Los límites de la libertad de expresión los determina el sistema político.


Por Arthur González.

No hay dudas, el término libertad de expresión lo establece el sistema político que tenga el país, algo puesto de manifiesto en estos días con la detención y condena a cinco años de cárcel, del rapero catalán Pablo Hasel, acusado de “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la monarquía y a las instituciones del Estado”.

Ante los masivos reclamos populares, quienes defienden el sistema capitalista a ultranza, afirman que Hasel tiene antecedentes penales por otros delitos, algo que el tribunal tomó en cuenta, pero cuando Cuba, Venezuela o Irán enjuician a personas que violan las leyes, bajo el ropaje fabricado de “opositores”, pero financiados por los yanquis, entonces si hay violaciones a los derechos humanos y de inmediato los organismos internacionales les acusan y sancionan.

Hasta la fecha el Parlamento Europeo no se ha reunido para analizar y condenar a España por la detención del rapero catalán, situación bien diferente a la asumida cuando el delincuente cubano José Daniel Ferrer, al servicio de Estados Unidos, secuestró, golpeó y amenazó a varias personas. En ese caso, rápidamente se movilizaron los lacayos de Washington para condenar a Cuba, con una sarta de mentiras para satanizar a la Revolución y sus históricas patrañas.

Para Cuba la mal traída libertad de expresión no tiene límites, cualquier “opositor” puede realizar falsas acusaciones y ofender a altos funcionarios del gobierno, aunque sus actos sean considerados delitos recogidos en el código penal vigente.

Cuando en octubre del 2019 José Daniel Ferrer fue detenido por las acusaciones mencionadas, nadie en Europa o en los Estados Unidos lo calificó de delincuente, como hacen ahora en España con el rapero catalán, a pesar de que son múltiples los delitos comunes que acumula el cubano, sustentado por declaraciones de varios testigos que lo acusan de agresiones y chantajes.

Para los parlamentarios europeos él es una “victima” del régimen comunista, como se refleja en la resolución aprobada 28 de noviembre de 2019, (2019/2929(RSP)), la cual está plagada de falsedades inventadas por los yanquis, entre ellas:

Ser detenido arbitrariamente sin cargos”. “Encarcelado, acosado e intimidado durante más de una década debido a su activismo político pacífico”. “Ser torturado y recibir malos tratos, estando en peligro su vida durante la detención y negársele una debida atención médica”. “Tener un crítico estado de salud y pérdida de peso corporal a consecuencias de su huelga de hambre”.

Ante estas mentiras, la susodicha resolución en demostración de su injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, “solicitó con urgencia a las autoridades cubanas su liberación inmediata; que se le permita acceder a un abogado de su elección, ponerse en contacto con su familia y tener acceso a toda la documentación relacionada con su detención y los motivos en los que esta se basa”.

Además, sin prueba legal alguna, la resolución acusa a Cuba de “tortúralo y darle malos tratos, los que José Daniel Ferrer denunció haber sufrido; les recuerda a las autoridades cubanas que tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, prestarle atención médica, garantizarle alimentos y agua en buenas condiciones de higiene”.

Cuba expuso por la TV grabaciones de José Daniel auto agrediéndose, reunido con sus familiares y la entrega de alimentos por estos durante las visitas, comprobándose su excelente estado de salud y peso corporal, al estar sin camisa, desmontando todas las mentiras.

Este “disidente”, fabricado a la medida de los yanquis, no es un delincuente primario, su expediente de actos violatorios de la ley es amplio y si está en libertad es porque el gobierno cubano no caerá en el juego que pretende hacer Estados Unidos, para una vez detenido victimizar al criminal, algo de lo que Cuba acumula suficientes experiencias.

El tratamiento de España al rapero catalán, no tiene que enfrentarse a las campañas mediáticas, ni a sanciones de organismos internacionales. Contra ese país no existe un Observatorio de los Derechos humanos, como el que radica en Madrid solo para Cuba; el Departamento de Estado yanqui ni se da por enterado del caso y la embajada de Washington no se inmiscuye en los asuntos internos españoles. Guarda silencio, lo mismo que cuando los independentistas catalanes fueron sancionados por delitos comunes, cuando realmente son presos políticos.

Para los que se enfrentan al sistema capitalista y a la monarquía, no existe el derecho a pensar libremente, ni se les tolera una sola acción. Ahí la Iglesia Católica mira hacia otro lado y no es capaz de criticar las violaciones a los derechos humanos.

Ante el encarcelamiento de Hasel, tampoco se escuchan los reclamos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, diputado del Partido Popular y varios eurodiputados como Joseph Borrell y Leopoldo López Gil, quienes son los primeros en condenar a Cuba, Venezuela, y a Rusia por el juicio contra Navalni, el bloguero al servicio de occidente. 

A Hasel lo acusan por afirmar entre otras cosas: “Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo”.

Ferrer, que acusa falsamente al gobierno cubano de ser torturado, acosado y maltratado, es un simple “disidente”, lo mismo que el ruso Navalni, quien alega haber sido víctima de un “envenenamiento”.

La diferencia radica en que José Daniel Ferrer recibe anualmente cerca de 100 mil dólares, asignados por el Departamento de Estado para “el avance de la democracia y los derechos humanos en la Isla”, mientras Pablo Hasel es un artista independiente con dignidad, pero sin recursos monetarios ni Organizaciones No Gubernamentales que respalden sus ideas.

Recordemos a José Martí cuando expresó:

“La dignidad es como la esponja: se le oprime, pero conserva siempre su fuerza de tensión”.