Por Arthur González.
Los que acusan a Cuba de cualquier acción que ejecute para hacer cumplir las leyes, especialmente contra los que al servicio de Estados Unidos las violan premeditadamente, ante hechos reales que pisotean los derechos civiles y humanos, hacen silencio total como si fueran sordos, ciegos y mudo.
Uno de los recientes casos de violación de derechos civiles y humanos se acaba de producir en los Estados Unidos, país que se adjudica el derecho de confeccionar listas para acusar a las naciones que se niegan a arrodillarse ante sus pies, cuando en realidad son los que más violaciones a los derechos humanos comete a diario. El caso en cuestión es el de Thomas Raynard James, estadounidense de raza negra que estuvo 32 años en prisión, condenado a cadena perpetua por un crimen que nunca cometió.
Su condena se ejecutó con una evidente falta de pruebas, hasta que sus apelaciones fueron analizadas por una corte de Miami, Florida, la que determinó el 26 de abril del 2022 que era inocente.
Este hecho recurrente en el país “paladín” de los derechos humanos, no ha sido condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ni por la sacrosanta Unión Europea y su reaccionario Parlamento que de forma constante y cínica acusan a Cuba y a Venezuela de violar los Derechos Humanos, cuando sanciona a los mercenarios que trabajan para subvertir el orden constitucional, en cumplimiento de las orientaciones impartidas y financiadas por los yanquis.
Ser condenado a cadena perpetua y permanecer 32 años privado de libertad en una cárcel estadounidense, es criminal, sobre todo ante la ausencia de pruebas, algo que lacera la dignidad del reo y provoca el sufrimiento de su familia. Sin embargo, cuando los tribunales cubanos juzgan y sancionan a personas que comenten actos violentos, saquean centros comerciales, destruyen autos de la policía y golpean a los agentes del orden, de inmediato se forma la alharaca en Washington y en Europa, imponiendo sanciones solo por hacer cumplir las leyes, donde los acusados cuentan con abogados para su defensa y se presentan todas las pruebas que demuestran su culpabilidad, como sucedió con los responsables de los disturbios del 11 de julio 2021.
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