Los Derechos Humanos en los Estados Unidos (II)


Explotación laboral en sus cárceles: una forma nueva de esclavitud en el siglo XXI.

José Luis Méndez.

La situación en las cárceles estadounidenses no es nueva, pero se ha incrementado debido a la férrea oposición por parte de algunos centros penitenciarios de modificar la forma en que los administran, y a insertar modificaciones que disminuyan esa práctica aberrante. presos

El Departamento de Justicia ha dejado en claro que los antiguos métodos no son ni pueden ser suficientes, según expresó la señora Jamie Fellner, asesora del programa penitenciario en Estados Unidos.

Los actuales estándares nacionales para la eliminación de las violaciones sexuales en las prisiones, adoptados el 17 de mayo de 2012 por el Departamento de Justicia, suponen una amplia expectativa para poner fin a esa práctica en las cárceles o al menos disminuirlas, según señaló la organización Human Rights Watch. Al menos en teoría se indica cómo prevenir, detectar y abordar incidentes de abuso sexual en esos centros de detención.


En el 2003 el Congreso estadounidense ordenó aplicara las medidas establecidas en la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (Prison Rape Elimination Act, PREA), pero, próximo a cumplirse el primer decenio de su aprobación, los resultados son pobres, por lo que se propusieron nuevas acciones al Fiscal General.

Dichos objetivos fueron evaluados en el 2009 y la aspiración de alcanzar la llamada “política eficaz de tolerancia cero, frente al abuso sexual”, parece aún lejana.

Particular atención se dispensa al Departamento de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security, DHS), quien tiene a su cargo personas detenidas por razones de inmigración. Este sector parece ser uno de los más vulnerables por su condición de no nacionales.

El Departamento de Seguridad de la Patria ha expresado su oposición a cumplir con la PREA. Según la señora Fellner, el Congreso en ningún momento tuvo la intención de que las personas detenidas por motivos de inmigración recibieran menos protecciones frente al abuso sexual, que quienes se encuentran en cárceles o prisiones estatales.

Es evidente que la retórica está separada de la realidad, de acuerdo con un informe de la Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics, BJS) sobre victimización sexual, el que alertó en mayo de 2012 sobre la necesidad actual y urgente de proteger a los internos frente al abuso sexual.

Según el informe de la BJS, se calcula que 10 La mayoría de las víctimas de abuso sexual por parte de miembros del personal (86 por ciento) y más de la mitad de las víctimas de abusos por otros internos (58 por ciento), afirman haber sido victimizadas en varias oportunidades.

Este exceso ha producido un efecto colateral: el aumento de los spresos 2uicidios en las cárceles por las situaciones límites que provoca la agresión sexual.
Otra estadística revelada durante estos cuatro años de mandato del presidente Barack Obama, es que la población negra constituye el 77 por ciento de todos los jóvenes condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, en 2011, las personas de origen latinoamericano constituyeron la mayoría de los presos federales en Estados Unidos, como consecuencia de la política de su gobierno de enjuiciar a los inmigrantes.
Los jóvenes condenados por delitos sexuales en los tribunales de menores y adultos, también enfrentaron un trato hostil. Julio de 2011 marcó la fecha límite para que todos los estados y otras jurisdicciones cumplieran con la Ley de protección y seguridad de niños.

Esa ley requiere que las jurisdicciones registren a las personas de 14 años en adelante, condenadas por ciertos delitos sexuales, en una base de datos nacionalmente y accesible al público. En algunos casos, esos jóvenes quedarán registrados de por vida.

El Departamento de Justicia aseguró que en 14 estados norteamericanos se logró implementar esa ley.

Uno de esos logros parece inverosímil: este año 2016, los estados de Nevada, Hawái, Idaho y Rhode Island, aprobaron leyes que restringen el encadenamiento de reclusas embarazadas. Esa medida cruel no queda eliminada, sino restringida.

Los menores de ambos sexos y las mujeres son los sectores más vulnerables que nos exhibe esta realidad norteamericana.

A pesar de estas flagrantes violaciones de los derechos humanos, el secretario de Estado, John Kerry, declaró durante su visita a La Habana el 2015 que:

“…Estados Unidos siempre será campeón y paladín de principios democráticos y reformas…”

Allá los que se lo crean.

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