Delincuentes en Estados Unidos, opositores políticos en Cuba


Por Arthur González.

Para Estados Unidos el asalto al Capitolio Nacional, el 6 de enero del 2021, fue una insurrección con hechos violentos, ejecutada por “delincuentes” calificados como “extremistas violentos”. Ningún medio de comunicación los denomina disidentes u opositores políticos, a pesar de que el móvil que los llevó al asalto haya sido la campaña acusatoria continuada del presidente Donald Trump, de que hubo fraude en las elecciones presidenciales, razón que lo convierte totalmente en una acción política.

Sin embargo, la prensa yanqui y la europea desde hace 6 meses no deja de repetir que los actos vandálicos acontecidos en Cuba el pasado 11 de julio, fueron una “revuelta política”, ocultando los ataques violentos contra agentes del orden, sus autos patrulleros, el saqueo de centros comerciales e incluso el conato de asalto a una estación de la policía lanzando cocteles molotov, hechos por los que ahora son juzgados y sancionados.

La cruzada comunicacional anticubana pretende victimizar a puros delincuentes comunes, muchos de ellos con antecedentes penales, estimulados a través de las redes sociales mediante algoritmos diseñados en Miami, acciones comprobadas técnicamente y denunciadas por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, con elementos probatorios suficientes para desmoronar esa cruzada mediática.

Es así como Estados Unidos pretende establecer una cortina de humo sobre la crítica situación interna que padecen, evitando a toda costa permitir que se conforme una oposición política interna, bien sea por la lucha contra la discriminación racial,  la regulación de la venta de armas de fuego o por cambios en su sistema electoral tan antidemocrático, evidenciado en la pasada contienda por la presidencia del país, e incluso ante la posible propuesta de elaborar una nueva constitución que sustituya a la vigente, con más de 200 años.

En Estados Unidos hechos con evidente matiz político son denominados de inmediato como actos delictivos, tal como sucedió con las protestas por el asesinato a George Floyd, donde aún hay tres policías implicados sin ser juzgados.

Prueba del tratamiento jurídico que aplican los yanquis, es el juicio celebrado recientemente en Florida contra Robert Scott Palmer, calificado de “agitador”, quien el 6 de enero durante el asalto al Capitolio atacó a la policía con un extintor contra incendio, una tabla de madera y un poste, hecho por lo ahora fue condenado a cinco años de prisión.

Para esos que emborronan páginas enteras en los diarios contra la Revolución cubana, deberían detenerse a leer lo que dijo la jueza del distrito, Tanya Chutkan, al dictar la sentencia:

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