Las enseñanzas de la democracia europea.


Por Arthur González

Al conocer las sanciones aplicadas por el Tribunal Supremo español, en el juicio del procés contra doce líderes independentistas catalanes, solo cabe preguntarse: Qué enseñanzas democráticas le brinda Europa a Cuba cuando le exigen: disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto a las minorías”.

A Cuba y a Venezuela la condenan porque, según Estados Unidos, el Parlamento Europeo y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y dirigido por una española, “no cumplen con los requisitos de democracia de cualquier país europeo”.

Sin embargo, las recientes sanciones impuestas a los líderes independentistas catalanes, son una prueba de las violaciones de los derechos a la libre determinación de las minorías, discriminación por razones políticas y el uso excesivo y arbitrario de la fuerza contra ciudadanos que muestran su descontento y desean su independencia.

Pero el silencio cómplice marca la diferencia del tratamiento a este caso, que viola los derechos de quienes votaron libremente a favor de independizarse de España. A estos opositores, los persiguieron, solicitaron su detención a otros estados, e incluso la deportación para ser juzgados y sancionados.

Los delitos aplicados son por sedición y malversación, algo insostenible porque todas sus solicitudes fueron en las urnas, gústele o no a una parte de los españoles, pues lo hicieron acorde a sus leyes.

Sobre aquellos que se encuentran hoy en otros países, el Tribunal Supremo dictará órdenes para que se les deporte hacia España, no reconociéndoseles su condición de disidentes políticos.

Bien diferente es la conducta con la que España asume el tratamiento a los cubanos que, creados y financiados por Estados Unidos, intentan desestabilizar a la Revolución.  A esos les acoge en su embajada en La Habana, les da fácilmente visas para visitar España y hacer campañas contra Cuba, incluso se les denominan “opositores al gobierno”, desconociendo el carácter mercenario y la ausencia de apoyo popular.

Muchos de esos lacayos al servicio de los yanquis han sido acogidos por España, como fue el caso del llamado grupo 75, donde la iglesia católica cubana medió para que salieran de Cuba, pero para el asombro de muchos, al llegar a la península ibérica, se les cambió el calificativo de “disidentes”, con el que se le llamaba mientras estaban en la Isla, por el de revoltosos, algo que siempre han sido siguiendo instrucciones de la misión diplomática estadounidense, con el fin de crear desórdenes públicos y llamar la atención de la prensa extranjera al servicio de ellos.

¿Pedirle a Estados Unidos que mantenga la guerra económica, comercial y financiera contra todo un país, no es acaso un delito de sedición?

¿Declararse partidarios de una invasión del ejército yanqui a Cuba, no es un delito de sedición?

¿Servir por dinero a una potencia extranjera como Estados Unidos, para derrocar al sistema político, económico y social de Cuba, no es sedición?

¿Aceptaría España que Cuba acogiera en su territorio a organizaciones catalanas que exigen su independencia?

¿Y por qué el gobierno español, basado en una supuesta democracia, permite que organizaciones contrarrevolucionarias se radiquen, trabajen, hagan campañas políticas y conspiren contra el estado cubano, como son el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presidido por Elena Larrinaga, organizadora de actividades con elementos de los grupúsculos contrarrevolucionarios residentes en Cuba, y el Movimiento Cristiano de Liberación, entre otras organizaciones anticubanas?

La propia Elena Larrinaga, a nombre de la organización contra Cuba denominada Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2017 envió una carta a la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, donde le sugirió incluir en el Acuerdo con el gobierno de Cuba, aspectos como: “la proscripción de la discriminación por razones políticas; un cronograma de ratificación de los Pactos internacionales de los que La Habana es firmante; la inclusión de la sociedad civil en el diálogo político; un mecanismo alternativo de denuncias ciudadanas y asegurar la libertad para entrar y salir de la Isla”.

Esa posición es una evidente acción política contra otro Estado desde el territorio español y una injerencia en los asuntos internos de Cuba, además de falsar la realidad que viven los cubanos.

Elena Larrinaga sigue instrucciones de Estados Unidos, e incluso dinero para sostener esas acciones anticubanas, visualizarlas entre la sociedad española, con el fin de difamar y tergiversar la realidad de un país que construyen día a día lo que la guerra económica, comercial y financiera intenta destruir.

¿Por qué ante la situación que viven los catalanes no asume la misma conducta?

Ningún gobierno ni partido político español, toleraría que Cuba o Venezuela, aceptaran que una organización catalana independentista hiciera algo similar.

La prensa de Cuba no habla en contra del gobierno de España, ni hace campañas contra las violaciones de derechos humanos, de manifestación, contra los arrestos injustificados que ejecuta la policía sobre españoles que exigen derechos laborales, la independencia de Cataluña, u otros reclamos políticos, económicos y sociales. Tampoco critica el tratamiento a las minorías étnicas y a los inmigrantes africanos.

España es un socio comercial importante para Cuba y sus inversiones económicas representan ganancias para ambos países, por eso se oponen a las sanciones contra sus empresarios, pero políticamente asume posiciones bien diferente, cuando en la península hay mucha tela sucia por donde cortar, como la amplia corrupción que mancha a las más altas posiciones políticas, la represión brutal contra los que exponen públicamente sus reclamos y los cientos de detenciones arbitrarias, cosas de las que en nada pueden darle lecciones de democracia a los cubanos.

Por eso a Cuba no le amedrentan las denuncias basadas en mentiras fabricadas por Estados Unidos, sigue la lucha por mantener su soberanía y resiste con estoicismo múltiples presiones, pues como aseguró José Martí:

“Un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército”.

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