Estados Unidos y su sistema político disfuncional.


Por Arthur González.

Los graves problemas que exhibe el sistema político de Estados Unidos se exponen hoy más que nunca, tanto a lo interno de su sociedad como en la política exterior.

La pandemia de la Covid-19 sacó a la luz las debilidades de un sistema de salud donde lo principal es el dinero y no la atención a los seres humanos, al ser los servicios de asistencia y los medicamentos un jugoso negocio.

La venta de armas de fuego es otro de los grandes que llenan bolsillos de millones de dólares, a un clan que no le preocupa la muerte de niños, jóvenes y ciudadanos inocentes. Las drogas y la prostitución, recaudan más dólares que la producción de alimentos, algo que a los políticos yanquis no les interesa atacar, porque de alguna manera todos sacan beneficios del dinero que reciben de los acaudalados que ayudan a sus campañas eleccionarias.

En política exterior la estadounidense cada vez es peor, al tener como meta la imposición de su sistema a todo costo, sin preocuparse por las relaciones internacionales transparentes y respetuosas del derecho ajeno, situación presente en América Latina, considerada su traspatio o su jardín, como recientemente expresara el presidente Joe Biden, en fin, parte de su propiedad.

La actual Cumbre de las Américas, está condenada al fracaso desde su anuncio, debido a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, punta del iceberg de esa disfuncionalidad política yanqui, pues el eufemismo del lema que preside la misma “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, es algo inalcanzable por las torpezas de los políticos que continúan pensando que son los dueños de la región, a la vez que desprecian a sus países por considerarlos de segunda categoría.

Esto se comprueba fácilmente pues actualmente Estados Unidos solo tiene embajadores en 10 de sus 21 misiones diplomáticas en toda la región. Entre las plazas vacantes de embajadores están Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Bolivia, Cuba y Venezuela.

Pero la situación de la política exterior es mucho peor de lo que muchos creen. Un reporte del Departamento de Estado, confeccionado en el pasado mes de febrero 2022, afirma que de 227 embajadores que deben ser nombrados por el gobierno de Joe Biden, había 80 puestos vacantes, situación inverosímil en un país que se autoproclama “paradigma de la democracia”.

Entre las misiones diplomáticas que no tienen un embajador yanqui, estaban en esa fechaAlemania, Reino Unido, Ucrania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India y Corea del Sur.

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La ley del embudo al estilo yanqui.


Por Arthur González.

El gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia fomentaron la campaña contra Cuba el pasado mes de noviembre 2021, para que el pueblo saliera a las calles en una marcha supuestamente pacífica, convocada por su marioneta Yúnior García, cabecilla del grupito nombrado Archipiélago, a pesar de que las autoridades cubanas le negaron el permiso y fuera advertido oficialmente de la violación que cometería de llevarla a cabo. El interés era repetir las acciones cometidas en el mes de julio.

De inmediato la prensa extranjera y los sitios en las redes sociales al servicio de Estados Unidos, lanzaron una cruzada mediática acusando a Cuba de limitar la libertad y otras cosas similares, en su añejo afán de satanizarlo todo, pues se sabía que el deliberado propósito era crear un desorden interno y alcanzar su añorado cambio de sistema, de ahí la insistencia en que se ejecutara.

Sin embargo, cuando se trata de una manifestación realmente pacífica en los propios Estados Unidos, como la que solicitaron organizaciones de la sociedad civil en apoyo a la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, para el 10 de junio 2022 que sesionará de forma paralela a la Cumbre de las Américas, el Departamento de Policía de la ciudad estadounidense de Los Ángeles les respondió con una rotunda negativa y amenazas legales si la hacían.

Los organizadores de esa marcha en Estados Unidos no reciben el apoyo mediático ni el financiamiento de la Cancillería de Cuba y menos de sus diplomáticos en la embajada en Washington, como hicieron los yanquis y su misión en La Habana con Yúnior García y otros contrarrevolucionarios a su servicio.

Ante esa negativa, ni la Unión Europea y las principales agencias de prensa, acusan a la Casa Blanca de violar los derechos constitucionales contemplados en la primera enmienda de su Constitución, y de pisotear los derechos a la libertad de expresión, como ya denuncian la plataforma The People’s Forum y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, grupos que convocan a la manifestación y aseguran hacerla de todas formas.

Veremos entonces a la policía yanqui reprimir violentamente a los manifestantes, encarcelarlos y sancionarlos, sin ser condenados por la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y menos por el Parlamento Europeo, quienes forman una dramática alharaca para condenar a Cuba por sancionar a dos delincuentes comunes, respaldados por los yanquis, mientras hacen silencio cómplice ante la detención en el Reino Unido del programador y ciberactivista australiano Julián Assange, fundador de la plataforma WikiLeaks, donde se publican de forma anónima documentos sensibles de interés público.

Similares actitudes mantienen respecto al secuestro y traslado a Miami del diplomático venezolano Alex Saab, acción violatoria de las leyes internacionales, en prueba de la prepotencia imperial.

Ambos se enfrentan a desmedidas sanciones, como respuesta al desafío que asumieron ante las de las políticas criminales de Estados Unidos, pero los yanquis y sus aliados se desgastan en acusar a Cuba por detener y sancionar a los asalariados de Washington que comente delitos comunes, aunque los quieran disfrazar a la carrera de “presos políticos” y de “artistas” sin aval alguno.

Así actúan quienes invaden países, masacran a civiles inocentes y saquean sus riquezas, experimentan con seres humanos, torturan a los detenidos en cárceles secretas, sin permitir acceso a familiares ni a un abogado para defenderlos, encarcelan y condenan a niños, además de mantener la pena de muerte como sanción, incluidos menores de edad, sin jamás ser sancionados, para después argumentar cínicamente que lo hacen para “defender” los derechos humanos.

Siempre recordamos a José Martí cuando afirmó:

“Ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar”