Donald Trump, ni la ley respeta.


Por Arthur González.

Donald Trump asume la posición de juez del mundo, sanciona a diestra y siniestra, e incluye en sus listas negras a quienes no aceptan someterse a sus órdenes, siendo Estados Unidos el máximo violador de las leyes internacionales.

Ahora arremete contra la Corte Internacional de Justicia, porque propone investigar los crímenes de guerray crímenes contra la humanidad, cometidos por soldados yanquis y oficiales de la CIA, durante la ilegal guerra contra Afganistán, algo que el señor emperador no admite.

El 11 de junio 2020, ante la decisión de ese órgano judicial, Trump ordenó instrumentar sanciones contra los funcionarios de la Corte Internacional, que se atrevan a procesar a cualquier militar yanqui que estuviera envuelto en crímenes en Afganistán, pues evidentemente considera que sus soldados son intocables y tienen licencia para matar, algo que también ejecutan sus policías, constatado recientemente en el asesinato de George Floyd.

Los intentos de investigar esos crímenes vienen desde hace años, siendo torpedeados por Estados Unidos mediante contactos secretos y presiones, a varios miembros de esa entidad.

Fue en noviembre de 2017, cuando la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda, solicitó investigar esos crímenes en Afganistán y en septiembre 2018, los yanquis arremetieron agresivamente contra la Corte, amenazándola con sanciones.

John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional, en su discurso ante la Federalist Society, afirmó:

“Estados Unidos utilizará cualquier medio necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados, contra las acusaciones injustas de ese tribunal ilegítimo”.

Y agregó:

“No cooperamos con la Corte, no le prestaremos asistencia, no nos uniremos a ella y dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la Corte Internacional ya está muerta para nosotros”.

Con su acostumbrado lenguaje adelantó la respuesta que darían:

De continuar la investigación, la Administración estudiará prohibir a los jueces y fiscales del tribunal la entrada en Estados Unidos. Procesarlos ante la justicia estadounidense o imponer sanciones a fondos que pudieran tener en su sistema financiero, son otros de los posibles castigos. Las sanciones se extenderían a cualquier empresa o Estado que colabore con una investigación contra ciudadanos estadounidenses. Contemplará también negociar acuerdos bilaterales que prohíban, a terceros países, entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal de La Haya”.

“Evaluaremos que acciones ejecutar en el Consejo de Seguridad de la ONU, para restringir los extensos poderes de la Corte, y nos aseguraremos que esta no pueda ejercer su jurisdicción sobre los estadounidenses y los nacionales de nuestros aliados que no hayan ratificado el Estatuto de Roma”.

Estados Unidos no se cruzó de brazos y desplegó a sus cabilderos en busca de apoyo.

El resultado se constató el 12 de abril de 2019, cuando la Sala de Primera Estancia de la Corte, desestimó por unanimidad la solicitud para llevar a cabo la susodicha investigación, presentada por la fiscal Fatou Bensouda.

Sin temor alguno, ella apeló a la Cámara de Apelaciones, la cual aprobó el 5 de marzo 2020, la solicitud de investigar posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán. 

La respuesta no se hizo esperar y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEna, declaró:

Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”.

Bajo ese argumento, las sanciones ordenadas por Trump implican el bloqueo de propiedades o activos, que los funcionarios de la Corte Internacional posean en Estados Unidos y denegar las visas para ingresar a EstadosUnidos de ellos y sus familiares.

En el decreto del presidente, se les acusa de “realizar investigaciones sesgadas, con fines políticos y ser corrupta”.

Las amenazas demuestran el irrespeto por las leyes, pero la Corte continuará sus investigaciones acorde a lo que dicta el Derecho, aunque Trump considere que es una “persecución contra Estados Unidos”.

El pasado año 2019 la Casa Blanca le había revocado la visa a Fatou Bensouda, como medida de coacción para que pusiera fin al proceso legal.

La investigación es sobre los crímenes cometidos desde 2003 por las tropas estadounidenses y la CIA, los soldados talibanes y los afganos. Hace algunos años Estados Unidos compareció ante el Alto comisionado de la ONU contra la Tortura, por sus acciones en la ilegal cárcel abierta en la base naval en Guantánamo.

En respuesta a las amenazas de Trump, la Corte Internacional calificó el decreto como “la última de una serie de ataques sin precedentes, que constituye una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte”, declaraciones que irritan aún más al presidente.

Un comunicado oficial la Corte afirma: “estar profundamente decepcionados con la decisión de las autoridades estadounidenses, continuaremos apoyando a nuestro personal y cumpliremos nuestros deberes de manera imparcial e independiente”.

Por su parte, O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de la Corte Internacional de Justicia, emitió una nota de prensa solicitándole a los países participantes de la Corte, que protejan los principios del órgano y se declaren en contra de los ataques que lesionan la unidad de la Corte penal.

Esta investigación pone en evidencias los crímenes que comente Estados Unidos, algo sin precedentes y perjudicial para la imagen de quienes acusan a otros, cuando son realmente violadores de todo derecho.

Las reacciones contra los chantajes del presidente yanqui no se han hecho esperar y por eso Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, expresó:

“El decreto firmado por Trump es preocupante y nuestra posición no ha cambiado con respecto a la lucha por la justicia y contra la impunidad”.

A eso se sumó el Alto Representante para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien declaró en Bruselas:

“La Unión Europea continuará dando su apoyo a la Corte Internacional de Justicia, porque ella desempeña un papel clave en el establecimiento del derecho internacional y la resolución de los crímenes internacionales más severos”.

La labor de la Corte fue criticada por el gobierno de George W. Bush, quien alentó a los países miembros a cerrarla.

En agosto del 2018 Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte para evaluar las sanciones contra Irán, ante la denuncia de los persas por las medidas económicas impuestas por Washington.

En ese sentido, el 28.08.2018 Jennifer Newstead, abogada del Departamento de Estado ante el tribunal de la ONU, rechazó la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la denuncia de Irán e insistió que “la intención del gobierno de Trump es seguir ejerciendo fuertes presiones contra Teherán”.

La posición adoptada por la Corte Internacional desagrada a Washington, observando con preocupación lo que pueda suceder con la demanda presentada en febrero 2020, por el gobierno de Venezuela, contra las medidas coercitivas unilaterales empleadas por Trump para ahogar su economía.

Valiente posición de la Corte Internacional que merece todo el respeto, pues como dijo José Martí:

“El respeto a las personas hace grandes a los pueblos y a sus hombres, sin el cual solo son caricaturas”.

Demanda de Venezuela contra Estados Unidos un ejemplo a imitar.


Por Arthur González.

La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional por el gobierno de Venezuela contra Estados Unidos, ante los crímenes de lesa humanidad que cometen los yanquis contra ese pueblo, es un ejemplo a imitar por todos los países que sufren similares acciones genocidas, ejecutadas por el gobierno estadounidense.

Basta ya de soportar su hacer y deshacer en el mundo sin que nadie los sancione.

Guerras genocidas que barren ciudades enteras, monumentos del patrimonio de la humanidad, asesinatos en masa de niños, mujeres y hombres, cárceles secretas con métodos de tortura copiados a los nazis, robo de recursos naturales, guerras económicas, comerciales, financieras y biológica para matar de hambre y enfermedades, todo sin que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni otros organismos internacionales, condenen y sancionen a los responsables de tantos crímenes.

El mundo no puede tolerar ese silencio cómplice de los aliados europeos, que ven, callan y hasta participan en las guerras fratricidas yanquis, por apoderarse de territorios ricos en minerales importantes.

¿Por qué los pueblos tienen que aguantar las medidas de guerra económica, comercial y financiera diseñadas por Estados Unidos, sin que sean sancionados?

Un evidente ejemplo es la votación anual que se ejecuta en la Asamblea General de la ONU, contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba desde hace 60 años. La totalidad de las naciones lo condenan, pero Estados Unidos en vez de eliminarlo lo incrementa con medidas cada vez más brutales, con el deseo de exterminar a todo un pueblo.

La decisión tomada por Venezuela es correcta, aunque se enfrentará a las presiones yanquis sobre quienes deben decidir. No importa, el mundo conocerá la demanda bien argumentada de cada medida que adopta Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, solo con el objetivo de imponer a un peón que vuelva a colocar los recursos naturales venezolanos en manos de empresas norteamericanas.

Cuba también puede presentar pruebas irrefutables de las criminales Operaciones Encubiertas ejecutas por Washington, muchas de ellas desclasificadas y publicadas, como pruebas de su política delictiva, entre ellas los planes de asesinato a Fidel Castro, algunos reconocidos por la denominada Comisión Church del Comité Selecto del Senado, en los años 70 del siglo XX.

Constan documentos elaborados por la CIA de sus acciones ilícitas contra la Revolución cubana desde 1959, como el Plan de influencia subversiva y reclutamiento en sectores priorizados de la sociedad cubana”, elaborado en abril de 1959 por la embajada yanqui y la estación CIA en La Habana; el informe confeccionado por el Jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, enviado al director general el 11 de diciembre de 1959, donde propone “darle una cuidadosa atención a la eliminación de Fidel Castro”.

Otros planes macabros como el aprobado por el presidente Dwight Eisenhower a la CIA, el 17 de marzo 1960, para crear una oposición a Castro, una red de espionaje interno en la Isla, iniciar una poderosa ofensiva propagandística a nombre de la “oposición”, y organizar la invasión mercenaria financiada por la CIA.

Solamente la despiadada Operación Peter Pan, diseñada por la CIA con campañas falsas sobre una inventada Ley revolucionaria que les quitaría la patria potestad a los padres cubanos, sirve para condenar a Estados Unidos en cualquier tribunal que respete la ley, pues mediante el engaño y la mentira lograron sacar de Cuba, sin acompañantes, a 14 mil 48 niños que quedaron afectados psicológicamente para toda la vida, al verse separados abruptamente de sus padres.

Cualquier Corte de Justicia sancionaría sin reservas a Estados Unidos por ejecutar la Operación Mangosta en enero de 1962, la cual estuvo dirigida a “provocar una rebelión del pueblo cubano, a partir de una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar, en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país, junto a operaciones psicológicas que acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen…”

Esa Operación pretendía justificar una invasión a Cuba por parte del ejército yanqui, como respuesta a la derrota sufrida en su invasión mercenaria por Bahía de Cochinos en 1961.

En la misma se demuestra como Estados Unidos preparó la reunión de la OEA en 1962, para condenar a Cuba y organizó, a través del Departamento de Estado, las presiones a gobiernos latinoamericanos y las manifestaciones populares, sumadas a las campañas de prensa en apoyo a tal acción, todas sufragadas por su Agencia de Información (USIA).

Cualquier juez que se respete no le temblaría la mano para castigar a Estados Unidos, máxime si Cuba presenta como prueba contundente en su denuncia, otros planes yanquis desclasificados y publicados, como es el documento preparado por CIA para el Grupo permanente del Consejo Nacional de Seguridad, el 8                                                     de junio de 1963, titulado “Política encubierta y programa integrado de acciones propuestas hacia Cuba”, el cual contiene tareas para llevar a cabo acciones de terrorismo de Estado contra toda la economía cubana, un espionaje total, unido a la propagada mediática  para estimular los sabotajes.

Con qué derecho un país extranjero puede aprobar leyes para aniquilar el sistema político y económico de otro estado soberano. ¿Eso es permitido por la Corte de Justicia Internacional?

Las Leyes Torricelli y la repudiable Helms-Burton son ejemplos irrebatibles de las actividades ilegales de Estados Unidos contra una pequeña isla del Caribe, solo por haber decidido cortar las cadenas impuestas en 1901.

La lista de pruebas es larga y cada una más convincente, respecto a las violaciones de la ley internacional que comete el país que se auto proclama “paladín de los derechos humanos en el mundo”.

Pocas investigaciones tendrían que hacer los fiscales de la Corte Internacional de la Haya. Solo con leer los documentos oficiales yanquis les bastaría para conocer la verdad, esa que es manipulada o silenciada por la prensa de Estados Unidos.

Sabio José Martí al sentenciar:

“La justicia a secas, es lo único a lo que ha de asirse el hombre decoroso y sensato”.

 

 

Los yanquis perdieron la memoria


Por Arthur González.

Al conocer los resultados del operativo policial que capturó a los ex policías terroristas venezolanos al servicio de la CIA, la prensa de Estados Unidos y de sus aliados, tergiversa la información para volver a satanizar al presidente Nicolás Maduro y confundir a la opinión pública.

Estados Unidos, padre y madre del terrorismo internacional creador de la tenebrosa Operación Cóndor, donde los asesinatos y las torturas eran el pan de cada día en Latinoamérica, unido al golpe militar diseñado contra el presidente constitucional Salvador Allende, ahora se oponen a la captura del grupo que robó un helicóptero militar y sustrajo armas de combates para bombardear instituciones gubernamentales venezolanas.

Si ese mismo hecho hubiese ocurrido en Estados Unidos la historia sería contada de otra forma.

Quienes invadieron Irak, bajo la mentira de que poseían armas químicas que no existían y asesinaron a ciudadanos civiles, lo mismo que en Afganistán y Libia, ahora acusan al gobierno venezolano por haber realizado una operación militar para capturar a la pandilla terrorista.

Para confundir y tergiversar la verdad, califican de “asesinato” la muerte del terrorista Oscar Pérez, por considerarlo un “opositor” a sus órdenes. Sin embargo, el asesinato de Muammar el Gadafi, presidente de Libia, fue bien visto por la Casa Blanca, porque ese era el verdadero objetivo con su invasión injustificada en ese país árabe, donde provocaron el caos y la violencia interna.

Estados Unidos es responsable del desorden de la sociedad venezolana, con sus planes subversivos para destruir la revolución bolivariana, la cual no aceptaron desde queHugo Chávez, ganó las primeras elecciones convirtiéndose en un blanco a eliminar.

La guerra económica y psicológica que llevan a cabo contra Venezuela, solo es comparada con la que ejecutan contra Cuba por similares motivos.

El golpe militar efectuado contra Chávez, fue organizado y financiado por Estados Unidos, incluido su secuestro, lo mismo que llevaron a cabo en Honduras contra el presidente Manuel Celaya, trasladándolo hacia México en ropa de dormir, hecho sin precedentes en la historia.

Esas acciones tuvieron el apoyo total de gobiernos europeos y algunos latinoamericanos, que callaron ante actos criminales que pisotearon la llamada “democracia”.

La acción comando de Venezuela para capturar a los terroristas encabezados por Oscar Pérez, es legítima y no es diferente a la organizada por las fuerzas militares yanquis para capturar a Osama Bin Laden, quien según dijeron, fue muerto en el asalto, a pesar de no estar armado, como si lo estaba el grupo venezolano que respondió con alto poder de fuego contra las tropas del ejército constitucional de Venezuela.

¿A quién pretenden engañar los yanquis cuando su hoja de crímenes es amplia e inigualable?

¿Se olvidaron de sus crímenes en Viet Nam, donde lanzaron toneladas de napalm para asesinar a campesinos, mujeres y niños?

Oscar Pérez no es un héroe como quieren hacerle creer a la opinión pública, es un terrorista, pagado con dinero de Estados Unidos, que lanzó bombas contra civiles inocentes en Caracas, lo que pudo constarle la vida a cientos de personas.

El mundo conoce el historial de Estados Unidos y no se le puede engañar fácilmente.

Para esos que salieron a defender al terrorista, como Miguel Otero, editor del diario venezolano El Nacional, exiliado actualmente en España, debería condenar a Estados Unidos por acoger y proteger a Luis Posada Carriles, asesino de 73 pasajeros inocentes que viajaban en el avión de Cubana de Aviación, explotado en pleno vuelo y prófugo de la justicia de Venezuela, del cual no dice ni media palabra.

La campaña que hacen contra Maduro, demuestra de lo que son capaces los yanquis cuando surgen dirigentes políticos que no se someten a sus órdenes, algo que no arman contra el presidente de Brasil acusado de corrupción, o los de Argentina y Honduras, porque son fieles subordinados de su política imperial.

A la Corte Penal Internacional tienen que llevar a George W. Bush, por haber aprobado el derrumbe de las Torres Gemelas en New York, para justificar la invasión contra Afganistán y a Barack Obama, por la orden de invadir Libia y el linchamiento del presidente Gadafi, más la ejecución extrajudicial de Bin Laden, cuyo cuerpo no fue mostrado, ni entregado a sus familiares para darle sepultura.

El Departamento de Estado dio instrucciones a su subordinado Luis Almagro, de la OEA y otros países latinoamericanos miembros del Grupo de Lima, para que se sumen a la condena de Venezuela, algo que no hicieron contra los actos terroristas de la derecha, cuando quemaron vivos a seguidores de Maduro, incendiaron instituciones estatales y centros universitarios.

Por presiones del Departamento de Estado yanqui, 12 países latinoamericanos del Grupo de Lima, condenaron al gobierno venezolano y se dice que podrían solicitar a la Corte Penal Internacional, iniciar una investigación contra Maduro, en la próxima reunión de cancilleres el 23.01.2018 en Chile, para  analizar a Venezuela.

Todos, con falta total de decoro, hacen un silencio cómplice sobre el vergonzoso fraude electoral ocurrido en Honduras, y la salvaje represión contra su pueblo que protesta masivamente en las calles.

Del asesinato de Danilo Maldonado en Argentina, el grupo de Lima cerró ojos y oídos para ni ver ni escuchar, la organización Human Rights Watch no ha condenado al gobierno de Macri, ni existen cruzadas de prensa en su contra por los abusos que comete a diario.

Por eso los pueblos se radicalizan cada día y no aceptan imposiciones desde Estados Unidos, país que se aleja de losciudadanos cada vez más, incluidas las expresiones de su presidente, que llamó “países de mierda” a varios latinos y africanos, algo que al parecer Miguel Otero no se dio por enterado, tal y como le sucedió con las represiones policiales contra pacíficos manifestantes en Barcelona.

La democracia sigue enferma entre esos que solo escuchan la voz de su amo, Estados Unidos, y no la de los ciudadanos honestos.

Por esas causas José Martí aseguró:

“Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres”