Desespero y preocupación ante la revisión de la política hacia Cuba.


Por Arthur González.

Los hechos demuestran el desespero y preocupación entre los que viven a costa de la política contra Cuba, de que Joe Biden pueda eliminar algunas sanciones impuestas por Donald Trump, que posibilitarían mejoras para el pueblo cubano, algo a lo que se oponen quienes pretenden matar por hambre y enfermedades a once millones de habitantes y después se dicen “defensores de los derechos humanos”.

El presidente Biden prometió durante su campaña electoral, que eliminaría parte de las sanciones aplicadas por Trump, pero hasta la fecha no lo ha hecho porque las presiones de los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio son muy fuertes, y el presidente requiere del apoyo de ambos en el senado, para la aprobación de ciertas medidas en su nueva política.

Similares presiones ejecutan Representantes de origen cubano, que evidencia una coordinación de la mafia terrorista anticubana, para mantener encadenada la política de Estados Unidos hacia La Habana.

El mundo rechaza esas acciones que en 62 años no han podido derrumbar el proceso revolucionario, a pesar de los múltiples planes de Acciones Encubiertas de la CIA y sus fallidos augurios de que “las sanciones económicas están produciendo los ansiados descontentos populares”.

El temor de la contrarrevolución de Miami ante un probable cambio de política, se evidencia en una carta remitida recientemente a la Casa Blanca, que dice:

“La revisión de la política de los Estados Unidos hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y las elecciones libres y plurales, sin realizar concesiones unilaterales, sino condicionadas a pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos”.

Para darle elementos a la nueva administración, con el objetivo de que no regrese a la política de Barack Obama, ciertos títeres de la mafia anticubana, realizan acciones que evidencian desespero. Por eso la misiva enviada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., para que investigue la muerte del opositor cubano Oswaldo Payán Sardiñas, ocurrida en julio del 2012, por un accidente automovilístico.

Tal solicitud carece de elementos probatorios, como respondió en aquella época la corte de justicia española, ante la acusación presentada en Madrid por su hija Rosa María.

Durante el juicio celebrado contra el responsable del accidente, el español Ángel Carromero, de la juventud del Partido Popular enviado personal de Esperanza Aguirre, para entregar cientos de euros a Payá, destinado a la ejecución de actos subversivos contra el gobierno cubano, se demostró fehacientemente su culpabilidad, la cual fue ratificada por el embajador español y el cónsul general, presentes en el acto jurídico.

Lo que persigue esta acción es crear estados de opinión entre quienes desconocen la realidad y sumar apoyo a las condenas a Cuba, política fracasada en medio siglo.

A esta nueva embestida mediática, se suma la resolución presentada en días pasados, por el senador de origen cubano Ted Cruz, junto con sus colegas Marco Rubio, Rick Scott, Dick Durbin y Ben Cardin, con la propuesta de cambiar el nombre de la calle donde se ubica la Embajada de Cuba en Washington y llamarla “Oswaldo Payá Way”, conla pretensión subversiva de acusar al gobierno cubano de “reprimir”, a quienes trabajan para los Estados Unidos por dinero.

Tal petición es reiterativa, porque en marzo del 2017 había sido presentada y no se aprobó, como tampoco lo lograron en julio del 2020.

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