El odio y la impotencia yanqui.


Por Arthur González.

Desde que el gobierno de los Estados Unidos se vio imposibilitado de evitar el triunfo de la Revolución cubana, el 1ro de enero de 1959, como habían declarado en diciembre de 1958 el presidente Eisenhower y el director de la CIA, Allen Dulles, durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el odio se apoderó de ellos y comenzaron su guerra económica para intentar derrocar a Fidel Castro, y volver a imperar en Cuba como hacían desde 1898.

Así comenzaron los planes subversivos contra la economía con la retirada de la cuota azucarera que adquirían en Cuba, la negativa a enviar petróleo y refinar en sus fábricas el importado desde la URSS, la creación de una contrarrevolución interna para el espionaje y ejecutar actos terroristas contra las industrias, los cines y teatros, escuelas, incendios en los campos de la caña de azúcar, introducción de plagas contra la agricultura, enfermedades de todo tipo, unido a una invasión mercenaria y múltiples planes para asesinar a Castro.

La lista de acciones es larga y todas constituyen violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sin que nadie los sancione, a pesar de las pruebas contundentes que lo demuestran.

Los 60 años de fracasos constantes incrementan ese odio enfermizo, ante la impotencia por no obtener los resultados ambicionados. No obstante, persisten en el empeño y continúan acrecentando su declarada guerra económica, comercial, financiera y biológica, como recogen sus documentos oficiales, pero más conocida como Bloqueo.

Desde que arribó Donald Trump a la Casa Blanca, se comprometió con la mafia terrorista cubana de Miami, en acabar con la Revolución socialista, algo que ninguno de sus antecesores pudo lograr. Para eso, arreció el complejo andamiaje de las sanciones económicas, e incluso dio riendas sueltas al Título III de la execrable “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas”, llamada Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 por el presidente Bill Clinton.

También eliminó la directiva presidencial aprobada por Barack Obama, que permitió la entrada a Cuba de cruceros, licencias especiales para visitas académicas, culturales, religiosas y para derechos humanos, que, si bien incrementó la entrada de estadounidenses a la Isla, con la intención de sembrar sus valores e ideas y desmontar el socialismo desde adentro, le posibilitó a Cuba mostrar una realidad desconocida en Estados Unidos, sus logros y los efectos causados en el pueblo, por esa criminal guerra económica.

Durante sus cuatro años de mandato, Trump ha impuesto más sanciones que varios presidentes unidos, con tal de ganar el voto cubano de la Florida y los favores del Senador Marco Rubio, con cierta influencia en el Congreso.

En medio de la carrera por su reelección, Trump acaba de aprobar un nuevo paquete de sanciones descabelladas contra Cuba, que muestran su corta visión política, la prepotencia de un millonario que maneja el gobierno como si fuese un negocio y arrastra a Estados Unidos a un caos, sin sólidas alianzas políticas, alejado de casi todos los organismos internacionales, dando pie a una “Primavera Negra”, por su represión contra negros y latinos, un pésimo manejo de la pandemia del Covid-19, con la mayor cantidad de contagiados y muertos del mundo, y sus recomendaciones desquiciadas de inyectarle cloro a las personas.  

El oído, ciega a quienes lo sufren. Prueba de ello son las nuevas sanciones aprobadas el 23 de septiembre 2020, donde prohíben que “aquellos estadounidenses que viajen a Cuba no podrán comprar ron o tabaco como suvenir, ni podrán hospedarse en hoteles, para que no ayuden a la economía de la Isla”, lo cual declaró en un discurso en la Casa Blanca, en “honor” a los mercenarios derrocados por los milicianos cubanos, durante la fracasada invasión por Bahía de Cochinos, en el centro sur de Cuba.

El Tesoro también eliminó la política de autorización general para la participación u organización de conferencias, seminarios, exhibiciones y eventos deportivos. Los ciudadanos estadounidenses, residentes y compañías sujetas a las leyes estadounidenses deberán solicitar una autorización o licencia específica para estas actividades.

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