, basado en el Acuerdo de Cooperación Operativa Contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado en 2016 por los dos gobiernos.

Con esas medidas ejecutadas por Estados Unidos contra la economía cubana, resulta muy difícil avanzar, algo que al parecer ignoran los sabiondos economistas que escriben en varias publicaciones independientes de la Isla y proponen cambios neoliberales en la economía de Cuba, culpando de todos los males al sistema socialista, sin reparar que los mismos tanques pensantes yanquis integrantes del Council on Foreign Relations, afirman:

La oposición de EE.UU. a la Revolución cubana y el apoyo a la democracia y al desarrollo en este hemisferio, lograron frustrar las ambiciones cubanas de expandir su modelo económico e influencia política”.

Tampoco hacen caso a lo que dice la CIA en uno de sus memorandos desclasificados:

“El principal objetivo de los programas encubiertos contra Castro es completar el aislamiento económico, político y psicológico de Cuba respecto a América Latina y el mundo libre[…] Estas medidas han sido en buena parte responsables de las actuales dificultades económicas de Castro, pero pudieran adoptarse nuevas y eficaces medidas de Guerra Económica”.

Bolton y los demás añejos consejeros de Trump, irán a parar al mismo basurero de la historia que sus antecesores de las 11 administraciones yanquis, esas que no alcanzaron a ver el derrumbe del socialismo cubano y tuvieron que tragarse todos sus planes sin alcanzar sus idílicos objetivos.

No por gusto aseguró José Martí:

“Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos”.

 

Finalmente, los yanquis se dieron cuenta de que perdían dinero.


Por Arthur González

Los yanquis han tardado casi medio siglo para darse cuenta que anualmente perdían millones de dólares, en alimentar a una contrarrevolución dentro de Cuba que nadie apoya, ni respalda.

De eso acaba de enterarse el presidente Donald Trump, quien de política no sabe nada, pero contar dinero sí.

Por tal motivo, le ha dado un recorte profundo a los 20 millones que todos los años aprueba la Casa Blanca, para acciones de subversión en Cuba bajo el edulcorado título de: “promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”.

Se sabía perfectamente que una gran parte de ese dinero iba a parar a los bolsillos de la mafia terrorista anticubana de Miami y solo algunos miles de dólares llegaba a los llamados “disidentes” dentro de la Isla, quienes lo emplean en comprarse nuevas casas, ropas costosas y pasar sus vacaciones en hoteles de lujo en las mejores playas cubanas.

Barack Obama fue el presidente que más dinero autorizó para la subversión contra la Revolución, y en sus ocho años malgastó 120 millones de dólares, sin obtener los resultados soñados de ver destruido el socialismo.

El propio Jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, lo informó en uno de sus informes secretos enviados al Departamento de Estado y a la CIA, con la referencia: 09HAVANA221 – ID:202438, fechado el 15 de abril del 2009, donde afirmaba:

“…No es probable que el movimiento disidente tradicional pueda reemplazar al gobierno cubano… es preciso que busquemos en otra parte, incluso dentro del propio gobierno, para identificar a los más probables sucesores del régimen de Castro. […] No vemos plataformas diseñadas para llegar a amplios sectores de la sociedad cubana, sino que más bien dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del día a día, de los principales organizadores y sus seguidores…”

Trump, al parecer influenciado por sus dos ancianos asesores, Elliott Abraham y John Bolton, apuesta por aplicar más sanciones económicas contra Cuba, al considerar que es el “camino correcto” para ver realizados los sueños que doce administraciones yanquis no pudieron materializar.

Quienes están remordiéndose los hígados y tratando de que Trump reevalúe su decisión, son los congresistas de la mafia terrorista anticubana, Marco Rubio, Bob Menéndez y Mario Díaz-Balart, quienes junto a Mike Pompeo, Elliott y Bolton, pudieron obligarlo a declarar que autorizará la puesta en vigor del Capítulo III de la conflictiva Ley Helms-Burton, aunque solo logrará buscarse más problemas con los aliados europeos, sin poder hacer nada efectivo contra la economía de la Isla.

El primero en quejarse fue el senador Marco Rubio, quien expresó de inmediato: “Esto demuestra la gran desconexión que existe entre las personas que llevan el presupuesto del Estado y los encargados de hacer efectivas las políticas del Presidente”.

El corte de tijeras ha dejado solo 6 millones de dólares para “promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”, cifra que les apretará el cinto a los que en Miami llevan 60 años prometiendo “derrumbar a Fidel Castro” y nunca lograron sus propósitos.

Envalentonados con las medidas de guerra económica y sabotajes ejecutados contra Venezuela, los mafiosos anticubanos Marco Rubio y Bob Menéndez, presentaron el pasado 12 de marzo 2019 ante el Congreso, un proyecto de ley para prohibir el reconocimiento ante los tribunales de Estados Unidos, de todas las marcas comerciales cubanas que pudieran estar vinculadas con propiedades nacionalizadas después de 1959.

Parece que esa será línea de acción de los yanquis contra Cuba, olvidándose que, desde la aprobación de la Operación Mangosta, madre de la guerra económica contra el pueblo cubano aprobada el 18 de enero de 1962, por el presidente John F. Kennedy, pasando por la Ley Torricelli y la Helms-Burton, nunca obtuvieron el éxito añorado.

Quizás por sus años y la falta de estudios de la historia, Marco Rubio no recuerde los constantes fracasos que obtuvieron los gobiernos de turno en Estados Unidos y ahora pretende que Trump se sume a la lista de los incompetentes Presidentes que prometieron la caída de Castro, sin poder disfrutarlo.

Por esa razón, presentan la nueva ley que aspira a prohibirle a los tribunales de Estados Unidos, “el reconocimiento o la validación de cualquier derecho por parte de un individuo o compañía que haya registrado una marca, o los activos de la misma, siempre que estén relacionadas de alguna manera con propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959, a menos que el propietario original de la marca lo haya consentido expresamente”.

Ingenuo Marco Rubio que no sabe que Cuba también puede impedir que las marcas estadounidenses que tienen aún licencias comerciales, se distribuyan en la Isla como son Coca Cola, Pepsi Cola, Gillette y muchas más, que perderían su valor en un mercado de 11 millones de personas, que, aunque no muy grande, si representa la posibilidad de ventas para esas compañías.

De todas formas, por la guerra económica, comercial y financiera aplicada brutalmente contra Cuba, los productos cubanos no circulan en Estados Unidos.

Por tanto, ese proyecto de ley no sería efectivo en estos momentos, ni en el futuro inmediato, y el auténtico ron Havana Club y los famosos puros cubanos confeccionados con el mejor tabaco del mundo, seguirán siendo consumidos por aquellos yanquis que viajen a la Isla bajo una licencia, o comprándolos en el mercado negro que existe allá, para esos deseados productos cubanos.

Siempre recordamos a José Martí cuando dijo:

“Los negocios tienen sus rufianes, sus fanáticos y sus calaveras”.