Un trato diferente para México.


Por Arthur González.

México es un país agobiado por la corrupción gubernamental, las drogas, asesinatos y desparecidos, pero no es condenado y menos sancionado por Estados Unidos ni por la Unión Europea, a diferencia de lo que hacen contra otros gobiernos que asumen posiciones políticas a favor de sus pueblos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Cuba, por haber logrado consolidar una Revolución socialista, fue agredida militarmente por mercenarios armados y entrenados por Estados Unidos; resiste estoicamente una guerra económica, comercial y financiera por 58 años; sufre miles de actos terroristas, incluida la agresión biológica y enfrenta las acciones de subversión política más amplias de las que se tenga conocimiento, y es acusada de “violar” los derechos humanos, de forma manipulada.

Contra Venezuela, Washington reproduce los planes aplicados a la Revolución cubana, y Nicaragua enfrenta por 2da ocasión, una contrarrevolución creada desde los locales de la misión diplomática yanqui, en contubernio con la jerarquía católica nacional.

Sin embargo, México, a pesar de ser el país donde la vida de un periodista no vale nada, los asesinatos se cuentan por miles, desaparecen estudiantes, mujeres y niños, encontrándolos en ocasiones en fosas comunes, no recibe similar tratamiento.

La razón es simple: sus gobernantes siempre cumplen a cabalidad las órdenes que dicta la Casa Blanca y nunca se oponen a sus mandamientos.

Aquel gesto que en 1962 parecía una rebeldía, al no romper relaciones diplomáticas con la Cuba socialista, posterior a las sanciones adoptadas por la OEA, fue una farsa montada por instrucciones yanquis, demostrando su total subordinación a Estados Unidos.

Casi medio siglo después se conocía la verdadera historia, recogida en documentos desclasificados y publicados por el jefe de análisis del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La realidad fue la siguiente:

El entonces Secretario de Estado, Dean Rusk, le explicó al presidente Lyndon Johnson, el resultado de un pacto secreto acordado entre Brasil, México y Estados Unidos, donde se decidió mantener la embajada de México en La Habana por conveniencia política, colaboración aceptada por el gobierno presidido por Adolfo López Mateo.

Desde abril 2018, en Nicaragua comenzaron acciones de protestas, ante el anuncio del decreto presidencial que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados. Dicha medida fue recomendada nada menos que por el Fondo Monetario Internacional, como hacen en Argentina y otros países.

Esa disposición desencadenó la violencia callejera, encabezada por estudiantes, muchos de ellos graduados de cursos impartidos en locales de la embajada yanqui en Managua.

Las protestas fueron subiendo de tono, llegando a emplear armas de fuego, lanzamiento de cocteles molotov y barricadas en las calles. Destrozaron y quemaron locales gubernamentales, y asesinaron a simpatizantes de Daniel Ortega.

Esos delincuentes, financiados por Estados Unidos, fueron calificados de “luchadores por la libertad”, y respaldados por el clero católico. Fuerzas del orden al ingresar en la Universidad Nacional, encontraron un arsenal de armas de fuego y otras perforo cortantes, algo que no tiene relación con los reclamos políticos.

El apoyo a esa violencia contrarrevolucionaria por parte de la OEA, organizaciones de derechos humanos y la Unión Europea, es el mismo que dieron a las bandas de delincuentes que actuaron en Venezuela, y llegaron a quemar a varias personas vivas.

En días pasados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se produjeron manifestaciones y huelgas estudiantiles, solicitando el cese de los asesinatos, los desaparecidos como el hecho de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, aún sin resolver, que lesiona la agenda política y social mexicana de los últimos años.

Las protestas se iniciaron en el bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de Azcapotzalco, por los asesinatos de estudiantes y la desaparición de varios profesores, efectuándose una gran marcha desde la Facultad de Ciencias Políticas Sociales hasta la Rectoría de la Universidad.

De inmediato un grupo de choque irrumpió en la UNAM para romper la protesta pacífica de los estudiantes, agrediéndolos con armas blancas y palos. Ninguna autoridad intervino, dejándolos que hicieran su trabajo sucio para amedrentar al estudiantado.

Dos alumnos fueron heridos gravemente, uno apuñalado dos veces en el riñón, una oreja cortada y múltiples golpes.

La Policía detuvo a dos sujetos y el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, informó que un juez de Control los acusaría por el delito de motín.

Tristemente, el procurador capitalino declaró que los dos quedaban en libertad, por no existir acusación en su contra.

En México después de las manifestaciones universitarias de 1968, criminalmente reprimidas por las autoridades, nacieron esos grupos que se encargan de dispersar las protestas, a los que se le denominan “porros”, afirmándose que son financiados por partidos políticos, brindándoles protección.

Ante los desórdenes en Nicaragua, orientados y pagados por la misión yanqui, de ipso facto, se iniciaron las presiones sobre el Gobierno para que cesará la “represión”, exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega, verdadero motivo de las protestas.

Nadie condenó a los amotinados que quemaron, destruyeron y asesinaron a inocentes, por el contrario, los calificaron de “victimas”.

La OEA, la ONU, el Vaticano, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, aliados de Washington, acusan a Ortega de ser el único responsable, y Estados Unidos se encargó de financiar las campañas de prensa con ese fin.

Todo es muy diferente al silencio o escasas denuncias de lo que sucede en México, país con el índice de periodistas asesinados más alto del mundo, sin preocupar a ninguno de los que se alarman por los hechos en Nicaragua, provocados por los grupos de la “oposición”, conformada por delincuentes comunes.

Sabio siempre nuestro José Martí al expresar:

“Levantarse sobre intrigas, es levantarse sobre serpientes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos culpable de las migraciones ilegales.


Por Arthur González

Desde el pasado siglo XX los movimientos migratorios en el mundo crecen vertiginosamente, provocado por guerras y desigualdades económicas. En la última década la situación se volvió incontrolable y el verdadero responsable es Estados Unidos, con sus planes desestabilizadores y operaciones encubiertas contra países que tienen gobernantes no aceptables para ellos.

¿Quién provocó las salidas ilegales de Cuba hacia Estados Unidos?

El propio gobierno estadounidense que aceptó desde enero de 1959, la entrada a su territorio de los prófugos de la justicia cubana, asesinos, torturadores y ladrones que sirvieron al dictador Fulgencio Batista, a los cuales otorgó la categoría de “refugiados políticos”, a pesar de sus crímenes y otros delitos comunes cometidos.

Por su fuera poco, la CIA de conjunto con la Iglesia Católica cubana, organizaron en 1960 la abominable Operación Peter Pan, sacando del país sin acompañantes a 14 mil 48 niñas y niños menores de 16 años, no otorgándole visas a sus padres, quienes no tuvieron otra alternativa que lanzarse al mar para llegar a la Florida, donde eran recibidos como héroes.

Para darle legalidad al fenómeno, en 1966 el presidente Lyndon B. Johnson aprobó la Ley de Ajuste Cubano, aún vigente, que admite a todo cubano que llegue a suelo estadounidense y solicite asilo por “huir del comunismo”.

En los últimos cinco años, países latinoamericanos se vieron envueltos por movimientos migratorios ilegales, de miles de cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos en busca de mejorías económicas.

Washington mantiene una guerra económica, financiera y mediática total contra Cuba, con el propósito de provocar revueltas populares que pongan fin al sistema socialista, pero los cubanos en vez de eso, buscan la forma de arribar a la frontera norteamericana, convirtiéndose esa guerra económica en un bumerán para los propios yanquis.

A Venezuela le aplicaron la misma receta y el resultado obtenido es similar, porque la emigración hacia los Estados Unidos desborda sus posibilidades de asimilarlos, teniendo que adoptar medidas de deportación, al no existir Ley de Ajuste Venezolano.

Esto también afecta a otros países centroamericanos que se ven en graves problemas por las entradas masivas de venezolanos, que desestabiliza sus economías y sistemas de seguridad interna.

Otro tanto sucede en la actualidad con Nicaragua. Desde hace algunos años Estados Unidos intenta derrocar al gobierno de Daniel Ortega, asignándole a la USAID y a la NED, millonarios presupuestos para preparar a la contrarrevolución interna, lo que hacen también contra Cuba y Venezuela.

Esa contrarrevolución nicaragüense ejecutó recientemente planes terroristas diseñados por la CIA, dirigidos desde la embajada yanqui en Managua, con el fin de crear el caos interno.

Ante tantos hechos terroristas, incluido los asesinatos a personas simpatizantes de Ortega, la desestabilización interna y el temor de una escalada mayor de violencia, miles de ciudadanos se encaminan hacia la frontera de Costa Rica, conformando una situación bien compleja para esa nación centroamericana que no fabricó ni estimuló a la contrarrevolución nica.

Estados Unidos, padre de la desestabilización interna en esos países, observa desde lejos pero no recibe a ninguno de los nicaragüenses que salen de su país.

El gran consumo interno de drogas en Norteamérica, estimula la producción de cocaína y marihuana en países latinoamericanos, por lo que cada día surgen más carteles dedicados al tráfico de drogas hacia EE.UU.

México como país fronterizo con Estados Unidos es quien más sufre las consecuencias nefastas. Los asesinatos son por decenas diariamente, la violencia contra la población campesina es cotidiana y la miseria prolífera sin límites.

Esa es la causa fundamental de la emigración ilegal hacia el Norte, donde la guardia fronteriza yanqui los matan como animales, y ahora por decisión del presidente Donald Trump, les quitan a sus hijos enviándolos a centros de detención mientras esperan la deportación.

Está sucediendo algo similar en Europa, posterior a la guerra iniciada injustificadamente por Estados Unidos en Afganistán, con el verdadero propósito de acercarse a la frontera con Rusia e Irán, apoderarse de sus recursos naturales y cambiar el mapa mundial.

Lo mismo sucedió después de la guerra criminal contra Yugoeslavia, Irak, Libia, Yemen y Siria, dando como resultado una desestabilización total en la región, a la que se suman las revueltas en países africanos, después que Estados Unidos con el apoyo de Israel, fabricó un ejército mercenario para combatir en Siria.

Esas oleadas de emigrantes ilegales no llegan a las costas de Estados Unidos, sino a la de países europeos que se ven obligados a la asimilación de cientos de miles de personas, creándose el desorden interno, además de los cientos de ahogados en el mar.

Sin embargo, las campañas mediáticas construidas por la prensa oficialista de muchos países, no señalan al verdadero responsable de los conflictos bélicos en el mundo y acusan a los que son víctimas de los planes de acción encubierta, brindando una imagen tergiversada de la realidad.

Miles de personas huyen de la violencia construida por los yanquis, que diseñan, financian y abastecen a los grupos terroristas disfrazados de “opositores”.

Lo que sucede en los países afectados no es más que la aplicación de la mal llamada “lucha no violenta”, ideada por el viejo agente CIA, Gene Sharp, con sus cinco etapas.

1ra. Promover acciones “no violentas” para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, denuncias de corrupción, promoción de intrigas y divulgación de falsos rumores.

2da. Desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de “totalitarismo” contra el gobierno en el poder.

3ra. Centrar la lucha por “reivindicaciones políticas y sociales”, manipular los colectivos para que emprendan manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones estatales.

4ta. Ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.

5ta. Forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

No son coincidencias, sino un programa subversivo que al final origina la emigración ilegal de los que no quieren morir, ni pasar hambre en sus países.

Esos planes imperiales resultan muy peligrosos y Estados Unidos debería tener presente que con los pueblos no se puede jugar, porque como el elefante, nunca olvidan.

Por eso señaló José Martí:

“Con el elefante no hay que jugar, porque cuando se le enoja la dignidad, sacude la trompa como un azote y de un latigazo echa por tierra al hombre más fuerte”.

 

 

Nicaragua atención, el imperio os asecha.


Por Arthur González.

Estados Unidos aprobó millonarios presupuestos para pagar a la derecha latinoamericana con el fin de derrocar los procesos de izquierda. A eso se suman los planes de acciones violentas ejecutados por ciudadanos de baja calaña, los cuales reciben altos pagos, como sucedió en Venezuela, y ahora en Nicaragua, bajo los patrones diseñados por Gene Sharp.

No es ocioso recordar su teoría, desarrollada para remover gobiernos no aceptables para Estados Unidos:

  • La lucha activa se centra por “reivindicaciones políticas y sociales”, y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
  • Ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.
  • Forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle.

El gobierno sandinista está en la mirilla imperialista desde hace tiempo, entorpeciendo las inversiones previstas para la ejecución de un nuevo canal interoceánico y otras que pueden elevar los niveles económicos de ese país, que ya sufrió el desgaste de la contrarrevolución pagada, abastecida y entrenada por la CIA.

Ante la imposibilidad de derrocar al presidente Daniel Ortega en el proceso electoral, Estados Unidos aprovecha cualquier oportunidad para desestabilizar a Nicaragua y los hechos más recientes así lo prueban.

En cuanto se anunciaron las reformas al Seguro Social por el gobierno nicaragüense, comenzaron las protestas que evidencian la mano yanqui, pues la violencia callejera ejecutada por jóvenes que no se perjudican por la misma, no justifican ese estado de “irritación”, que ya deja un saldo de 25 muertos, entre ellas el asesinato de Ángel Eduardo Gahona, periodista del Canal 6 de Nicaragua, por un disparo en la cabeza mientras reportaba hechos de violencia en la ciudad de Bluefields.

La situación es idéntica a la creada en Venezuela, ejecutada por grupos financiados por la oposición vinculados a la embajada norteamericana.

Imposible que sea una casualidad que en Nicaragua los que protestan de forma vandálica y terrorista, sean también jóvenes estudiantes universitarios, unidos a pandilleros.

Los de Venezuela recibieron importantes cantidades de dinero para ejecutar dichos actos, que acabaron con la vida de decenas de personas, saquearon centros comerciales y quemaron instituciones estatales, lo mismo que ahora sucede en Nicaragua.

Si fueran protestas verdaderas por reclamos políticos como sucede en España, Italia, Argentina o Grecia, no existirían actos terroristas, lo que demuestra la mano de la CIA en esa violencia.

El presidente Ortega lo dejó bien esclarecido cuando declaró:

Esto que está aconteciendo en nuestro país, no tiene nombre. Los muchachos ni siquiera saben el partido que los están manipulando. Incorporan a pandilleros y criminalizan las protestas”.

Si las protestas son teóricamente por reclamos ante las reformas al Seguro Social anunciadas por el gobierno sandinista, ¿cómo se explican los saqueos a centros comerciales de ventas de televisores, neveras y hasta motocicletas, unido a los daños en instalaciones estatales, entre ellos algunos hospitales?

¿Acaso eso es respetar los derechos humanos y ayudar al pueblo?

Todo es una copia del plan elaborado por la CIA contra Venezuela, con el que se pretende aplicar la teoría de Sharp.

Si actos similares se produjeran en España la policía acabaría las protestas a bastonazos, disparos con gomas de bala, chorros de agua fría y gases lacrimógenos, todo con la violencia salvaje que caracteriza a la derecha cuando enfrenta manifestaciones pacíficas. Estados Unidos y la Unión Europea le darían todo el apoyo mediático y ninguno impondría sanciones al gobierno del Partido Popular.

La actual campaña de prensa está dirigida a satanizar al gobierno sandinista y no a los responsables de los actos vandálicos, incluso la Conferencia Episcopal de Nicaragua condenó la “represión” contra los manifestantes y exhortó al gobierno a escucharlos y a derogar las reformas al Seguro Social, pero hace silencio contra los responsables de las 25 muertes, incluida la del periodista.

El gobierno argentino ha tomado más medidas que afectan a la población, como los llamados tarifazos, desplegó las tropas policiales cuando el pueblo se lanzó a protestas y las acabó a porrazos y balas de goma, pero no hay campañas contra Macri, porque es uno de los países donde la derecha pro yanqui retomó el poder, junto con Brasil, a lo que va sumándose Ecuador y en los próximos días Paraguay, donde las elecciones fueron ganadas por el hijo del ayudante del dictador Alfredo Stroessner, uno de los que llevó a cabo la Operación Cóndor diseñada por la CIA en Suramérica.

No por casualidad intentan desmontar todos los organismos creados por los gobiernos de izquierda, entre ellos la UNASUR, donde los seis países que siguen al pie de la letra las órdenes de Washington (Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú) han declarado su decisión de no participar en las distintas instancias de UNASUR, “hasta tanto no cuenten con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”.

Se trata de un show montado para no permitir la presidencia de Bolivia, país que junto a Venezuela mantienen las banderas de la izquierda en favor de los desposeídos, situación a la que se opone el imperialismo yanqui con todo su poderío.

Las razones son obvias, la secretaría de UNASUR está vacante desde enero del 2017, cuando dejó el cargo el colombiano Ernesto Samper, debido a la falta de consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha, el argentino José Octavio Bordón.

Ante esa maniobra política que pretende desmembrar la unidad de los países del Sur. El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, declaró desconocer la intención de algunos países de abandonar la UNASUR y adelantó que su resolución, como presidente pro témpore del organismo, es convocar para mayo una reunión con sus homólogos.

Esperemos pues las próximas exigencias de la derecha nicaragüense, pero como alertó José Martí:

“Cuando el águila extiende sus alas, desgarra con sus pies la superficie de la tierra”.