Ignorancia o mala fe.


Por Arthur González.

No sorprende que una monja católica manifieste criterios que responsabilizan al gobierno revolucionario de las limitaciones y carencias que padecen los cubanos, sin tener en cuenta las leyes impuestas por Estados Unidos contra Cuba, ni condenar esas conductas.

Las declaraciones a la prensa y en las redes sociales, de Sor Nadieska Almeida, madre superiora de la orden religiosa católica Hijas de la Caridad en Cuba, evidencian ignorancia y parcialidad, para no calificarlas de mala fe, aunque así lo parezcan.

Todo indica que nunca se ha leído una sola de las leyes impuestas contra la Isla desde 1959, que persiguen:

Causar daño, debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros al gobierno revolucionario con la finalidad de disminuir los salarios reales y monetarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno, mediante el desencanto y el desaliento.

Esto no es propaganda comunista, es parte de un documento oficial elaborado por un funcionario del Departamento de Estado, fechado el 6 de abril de 1960.

Tales acciones dan mucha rabia, dolor e impotencia, porque van dirigidas a matar por hambre y enfermedades a toda una nación, violando sus derechos humanos. Eso no se lo merecen los cubanos.

Antes de responsabilizar al gobierno cubano de las limitaciones que atraviesa la salud pública, debería leerse la Ley de Comercio con el Enemigo, (TWEA), de 1917, sección 5.b, impuesta a Cuba desde enero de 1961, la cual prohíbe cualquier tipo de transacción comercial o financiera, incluidas las relativas a viajes, transportes o negocios. Cuba es el único país del mundo que sufre las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos en virtud de las disposiciones de esta ley.

La Ley de Cooperación Internacional de 1961, sección 620.a; Regulaciones al Control de los Activos Cubanos de 1963; Ley para la Democracia en Cuba de 1992, conocida también como Ley Torricelli; Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas de 1996, (Ley Helms-Burton) y la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.

Parece que quien manifiesta sufrimiento por las penurias de los cubanos, no sabe nada de las restricciones impuestas por la guerra económica aplicada desde 1962, dirigidas a privar a Cuba del acceso a medicamentos, nuevas tecnologías científicas y médicas, alimentos y hasta el tratamiento químico del agua y la electricidad.

La Ley para la Democracia Cubana de 1992, insta a los gobiernos de terceros estados a abstenerse de fomentar el comercio y el otorgamiento de facilidades financieras a Cuba.

El pueblo de Cuba no se merece tales sanciones, solo por defender su soberanía frente al imperio.

La religiosa debería conocer que la cifra de niños y niñas que padecen de enfermedades cardiacas, en espera de un tratamiento adecuado en un hospital pediátrico cubano, aumentó después que Cuba fuera impedida de adquirir el equipo médico necesario para su tratamiento en empresas radicadas en Estados Unidos, pues estas se negaron a venderlo debido a las restricciones y sanciones impuestas por el Bloqueo.

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